El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó su primer decreto “antidrogas”. La llamada nueva Política de Drogas Nacional se basa en cuatro puntos: definirse en contra de cualquier tipo de regulación, impulsar tratamientos enfocados en la abstinencia financiando a las “comunidades terapéuticas” controladas por grupos religiosos y borrar la frontera entre usuario y vendedor.
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Para diferenciar un usuario de un vendedor, la policía va a considerar no sólo la cantidad de incautada, sino también «el lugar y las condiciones en que se desarrolló la acción la aprehensión, las circunstancias sociales y personales y la conducta y los antecedentes», lo que aumenta su poder de decisión.
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Hasta el año pasado, el gobierno federal de Brasil financiaba 2900 vacantes en comunidades terapéuticas. Ahora, pasarían a ser 11 mil. Bruno Logan, psicólogo pionero en esa materia, consideró que con el decreto Brasil retrocede 30 años -la reducción de daños comenzó a aplicarse en el sistema de salud brasileño en 1989.
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El decreto de Bolsonaro es también un mensaje al parlamento donde se avanza tibiamente para alcanzar, como mínimo, la despenalización de la tenencia para consumo personal.
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