Organizaciones sociales le piden al Ministerio de Salud de la Nación volver a reunirse luego de varios meses sin intercambios entre las agrupaciones y los funcionarios.
Se trata de organizaciones que forman parte del Consejo Consultivo Honorario (CCH) creado en el marco de la ley de cannabis medicinal.
El CCH es clave en el aporte de información y recomendaciones para que el Ministerio lleve adelante mejoras en las políticas públicas de las que es responsable. De ese espacio, además de varias agencias del Estado, también participa la sociedad civil.
El CCH fue clave, entre otras cosas, para lograr la nueva reglamentación de la ley que permitió el cultivo personal y solidario en todo el país.
Por otra parte, se produjo un cambio de autoridades. Dejó su cargo como representante del Ministerio Gastón Morán y se incorporó Natalia Grinblat.
Esta decisión institucional, subrayó la necesidad de las Ongs de volver a reunirse con los referentes del Estado y evaluar el escenario del futuro inmediato para el que se espera que la Cámara de Diputados de la Nación discuta la aprobación de la ley que regularía la industria del cannabis medicinal y sumaría otra vía de acceso a la medicina a las que ya existen.
“Es una ley que necesitamos que salga urgente para que las organizaciones de todo el país salgamos de la zona gris en la que nos encontramos”, explicó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva. “Somos las organizaciones sociales las que sostenemos la demanda de las familias desde antes de que exista el derecho al autocultivo”, detalló.
Para las diversas agrupaciones es vital que se las contemple en la reglamentación de la legislación que regule la industria para garantizar un escenario de diversidad, sin concentraciones, que reconozca las dinámicas de abastecimiento de cannabis que ya existen en los hechos.
Además, más allá de las posibilidades y reconocimientos que implican las nuevas normas en torno al cannabis medicinal, desde las organizaciones aclaran la importancia de seguir ampliando el debate.
“Ninguna regulación puede ser efectiva mientras haya personas presas por cultivar para cualquier uso”, apuntó Roxana Aguirre de la Ong Ciencia Sativa.
“La despenalización para el uso personal debe ser inmediata y en la ley industrial debe ser real el acceso para los pequeños y medianos productores a través de la formación de cooperativas con asistencia técnica y financiera”, profundizó.