El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, informó el miércoles 17 de marzo que envió a la Legislatura el pedido de adhesión de la provincia a la ley nacional 27.350 sobre el “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.
La decisión la tomó luego de los reclamos incansables de organizaciones, legisladores y cultivadores que, pese al avance, advierten que Córdoba es “una provincia prohibicionista”. Así lo afirma la abogada y activista Nadia Podsiadlo.
Ella junto las legisladoras Luciana Echevarría y Soledad García, la agrupación Feministas Cannábicas Córdoba, el médico Federico Racca y el ingeniero agrónomo Diego Bertone presentaron el año pasado un proyecto para que la provincia se sume a la ley nacional de cannabis medicinal.
El gobernador Schiaretti anunció que enviará un proyecto de ley para adherir a la ley nacional de cannabis medicinal, el activismo pedirá la participación de la sociedad civil en su aplicación
Sin embargo, el Ejecutivo provincial presentó un proyecto propio. Tres días antes de que el gobernador Schiaretti hiciera el anuncio, las organizaciones civiles habían vuelto a lanzar la campaña para impulsar la adhesión.
“La diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Estévez, se puso la camiseta y compartió nuestro pedido. Oh, casualidad: con tanto revuelo en las redes, más notas que dimos a medios locales, el gobernador anunció la adhesión”, sugiere la abogada.
Participar en la implementación de la ley
“En el 2020 nos juntamos con la legisladora oficialista Nadia Fernández y todo venía encaminado para la adhesión hasta que de pronto dijeron que no”, relata Podsiadlo.
La abogada entiende que el avance se da por una serie de factores: la presión social, la habitación del Registro Nacional de cultivadores medicinales (REPROCANN), el proyecto industrial anunciado por el Poder Ejecutivo nacional y el proyecto de adhesión provincial que ya se había presentado.
Eso, según evalúan desde algunas organizaciones civiles, habría llevado al gobernador a decidir presentar un proyecto propio para adherir a la ley de cannabis medicinal nacional.
Sin embargo, a las dos propuestas las diferencia una cuestión. “El proyecto del oficialismo no contempla una instancia democrática y el nuestro sí”, asegura Podsiadlo.
La abogada hace referencia a la Comisión permanente que estaba prevista durante el proceso de reglamentación y al aplicarse la ley.
A través de ella iban a tener participación las distintas organizaciones de pacientes, sociales y especialistas en la materia para velar por el cumplimiento de la norma.
De todas maneras, aclara que van a proponer que la comisión se incorpore al proyecto oficial.
Detenciones en aumento
Según explica Podsiadlo, en Córdoba los jueces que deciden el futuro de usuarios, usuarias y cultivadores de cannabis están divididos.
En el foro federal hay una mirada que tiende a respetar los derechos de los usuarios y usuarias, mientras que en el foro provincial la tendencia es profundizar la criminalización.
Eso puede encontrar una explicación en la ley de desfederalización, una norma que permitió que las provincias se ocupen de los delitos menores incluidos en la ley de drogas, la 23.737.
Cuando la justicia y las fuerzas de seguridad provinciales comenzaron a intervenir en la aplicación de la ley de drogas las detenciones a usuarios y cultivadores en Córdoba aumentaron más del 400% en cuatro años
Al igual que la provincia de Buenos Aires, Córdoba tomó ese camino años atrás y la Justicia provincial, de la mano de sus fuerzas de seguridad, recrudeció la persecución a usuarios y cultivadores.
“Una vez que se desfederalizó la provincia, aumentaron las detenciones por narcomenudeo, hasta llegar a ser la cuarta causa de detención en Córdoba”, confirma Podsiadlo.
Se trata de un hecho. En 2012 hubo 341 personas detenidas en la provincia por infracción a la ley de drogas, al año fueron 533 y ya en 2016, los detenidos eran 1791. Un año después, 929 y en 2018 1167.
“En Córdoba no les importa el destino de los cultivos, meten a todos en una misma bolsa”, asegura la abogada y activista.
Y agrega: “De 9.962 presos detenidas en estos años en toda la provincia, hay 1.300 por narcotráfico. Hay más presos por la Justicia provincial que la federal, dado que esta última ya sobreseyó a cinco de ocho imputados por cannabis medicinal”.
El postergado debate por la adhesión a la ley nacional de cannabis medicinal se dará en ese contexto. Será un camino sinuoso en búsqueda de poner límites a la tradición prohibicionista que marca a la provincia a fuego.
Si querés saber en qué situación legal está tu distrito respecto al cannabis medicinal, podés revisarlo acá.