Semanas atrás la localidad bonaerense de General La Madrid inauguró su propio predio para cultivar cannabis medicinal. En las agitadas aguas del fenómeno vinculado a la planta, puede parecer una noticia más. De hecho, en casos como Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan y Corrientes los estados provinciales encabezan proyectos de este tipo.
Sin embargo, el caso de La Madrid es muy particular. A principios de 2016, sancionó una ordenanza en la que pedía al Estado nacional el derecho al cultivo y la tenencia de cannabis con fines medicinales. En marzo de ese año, el caso llegó a la tapa de Revista thc y se nacionalizó.
“La única forma de no ser arrastrados por la corriente es tomando una decisión”, decíamos en aquella editorial sobre lo que pasaba en una comunidad que se unía en un reclamo que desafiaba la inercia de la lógica impuesta por la prohibición. Los meses que siguieron a esa rebeldía fueron decisivos.
Por entonces, se solidificaron las organizaciones de familias que habían encontrado en el cannabis una contundente respuesta terapéutica. A la par, algunos profesionales de la salud comenzaron a dar su apoyo con sensibilidad y profesionalismo.
El resultado de todo ese trabajo colectivo fue la Ley de Cannabis Medicinal que, a comienzos de 2017, reconoció el derecho a cultivar, tener y transportar cannabis por razones de salud.
“La Madrid tendrá un futuro diferente, y qué llamativo que sea a través de una planta de cannabis de la que también la misma gente seguramente tuvo una mirada negativa”, dijo el médico Marcelo Morante durante el acto de inaguración en el pueblo donde nació y ejerció como médico.
Los logros que conviven con esta compleja realidad no se resumen solo al puñado de derechos garantizados, sino también a lo que los impulsó. En estos años los pequeños actores de la vida civil fundamentaron las grandes transformaciones.
Hoy, luego de un trabajo permanente para mejorar la legislación medicinal y de formar a cientos de médicos en una nueva terapéutica, Morante está al frente del Programa de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Desde allí continúa con su tarea, además de haber sido clave en el desarrollo del Reprocann, el registro que hoy le permite a más de 170 mil personas cultivar y trasladar cannabis en todo el país.
Sin dudas, aún el sistema debe mejorar sustancialmente su capacidad para responder a las miles de solicitudes que recibe y garantizar la gratuidad de la consulta médica a través del sistema público. Por otra parte, la ley penal sigue intacta y criminaliza a diario a usuarios y cultivadores no medicinales.
Los logros que conviven con esta compleja realidad no se resumen solo al puñado de derechos garantizados, sino también a lo que los impulsó. En estos años los pequeños actores de la vida civil fundamentaron las grandes transformaciones.
Desde quien cultiva por pasión, hasta la persona que busca probar por primera vez un aceite para calmar un dolor. Son todas esas personas las que deben estar siempre presentes a la hora de formalizar cada nuevo escenario.
Por supuesto, para que las necesidades se conviertan en derechos se precisan leyes que los garanticen y, para ello, es indispensable el compromiso político de quienes tienen la responsabilidad de cambiarlas.
No faltan propuestas, no faltan razones. Y cada vez más gente está convencida de que es tiempo de seguir avanzando.