En septiembre pasado, el gobierno de Javier Milei decidió intervenir la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). El decreto 833/2024 fue publicado en el Boletín Oficial.
La ARICCAME, cuya misión es “la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales” se encuentra prácticamente paralizada desde diciembre pasado.
Esto quiere decir que no se otorgaron nuevas licencias habilitantes para ninguno de los diferentes tipos de actores de la cadena de valor, así como tampoco se entregaron nuevos permisos provisorios bajo los que, por ahora, funcionan seis empresas.
En este contexto, una resolución publicada días atrás por las autoridades de ARICCAME generó preocupación en diversos sectores, dado que podría implicar un freno al desarrollo industrial del cannabis medicinal.
Qué dice la primera resolución de Ariccame en 2024
Ignacio Ferrari, oftalmólogo con una especialización en cannabis por la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la empresa Cannaradix, que ofrece orientación en cannabis medicinal, es el interventor designado por el gobierno.
Días atrás, a partir de una resolución, la intervención de Ferrari planteó una virtual reglamentación desde foja cero. En dicha resolución solo se menciona el cáñamo, para la producción de semilla, grano o fibra y con un porcentaje de THC menor al 1%.
En cuanto al cannabis medicinal (todo cannabis que supere el 1% de THC) la resolución no dice nada al respecto de avances, pero sí de restricciones.
Por un lado, deroga la resolución que permitió el otorgamiento de permisos provisorios de producción. Eso genera dos consecuencias.
Primero, se invalidan todos los trámites iniciados por empresas para recibir esos permisos provisorios.
Segundo, las 6 empresas que actualmente gozan de esos permisos para producir cannabis medicinal, dejarán de tener autorización para trabajar a partir de este diciembre. El destino de estos emprendimientos pasa a ser una incógnita.
Al mismo tiempo, la ley que establece el marco para regular la producción industrial de cannabis medicinal y de cáñamo (27.669), sostiene que este último cultivo no requiere de licencias sino de autorizaciones administrativas.
Sin embargo, la nueva resolución establece la obligatoriedad de licencias que, además, pasarían a ser aranceladas.
Debido a esto y a los cambios que se establecen en el proceso de inscripción, también las empresas que solicitaron las autorizaciones para cultivar cáñamo deberán adecuar sus trámites a este nuevo escenario.
Por último, surge una contradicción legal. La Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos, a partir de entonces si el Estado no responde a una solicitud en un plazo de 90 días se entiende que la respuesta es afirmativa.
Sin embargo, la resolución de ARICCAME plantea lo contrario: si la agencia no responde, la respuesta a la solicitud deberá entenderse como negativa.
Una resolución cuestionada por el sector productivo
“La intervención después de 10 meses de espera no tiene justificación”, asegura a THC Luis Osler, presidente de la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA), espacio que nuclea comercios, empresas de tecnología, importadores y exportadores, hasta criadores y emprendimientos vinculados al turismo.
“Se tendría que haber convocado al Consejo Federal, designar el directorio y ahí empezar a hablar, pero se decidió intervenir”, sostiene Osler, en referencia a las estructuras de funcionamiento propias de la ARICCAME.
“En esta resolución lo único que se hace es habilitar las licencias de cáñamo, que hoy por hoy representan una mínima parte del mercado y de la industria y sobre todo dejan afuera otros usos como el medicinal”, afirma.
Según Osler se relegó por completo el derecho a la salud, dado que tanto el THC como el CBD son imprescindibles para los usuarios medicinales. “Se supone que la reglamentación para producir CBD entrará en una próxima etapa, pero del THC directamente ni se habla”, alerta.
“La medida afecta a todos aquellos autorizados por la ley 27669 en el marco de la Ley 27350 de Cannabis Medicinal”, especifica Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), la cámara que reúne a diversos inversores que buscan apostar a la industria del cannabis.
“A todos esos actores el mandato debería ser otorgarles una licencia”, afirma Fazio.
¿Qué pasa con la aprobación de genéticas de cannabis y el Reprocann?
La resolución de la ARICCAME se da en un contexto donde todas las herramientas regulatorias del cannabis no manifiestan dinamismo.
El registro de semillas, a cargo del Instituto Nacional de Semillas (INASE), ingresó en una suerte de laberinto burocrático en el que el INASE y el Ministerio de Salud de la Nación debaten sus modos de intervención y competencia.
