Si alguien fue perseguido por ser usuario de drogas, tendrá un trabajo. Así es la base del planteo que se hacen quienes están diagramando las reglas de la regulación del cannabis Massachusetts que se sumó al grupo de estados norteamericanos anti prohibicionistas en 2016.
Las leyes de drogas siempre perjudican a las mayorías más pobres y a las minorías excluidas. Consciente de esto, la comisión que está elaborando la letra chica de la regulación estatal se propuso una verdadera reparación histórica: que las personas que más sufrieron la prohibición puedan obtener un trabajo legal en la nueva industria cannábica. Y sería el propio Estado el que aliente a las empresas a contratar personas que fueron presos por tenencia de drogas.
Para pasar del dicho al hecho, el Estado, encargado de dar las licencias para producción y venta, pondría el primer lugar a las empresas que contraten personas de las zonas más pobres y de las comunidades más excluídas. Además, la comisión que elabora la reglamentación dijo que las empresas que contraten a personas con condenas previas por drogas también estarán en la primera fila a la hora de recibir las licencias oficiales.
“En todos estos años hubo enormes disparidades raciales y sociales en la forma en que se aplicó la prohibición de la marihuana”, asegura la abogada Shaleen Title miembro de la Comisión de Control del Cannabis de Massachusetts . “Ahora tenemos el mandato de asegurarnos de que esas comunidades sean identificadas y luego incluidas”.