El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, inició una causa contra dos cultivadores de cannabis. Se trata de Manuel Urquiza y Jonathan Romero, dueños del “Coffee & Growshop Joseador”. La policía allanó sus domicilios, destruyó la mayoría de sus plantas y clausuró el local. Además, estuvieron incomunicados por 11 horas.
Los abogados de Manuel y Jonathan, Gonzalo Delzart y Manuel Gay Jair, sostuvieron que el juez Pablo Andrés Seró hizo una incorrecta interpretación de la legislación que regula el uso del cannabis en Entre Ríos.
“El grow, que está por cumplir un año, tiene todas las habilitaciones. Y en el local no encontraron nada. Las plantas estaban en los domicilios de ellos”, dice uno de los abogados de los acusados.
Por un lado, sostienen que el magistrado no consideró que las plantas que se encontraron en los domicilios estaban en estado de vegetación. Por el otro, y más allá de la normativa nacional, sostuvieron que en Entre Ríos hay una ley específica para el uso y cultivo de la planta con fines terapéuticos.
“El artículo 5 de la ley 10894 establece que solo con receta médica podés tener acceso para hacer un uso medicinal del cannabis y también habilita el cultivo solidario”, sostuvo a THC Delzart.
Por ese motivo, la defensa de Manuel y Jonathan ahora irá en dos caminos: los abogados quieren que se resuelva su situación penal, pero también iniciarán una demanda para que sus clientes consigan un resarcimiento económico.
Entre Ríos: persecusión a cultivadores de cannabis
Seró ordenó que los tres allanamientos se realizaran el 27 de octubre de forma simultánea. Delzart acaba de tener autorización para acceder al expediente, donde podrá conocer las razones del inicio de la causa. Sin embargo, según lo que los policías le dijeron a sus clientes, todo comenzó por una denuncia anónima por el supuesto olor a marihuana que salía del growshop.
“El grow, que está por cumplir un año, tiene todas las habilitaciones. Y en el local no encontraron nada. Las plantas estaban en los domicilios de ellos”, agregó Dalzart.
Los efectivos, además, les dijeron a los cultivadores que “hacían apología porque tienen pintado en el grow un dibujo de una cabra con un porro y hojas de chala. Insólito”, sostuvo el abogado.
A pesar de que Manuel y Jonathan fueron liberados el mismo 27 a la noche, la causa en su contra continúa abierta. Se los investiga por infracción a la ley 23.737, según consta en la carátula.
Destrucción de plantas a dos cultivadores de Entre Ríos
En la vivienda de Jonathan, la Policía encontró 206 esquejes en el patio que estaban en período vegetativo, no en floración, y los destruyó. Lo mismo hicieron los efectivos con los 71 injertos que tenía en un indoor. En su habitación había 300 gramos de flores secas que secuestraron y solo dejaron 40 gramos.
“Es una pésima interpretación de la norma, que no pone límites sobre las plantas que no tienen flor y que cuando se refiere a 40 gramos lo hace en relación al transporte, no a cuánto podés tener en tu casa”, aseguró Delzart.
Además, la Policía secuestró dinero en efectivo, semillas, dos balanzas, un celular. Según un escrito que ya fue presentado a la Justicia, el mismo día del allanamiento Jonathan tenía una consulta médica para renovar su Reprocann, que había vencido. Su pareja, en cambio, lo tenía vigente.
De la vivienda de Manuel la Policía secuestró una balanza, una prensa y semillas. Además, destruyeron 17 plantines que el cultivador tenía en estado vegetativo y 3 plantines en flora. Además, los efectivos se llevaron su computadora. “Estamos reclamando que se la devuelvan. El grow lo comenzó como un proyecto, pero su ingreso principal es como programador y necesita el dispositivo para trabajar”, agregó el abogado.
Manuel, a diferencia de su socio, no había tramitado aún el Reprocann. Sin embargo, Delzart insiste en que la legislación provincial lo ampara como cultivador solidario. Además, subraya una y otra vez que la cantidad de plantas en estado de floración está muy por debajo de lo que todas las relgamentaciones autorizan.
Dos cultivadores de Entre Ríos reclaman un resarcimiento económico
Manuel y Jonathan desean que se resuelva su situación penal de forma rápida, pero también pretenden que se les otorgue un resarcimiento económico. En total, perdieron alrededor de 300 plantas y sus ingresos laborales se vieron comprometidos con la clausura del growshop.
Este tipo de demandas es una posibilidad que comienza a escucharse cada vez más entre los abogados cannábicos. Para Delzart el gran desafío será calcular cuál sería el monto que reclamarán: “Al no haber jurisprudencia y al ser todo tan nuevo estamos evaluando la cifra. En el escrito que presentamos tomamos como referencia a lo que denominamos ‘mercado alternativo de semillas’. Cada una cuesta alrededor de 10 dólares y pensamos que el número podría ser un tercio por injerto destruido”, concluyó el abogado.