Ayer miércoles 30 de agosto, la policía de Córdoba detuvo al oftalmólogo Carlos Laje y a tres colaboradores suyos acusados del delito de “comercio de estupefacientes”. La decisión judicial tiene que ver con la red de consultorios en los que Laje atendía a personas enfermas y les vendía aceite de cannabis.
Los allanamientos se llevaron a cabo en la capital de la provincia y en la ciudad de Villa Carlos Paz a partir de la orden de Jorgelina Gómez, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de esa localidad.
La red de consultorios promocionados como “Clínicas de cannabis”, funcionan en más de 10 provincias argentinas, donde más de 5 mil personas, según afirma el propio Laje, acuden para ser asesorados en los diversos usos medicinales de cannabis y comprar el aceite de cannabis con el que buscan llevar adelante sus tratamientos.
Si bien ninguna de las fuentes consultadas por THC pudo precisar las variedades que contienen los productos ni la concentración de aceite de cannabis en las preparaciones, confirmaron que podían adquirirse en goteros por 1500 pesos cada uno.
La venta de aceite de cannabis y derivados está prohibido por la ley de drogas, que en el artículo 5 y sus incisos penaliza con penas de 4 a 15 años de prisión a quien “sin autorización o con destino ilegítimo” “produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes”, “comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya”, “entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”.
“Laje está procesado e imputado por los delitos de comercialización de estupefacientes y confabulación, es decir, que se confabularon dos o más personas para cometer la comercialización”, señaló a THC su abogada, Nadia Podsiadlo. Y adelantó: “Ya hicimos las presentaciones correspondientes para los pedidos de libertad y excarcelaciones, basándonos en que no hay peligro de fuga. En teoría mañana debería haber una respuesta a estos pedidos”.
Respecto a la acusación de comercio, Podsiadlo afirmó la defensa no van a negar que Laje vendía aceite: “Nosotros no vamos a negar lo que es, aparte los pacientes mismos lo dicen en el Facebook. Pero los medicamentos también se compran en una farmacia, no sé cuál es el punto de si lo regalan o lo entregan a título oneroso. No creo que sea un obstáculo legal. Y los pacientes que lo pagan pagarían tres veces más por su salud, así que no creo que esto sea un inconveniente”. En cuanto a la estrategia para defender la comercialización del aceite, Podsiadlo explicó que “vamos a solicitar la atipicidad de la figura, porque acá aunque haya comercio no se está lesionando la salud pública, que es el bien jurídico protegido por la ley”.
Argentina, hasta el momento, tiene una de las legislaciones más severas en torno al cannabis. En ese contexto, en marzo de este año se sancionó la primera ley de cannabis medicinal del país. La ley promueve no sólo la investigación del cannabis con fines medicinales, sino que busca crean un registro de usuarios en el marco del Ministerio de Salud que, entre otras cosas, permitiría -reglamentación mediante- que las penas previstas por la ley de drogas no sean aplicadas a usuarios medicinales y familiares por tenencia de cannabis o su cultivo siempre que se encuentren inscriptas como tales.
Sin embargo, ante la falta de accionar oficial, la única vía protocolarizada es la importación de aceite de cannabis a través del ANMAT (La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), en tanto los usuarios y familiares que cultivan para producir su propio aceite se encuentran aún en la ilegalidad. De esta manera, se ven obligadas a enfrentarse a la burocracia estatal para la obtención de un producto que cubre sólo algunas patologías o bien a recurrir al mercado negro donde la falta de regulación y controles de calidad es total.
En julio pasado organizaciones de derechos humanos difundieron un documento en el que exigieron respuestas al Poder Ejecutivo. “La demora en la puesta en vigencia de la reglamentación, favorece también al crecimiento sostenido de un mercado ilegal y oportunista de sustancias desprovistas de control institucional alguno en su calidad, componentes y trazabilidad”, subrayaron y demandaron que se clarifique en qué situación quedarán quienes con fines medicinales cultivan de forma personal, colectiva o solidaria para evitar que sigan siendo criminalizados.
Días atrás, un grupo de diputados firmaron una resolución en la que le reclaman al Poder Ejecutivo que reglamente de forma urgente la ley de cannabis medicinal, votada por unanimidad hace más de 5 meses.
Foto: FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba)