El lunes 18 de octubre, alrededor de las seis de la tarde, Iván Malajovich fue demorado por la Policía de Paraná durante dos horas y media.
Había ido a Buenos Aires a participar de la Expo Cannabis y aprovechó el viaje para comprar mercadería para su grow shop.
Pero cuando pasó el Túnel Subfluvial, en el puesto de la caminera, dos efectivos le hicieron señas para que parara. Le pidieron los documentos y, cuando vieron los productos que había en el auto, le informaron que lo iban a inspeccionar.
Una bolsa con el dibujo de una chala les llamó la atención y empezaron las preguntas:
—¿Usted consume marihuana?
—Sí.
—¿Tiene marihuana encima?
—Sí.
Desde mayo, Malajovich está inscripto en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) por un diagnóstico de estrés e insomnio, certificado que lo habilita a circular con hasta 40 gramos de flores secas para consumo medicinal.
Por eso, no dudó en afirmar que llevaba un frasco y se los mostró de forma voluntaria a los efectivos. A partir de ahí, comenzó la incertidumbre.
Según cuenta Malajovich, los policías no sabían qué era el Reprocann así que fueron con el certificado a la oficina del puesto a pedir indicaciones a su superior. El tercer policía se acercó al joven y le dijo que era imposible leer el código QR que tenía el papel.
“Se reía como diciendo ‘Esto es re trucho’’”, le cuenta Malajovich a THC y agrega: “No me trataron mal. Simplemente se notaba que no entendían la situación, que no sabían qué hacer y pensaban que era un documento falso. Entonces, me dijeron que iban a llamar a Toxicología y a personal idóneo”.
Malajovich estaba acompañado de un amigo y en el destacamento policial al que fueron trasladados, veían a los policías entrar y salir de la oficina con el certificado en la mano.
“Falta capacitación en todos los organismos públicos porque es una herramienta nueva”, le asegura a THC Santiago Alfieri, fiscal de turno que atendió el caso de Iván Malajovich.
“En un momento, vinieron dos policías de Toxicología, una chica y un chico. La chica me preguntó quién me había dado el permiso, le expliqué que me había registrado en el Reprocann y que no es una persona la que lo otorga”, cuenta Malajovich.
“Me dijo que el papel no tenía la firma de ningún médico y le expliqué que no funcionaba así. Me preguntó qué médico me lo había autorizado, si era alguien de Paraná, y le expliqué que no, que me lo había prescripto un médico de La Plata que me había hecho una entrevista virtual y que igual tenía validez. Ella me volvió a decir que el QR no funcionaba. Pensaba que estábamos mintiendo”, detalla Malajovich que ya tuvo sus malos encuentros con la ley de drogas.
En el año 2019, la policía de Entre Ríos allanó tanto su casa como soy Growshop “El Esqueje”, en la ciudad de Paraná. El operativo surgió luego de una supuesta denuncia anónima por las charlas de cultivo que Malajovich dio como activista dentro de la Agrupación Paranaense de Autocultivadores de Cannabis (APAC).
Los cuestionamientos continuaron y los efectivos llegaron a decirle al usuario que el Reprocann no tenía validez en Entre Ríos, que la provincia no estaba adherida. Él les tuvo que decir, una vez más, que eso no era así, que se trata de un registro nacional.
Además, ingresó desde su celular al sitio web del Reprocann (porque la app Mi Argentina no funcionaba) y les mostró los datos de su registro. Sin saber qué responder, los policías llamaron al fiscal auxiliar que estaba de turno, Santiago Alfieri.
Lo primero que hizo Alfieri fue consultar al abogado Andrés Bacigalupo, quien trabajó como coordinador del comité de redacción de la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal de Entre Ríos.
“Yo vi los dos mensajes una hora más tarde. Hay que reconocer que el fiscal actuó de buena fe porque tenía una duda razonable con respecto a cómo funcionaba el Reprocann y, como yo demoré en responder, él se interiorizó sobre la normativa por su cuenta e, inmediatamente, dio la orden de que los dejaran circular”, le dice Bacigalupo a THC.
Capacitación y fallas
La situación de Malajovich finalmente se resolvió sin mayores consecuencias. “Puede ser que justo estos policías no querían problemas o que se dieron cuenta que nosotros teníamos información. Nunca nos desesperamos, mostramos todo y dimos la información. Pero en una situación así te podés poner nervioso porque te hacen preguntas para que pises el palito”, cuenta.
Entonces, Malajovich detalla que “después que le habíamos dicho que teníamos la marihuana porque la cultivábamos para consumo personal, nos preguntaron a cuánto se vendía o dónde la habíamos comprado. Son momentos donde tenés que estar atento”.
Sin embargo, su caso pone en evidencia dos situaciones: por un lado, la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad, que desconocen la existencia del Reprocann y las fallas del sistema.
Según Alfieri, el problema mayor radicó en que el lector de QR que tenían los efectivos no reconocía el certificado de Malajovich: “No lo tomaba así que nos tuvimos que poner creativos: el personal de Toxicología buscó otro lector de QR y yo me puse a buscar de dónde surgía el registro”, dice.
“Se reía como diciendo ‘Esto es re trucho’. No trataron mal. Simplemente se notaba que no entendían la situación, que no sabían qué hacer y pensaban que era un documento falso”, le cuenta a THC Iván Malajovich, el usuario de cannabis inscripto en el Reprocann que fue demorado por la policía de Entre Ríos.
El fiscal subrayó en la necesidad de que las autoridades aseguren “una base de datos certera y sólida. Si van a hacer un registro único, debe funcionar operativamente. De lo contrario, el funcionario policial está en una encrucijada porque en caso de no corroborar la información y permitir el tránsito, podría estar habilitando el tráfico de estupefacientes. No tiene que ver con el consumidor ni con un espíritu del Estado de oprimir al consumidor sino con los roles que se deben cumplir”, agrega el fiscal.
De todas formas, Alfieri reconoce que “falta capacitación en todos los organismos públicos porque es una herramienta nueva”. En la misma línea se manifiesta Bacigalupo: “Las áreas de seguridad no siempre están al tanto de la vigencia de estas normativas. Es algo nuevo y, por ejemplo, en Entre Ríos hay poco profesionales del Derecho -ya sea fiscales, abogados o jueces- que se interioricen en el mundo de las drogas”, asegura.
La legislación entrerriana
Por último, Bacigalupo recuerda que el 21 de mayo Entre Ríos aprobó una ley de accesibilidad para el cannabis medicinal de avanzada que, además de incluir reformas en los contenidos universitarios y capacitaciones a la policía, no prevé límites en la cantidad de plantas que puede tener una persona que esté registrada.
Sin embargo, la norma aún no fue reglamentada. “Nos dieron el arma, pero no nos dieron las balas. Seguimos en la misma situación que antes. La formación de las fuerzas en casi todas las provincias estipula un protocolo librado al olfato policial, que está basado en prejuicios y estereotipos”, sostiene el abogado.
En este contexto, Bacigalupo cuenta que “en lugares como Buenos Aires o Santa Fe se han dictado circulares a la policía para que se abstenga de realizar actuaciones a personas que se encuentran inscriptas en el Reprocann, pero eso no sucedió en Entre Ríos”.
“Sin la ley provincial reglamentada, esas circulares al menos ayudarían para que comience un cambio de paradigma en las fuerzas y que empiecen a ver al cultivador de cannabis como alguien a quien el Estado le da una tutela. En situaciones como las de Arial, si esa información circulara, los efectivos hubieran sabido que esa actuación era innecesaria así como haber llamado a la Fiscalía”, profundiza Bacigalupo.
