España es un país pionero en el modelo de los clubes cannábicos. El concepto es simple: usuarios de cannabis mayores de edad se reúnen, conforman una asociación civil y comienzan a producir la marihuana que los socios en cuestión retirarán finalizada la cosecha. En el Río de La Plata, Uruguay tomó esa experiencia y la incorporó en la regulación sancionada a finales de 2013.
Pero hasta hace una semana los clubes ibéricos vivían en una situación de dudosa legalidad. En Cataluña, por ejemplo, se incribían como asociaciones, pero los responsables corrían permanentemente el riesgo de ser detenidos. Bastaba que los encontraran cultivando o transportando parte de lo cosechado. Esos peligros parecen haberse terminado al menos en territorio catalán, donde el parlamento sancionó la primera regulación para el cultivo asociado de cannabis en la península ibérica. La nueva norma busca resolver cuestiones legales básicas sobre el cultivo, el transporte y el almacenaje de cannabis.
A partir de ahora, se considerará legal todo club cannábico que se inscriba como asociación civil sin fines de lucro. Los socios deberán ser mayores de edad y sólo podrán sumarse aquellos que sean recomendados por un miembro del colectivo.
Las asociaciones no podrán cultivar más de 150 kilos anuales y cada persona podrá recibir un máximo de 60 gramos por mes con una limitación clave: cada gramo deberá consumirse dentro del local.
Además los clubes tendrán que llevar un registro que la cantidad de cultivos que realizan, quién estará a cargo de transportar el cannabis y quiénes son sus miembros.
Desde los clubes se apoya la regulación porque, con reglas claras, se pondrá freno a la persecución legal y a los potenciales abusos contra parte de la comunidad cannábica. Desde el Estado se busca generar un marco que permita regular a las más de 400 asociaciones ya existentes en Cataluña.