La Ley de Cannabis Medicinal sigue sin reglamentarse y, sin eso, sigue sin ponerse en práctica. Todavía no hay información oficial sobre los avances del proceso, los motivos de la demora y ni fecha concreta en que se concretaría. Por eso organizaciones de derechos humanos difundieron un documento en el que exigen al Ejecutivo que actúe con urgencia.
“La desidia redunda en una afectación, muchas veces irreversible, de los derechos a la salud y bienestar de la población que precisa acceder a la sustancia con fines médico-terapéuticos; entre ellos niños/as con graves patologías y dolencias pasibles de ser tratadas mediante el cannabis”, afirma el documento.
Además remarca que “la demora en la puesta en vigencia de la reglamentación, favorece también al crecimiento sostenido de un mercado ilegal y oportunista de sustancias desprovistas de control institucional alguno en su calidad, componentes y trazabilidad”.
Las organizaciones también alertan sobre lo límites que podrían imponerse para el acceso al cannabis, restringiéndolo solo a los casos de epilepsia refractaria en contradicción con el mismo Estado que “ha reconocido el uso medicinal-terapéutico de la sustancia para diversas dolencias y patologías”. Y, además, instaron a clarificar mediante la reglamentación en qué situación quedarán quienes con fines medicinales cultivan de forma personal, colectiva o solidaria para evitar que sigan siendo criminalizados.
Entre las asociaciones firmantes se encuentran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Intercambios Asociación Civil y Asociación Pensamiento Penal (APP).
“Entendemos que el tiempo que pasa desde la sanción de una ley hasta la reglamentación es el que se usa para convocar a los sectores que saben del tema, que pueden empapar al Ejecutivo de los temas a definir en la reglamentación y no vemos que ello esté pasando”, explicó a THC Valeria Salech, miembro de Mamá Cultiva Argentina.
En ese sentido detalló que “si bien mantuvimos reuniones con instituciones dependientes del Poder Ejecutivo como el ministeriode Salud y el CONICET y la ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), no tuvimos acceso a quiénes están a cargo de la reglamentación de la ley ni conocimiento del texto sobre el cual se está trabajando, lo que nos parece absolutamente grave ya que la ley contempla un consejo consultivo que, justamente, tiene como objetivo poder acercarle al Ejecutivo todas las particularidades que tiene este tema”.
Por otra parte, desde CaMedA (Cannabis Medicinal Argentino) dijeron a THC: “Frente a que todavía no sabemos en qué estado se encuentra la reglamentación, seguimos intentando construir y educar en el conocimiento con universidades, hospitales, el INTA, el CONICET y distintos organismos del estado”.