De hecho, el propio Ministerio rechazó semanas atrás el requerimiento de aprobación de un banco de semillas, argumentando que no es de su competencia. Sin embargo, el INASE sostiene que es menester que todos los fitomejoradores que quieran registrar una genética tramiten una autorización en Salud.
“Parece meramente administrativo pero afecta por ejemplo la provisión de semillas”, apunta Osler. “Puede ser que no sea especialmente grave en un cultivo doméstico, pero ¿qué va a suceder con las ONGs, las asociaciones y los cultivos solidarios donde se provee medicina a las personas?”, se pregunta.
Osler agrega que es una situación especialmente grave para las personas que “hicieron los registros, pagaron aranceles y comenzaron a producir semillas legales”.
“Si se realizan modificaciones a las reglamentaciones que no contemplen la regulación eso podría empujar el ingreso de semillas de contrabando”, alerta.
En cuanto al Reprocann, el registro que habilita el cultivo de cannabis personal, solidario y de ONGs, las autoridades sanitarias establecieron una auditoría que, en los hechos, ralentizó y detuvo la aprobación de nuevos trámites, e incluso podría generar restricciones a los profesionales de la Salud para prescribir cannabis.
Un hecho no menor es que es justamente el Reprocann la única herramienta para acceder al cannabis medicinal en tanto haya una alternativa industrial, algo que a partir de la última resolución de ARICCAME no parecería estar en agenda.
Este escenario comenzó a generar respuesta a nivel federal, de hecho, la provincia de Chubut sancionó por unanimidad la ley que crea su propia Agencia de Cannabis y su propio Reprocann. Por su parte, la ciudad de Buenos Aires intenta algo similar a partir de un proyecto multipartidario en su legislatura local.
Trámites en ARICCAME: ¿Qué pasa ante la falta de respuesta oficial y cómo seguir?
“En el mega DNU 70/2023 se crea lo que se llama el silencio positivo de la administración, que quiere decir que si la administración no contesta se puede seguir avanzando, pero curiosamente en este ámbito, lo pusieron como una excepción y el silencio es negativo, es decir, si no hay respuesta no podes avanzar”, explica Osler.
¿Hay alternativas para discutir esta situación? Si lo que se busca es el desarrollo de la industria local, ambas cámaros coinciden: es necesario una salida racional y urgente, que contemple las necesidades reales.
“Suponiendo que esa situación puede ser judicializada y se puede obtener una medida de amparo, hay un tema de fondo y tiene que ver en qué condiciones continúan esas empresas”, suma Fazio.
“Porque si vos tenés una agencia que no plantea un escenario claro para la industria, y le sumas que los permisos provisorios eran precarios, ahora directamente pasás a depender de una orden judicial”, detalla.
Fazio plantea, de mínima, 4 medidas que idealmente deberían tomarse en conjunto:
- Que la ARICCAME homologue los más de 50 proyectos que ya había autorizado el Ministerio de Salud y les brinde una licencia
- Que se agilicen los trámites que los laboratorios iniciaron en ANMAT para proveer al sistema de farmacias y centros de salud
- Que se incorporen las flores (inflorescencias) de cannabis en la farmacopea y se puedan dispensar legalmente en farmacias
- Que se active el esquema de licencias para que el resto de los actores pueda poner en marcha sus proyectos.
Osler coincide especialmente con este último punto: “Es preciso activar el sector de cannabis a través de la entrega de licencias del decreto”, sostiene.
“Además la ARICCAME debe encomendar a los organismos y ministerios intervinientes para que aceleren los procesos suspendidos o detenidos: habilitación de criaderos nuevos, registros de genéticas detenidos, autorizaciones de Reprocann para empezar”.
Fazio también acuerda con la necesidad de tomar medidas lo antes posible. “Ante todo, la ARICCAME tendría que convocar de manera urgente al sector privado y construir una agenda de trabajo que lleve tranquilidad y certidumbre”.
“Los proyecto van al default”, explica, “se van a quedar sin fuentes de financiamiento, van cesar sus actividades y despedir gente”.
Y asegura: “la situación en la que están sumiendo a la industria es muy grave y es completamente innecesario”.