A pesar de la legalidad de sus actividades, los growshops siguen enfrentando escenarios adversos para su funcionamiento. Esta vez el caso se dio en el partido bonaerense de Pilar, en donde se clausuran locales, se congelan renovaciones de habilitaciones y se niegan los nuevos pedidos.
Según Andrea Novello, abogada e integrante de Consultora en Cannabis, en varias jurisdicciones y en particular en Pilar los motivos son varios. “Una es que no está la categoría o rubro como Grow, si bien en algunas jurisdicciones se habilita sin problemas como viveros, por venta de fertilizantes, semillas o plantas; algunos pueden tener regalería, merchandising, indumentaria e incluso tabaquería” explica.
La prohibición burocrática
“En Pilar puntualmente no tienen el rubro de grow, entonces dan una habilitación provisoria como vivero o las demás características que pueda tener el local, pero nunca dan la habilitación definitiva”, detalla.
“El titular del comercio que inicia el trámite se encuentra frenado hasta la habilitación provisoria, que pueden llegar a darla, pero nunca la definitiva”, asegura Novello.
Para la especialista, a través de su sistema de habilitaciones y juzgados de faltas, la Municipalidad sostiene que “no podés funcionar por no tener la habilitación definitiva, que no te van a dar nunca”, cuenta la abogada.
Además, desde el municipio argumentan que este tipo de locales no pueden funcionar en la localidad, sin embargo no exponen las razones..
“Lo que en un clausura nunca ponen por escrito es por qué no pueden funcionar los grows en esa jurisdicción. Y es que no tienen normativa que diga eso. Nuestro análisis es que no quieren grows en la zona, y para no decirlo, directamente buscan este camino que es no dar habilitaciones basándose ‘en el Código Contravencional de la Municipalidad’, sin explicar por qué”, detalla Novello.
En ese sentido, Novello asegura que los jueces que declaran la clausura de los grows “no informan los motivos, yendo en contra de una actividad que es totalmente lícita”.
“Ese es el gran problema que están teniendo los grows en Pilar, varios han cerrado y algunos llevaban años renovando su habilitación”, profundiza.
Por otra parte, Novello cuenta que la Justicia local “no informa” el período de tiempo que duran esas habilitaciones temporales, y por eso los propietarios están “en un círculo vicioso”.
Sumado a eso, están los costos y las multas que implica volver a tramitar una habilitación provisoria después de una clausura.
Es que tras la inhabilitación “retienen dentro del propio local la mercadería, por lo que no se puede sacar a menos que levanten la clausura, y para hacerlo hay que dar de baja la habilitación y pagar una multa”, explica Novello.
Un obstáculo en el derecho de acceso al cannabis medicinal
Otra cosa que menciona Novello es que “si los grows o viveros tienen todo en regla, y están categorizados para poder vender semillas y esquejes a personas con el Reprocann activo, no tendría porqué haber un inconvenientes en su funcionamiento”.
La venta de genéticas autorizadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) pueden ser comercializadas legalmente a usuarios medicinales por un local que esté inscripto en ese organismo como “comercio expendedor”.
De hecho, la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.350) es contundente respecto al acceso a la medicina: el Estado está obligado a garantizar que quien la necesite, pueda tenerla.
Por lo tanto, inhabilitar el funcionamiento de comercios expendedores debidamente inscriptos sería atentar contra esa normativa nacional.
Asimismo, “hay perjuicios importantes contra los comerciantes, y derechos que se están violentando: el de ejercer una actividad lícita, el de tener información clara sobre normas municipales que chocan contra normas nacionales, entre otros”, enumera la abogada.
Novello, miembro de la Consultora Cannabis, agrega que este tipo de problemas se multiplica. “Considerando el contexto normativo municipal, en el caso de Pilar, una de las acciones que vemos viable es la interposición de un amparo para obligar a la administración a respetar los derechos y habilitar como corresponde esta actividad, absolutamente lícita. Y que sea el juez que reciba el amparo quien establezca esto a la Municipalidad”, cuenta.
La medida ya está delineada y podría llegar a ser tanto un amparo colectivo como amparos individuales, ya que no todos los comercios están en la misma situación.
En su momento, la Consultora aportó a la resolución de la habilitación de un Grow que había sido clausurado en San Miguel. “Ese fue un caso puntual, si bien la localidad tenía una ‘actitud normativa’, por así llamarla, muy parecida a la que hoy vemos en Pilar”, aclara la abogada. Y aclara que, de escalar el conflicto con más comercios, la Cámara Empresarial de Grows Argentinos podría llegar a involucrarse para garantizar el correcto funcionamiento de los locales.
Novello insiste en la gravedad de la situación. “Lo que los funcionarios municipales olvidan es que hay una norma nacional que permite realmente acceder al cannabis medicinal y es un tema de salud: tienen que articular y garantizar el circuito de acceso al cannabis medicinal. Si eso no se agiliza, la ley cae en desuso; si el paciente no tiene la posibilidad de cultivar su medicina, ¿a dónde va a ir?”.