Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tres Arroyos: la Justicia ordeno devolverle el cannabis a dos usuarios inscriptos en el Reprocann que habían sido requisados

Una vez más las fuerzas de seguridad violaron los derechos de usuarios medicinales inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

El último caso sucedió en la provincia de Buenos Aires, más exactamente en un control vehicular a cargo de la Gendarmería en la Ruta Nacional 3, a la altura de la localidad de Tres Arroyos.

Sin embargo, a pocos días que en una primera instancia se intentaró armar una causa penal con la figura “tenencia para consumo personal”, finalmente la fiscalía número 13, a cargo de Facundo Lembe, concluyó que no hubo delito y ordeno que se devolviera el cannabis secuestrado por la Gendarmería a sus respectivos dueños.

Desde el martes a la noche comenzaron a suceder una serie de hechos que fueron actualizándose de forma dinámica. En ese primer momento, Anuar Peche y Franco Piccoli se trasladaban desde Pinamar hacia la localidad de Bahía Blanca. Pero a la altura de Tres Arroyos, sobre la Ruta Nacional 3, fueron detenidos en un control vehicular efectuado por la Gendarmería.

No solamente que fueron demorados por más de cinco horas por los efectivos, sino que además los efectivos les retuvieron los 22 y 28 gramos que cada uno portaba -el máximo permitido son 40 gramos por cada registro- y les labraron un acta penal por la “tenencia de estupefacientes para consumo personal”, a pesar que ambos cuentan con su habilitación del Reprocann.

En diálogo con THC, Peche, cutivador y periodista, cuenta que cuando los detuvieron sobre la ruta, les informaron a los efectivos de la Gendarmería que portaban cannabis y que estaban inscriptos en el registro creado por el Ministerio de Salud, en el marco de la Ley de Cannabis Medicinal.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad secuestraron los frascos con los cogollos de los usuarios y les revisaron el auto en búsqueda de más elementos para armar la causa. Ante la insistencia de Peche y Piccoli sobre su autorización del Estado para cultivar y transportar cannabis, los gendarmes se comunicaron con el instructor judicial Marcelo Valderrey y la fiscalía bonaerense número 13, ubicada en Tres Arroyos y a cargo de Facundo Lembe.

Entonces, tanto Valderrey como Lembe dispusieron que el cannabis secuestrado quede en manos de la Justicia hasta verificar la veracidad del Reprocann, cosa que sucedería al siguiente día.

Mientras tanto, se abrió un causa contra los dos usuarios por “tenencia simple para consumo personal”, una figura inexistente incluso en la ley de drogas.

A pesar que las propias autoridades del Ministerio de Salud se comunicaron con los funcionarios judiciales, al cierre de este artículo aún no fue devuelto el cannabis secuestrado por Gendarmería.

Al menos, tanto Peche como Piccoli no fueron detenidos y pudieron continuar con su viaje rumbo a Bahía Blanca.

“El garrón es el desconocimiento total de las fuerzas de seguridad y que nos hagan un expediente caratulado de ‘tenencia simple para consumo personal’. Un verdadero mamarracho”, le dice Peche a THC sobre la demora que sucedió durante la noche cuando se dirigía a Bahía Blanca desde Pinamar.

Peche cuenta que los gendarmes “me decían que yo no podía circular con flores, según el instructor judicial Valderrey. Sí podía con aceite. Por eso fue la demora”.

“Nos secuestraron el material y nos decían que no se podía hacer nada, se tiraban la pelota de un lado al otro: de la gendarmería a la fiscalía. Pero esto termina afectando a las personas; usuarios y usuarias con Reprocann habilitado, ¿para qué tenemos un derecho adquirido si después la Justicia lo desconoce?”, se pregunta Peche.

Asunto aclarado

En las últimas horas de hoy, el fiscal Lembe desestimó la causa penal y ordenó que se devolvieran los 60 gramos de cannabis a sus respectivos propietarios que están inscriptos en el Reprocann.

Según el documento al que tuvo acceso THC, la fiscalía asegura que acreditó “la validez y autorización expedida por el Ministerio de Salud de la Nación (…), no surgiendo en consecuencia conducta delictiva alguna, que configure una acción típica penalmente reprochable”.

Entonces, Lembe deja por escrito su resolución y que consiste en la devolución del cannabis secuestrado por la Gendarmería. “Proceder a la restitución de los elementos incautados a aquellas personas”, ordena la fiscalía.

Por último, en un segundo documento adjunto, la fiscalía le indica a los agentes de la fuerza de seguridad federal que intervinieron cómo deben proceder en el futuro ante otros usuarios inscriptos en el Reprocann mediante la verificación de los códigos QR en la aplicación correspondiente del Ministerio de Salud.

El escrito detalla que la Defensora Oficial de Tres Arroyos, Laura Pereyra, emitió un mail donde se explica el paso a paso que deben efectuar los efectivos.

La urgencia de las capacitaciones

El caso de Peche y Piccoli no se trata de un caso aislado. Tal como ha publicado THC en situaciones anteriores, se repite el patrón entre las fuerzas de seguridad de todo el país el desconocimiento de la existencia del Reprocann.

La defensora pública de la provincia de Buenos Aires, Victoria Baca Paunero, asegura que “este tipo de cosas no pueden pasar porque afectan los derechos humanos porque se persigue a quien usa una sustancia para mejorar su salud. Ya lo dijo la Justicia en el caso de Adriana Funaro: el Estado es responsable ante la afectación arbitraria de los derechos humanos de los usuarios de cannabis en favor de la salud”.

Además, Baca Paunero asegura que no solamente es necesaria la formación de las fuerzas de seguridad –que en la provincia de Buenos Aires ya han comenzado-, sino que además “las capacitaciones tienen que incluir necesariamente a los integrantes del Ministerio Público Fiscal bonaerense por el hecho de la reglamentación vigente, sino también para tener en cuenta el fallo que acaba de emitir el Tribunal de Casación Penal que es una guía muy importante para la interpretación de los casos de tenencia de todo tipo de estupefacientes para consumo personal”.

“La provincia debe dejar de gastar recursos en la criminalización de personas que hacen uso personal y responsable de sustancias. Entonces, es imperioso que apliquen los fallos ‘Arriola’ y ‘Vega Giménez, de la Corte Suprema, ‘Funaro’ y el Habeas Corpus de Mar del Plata, de Casación Penal”, cierra la abogada Baca Paunero.