Además de los enormes costos humanos que genera, la prohibición está ayudando a quebrar la economía de la provincia de Buenos Aires. Eso afirma el trabajo que realizó un equipo de funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.
En diciembre 2005, el territorio bonaerense inició un proceso de “desfederalización” de los delitos contemplados por la ley de drogas. De esa manera, la provincia más poblada del país empezó a tener competencia propia sobre la tenencia para consumo personal, la tenencia simple y el comercio de drogas ilegales a baja escala. El resultado fue catastrófico.
Números al rojo vivo
Según detalla el estudio, el Ministerio de Seguridad informó que en 2019 las fuerzas de seguridad detuvieron a 58.572 personas por infracción a la ley 23.737. El número fue inferior a las personas detenidas por delitos contra la propiedad, un robo por ejemplo.
Los investigadores destacan que esto “ha repercutido en contrataciones de policías, sueldos, combustible de patrulleros, mantenimiento de comisarías y equipamiento para los/as agentes”.
En el plano judicial, desde el año 2005 creció constantemente la cantidad de investigaciones por infracción a la ley de drogas, superando a las que se iniciaron por delitos contra la integridad sexual, hurto, robo con armas y lesiones. Además de contribuir al colapso del Sistema Judicial y generar gastos millonarios, como los que se producen a partir de las pericias toxicológicas.
Otro punto clave es cómo este tipo de políticas afectaron a Sistema Penitenciario provincial. La prohibición contribuyó a empeorar la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles bonaerenses. En diciembre de 2019, había un total de 5mil personas detenidas por infracción a ley de drogas, es decir un 10% de las personas privadas de libertad.
Un 10% de las personas privadas de libertad están en prisión por infracciones a la ley de drogas. Esto implica empeorar aún más la vida en las cárceles y generar gastos inviables: entre 2005 y 2019, el costo penitenciario fue de casi 29 mil millones de pesos.
Esto implica no sólo empeorar la vida en las cárceles, sino que en términos económicos es inviable. El informe muestra que, entre 2005 y 2019, el costo penitenciario ha sido de casi 29 mil millones de pesos.
En sus conclusiones, el trabajo realizado por Mauro Benente, Santiago Ferrando Kozicki y Lucas Pecina remarca que “a las dudas que generan las políticas de persecución penal, se le agrega el interrogante de mantener una política que, además, implica una importantísima porción del presupuesto público”.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, revisar en qué se invierte el dinero público pasó ser un debate central. Todo indica que la modificación de ley de drogas forma parte de lo que tiene que discutirse.
El informe completo puede leerse acá.