En medio de un contexto nacional incierto, Mendoza se abre camino con un proyecto de ley que busca impulsar una registro propio de usuarios medicinales y una industria provincial. Todo con apoyo directo del gobernador, Alberto Cornejo.
Mientras a nivel nacional el Reprocann se encuentra en una suerte de “pausa administrativa” forzada por una resolución que impuso nuevos requisitos a los médicos que está generando la judicialización de las inscripciones y la Agencia Nacional (ARICCAME) se encuentra intervenida, Mendoza marca su propio ritmo.
El nuevo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo provincial lleva nada más y nada menos que la firma del gobernador Alfredo Cornejo y de Natalio Mema Rodríguez, titular del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.
El proyecto, que recogió aportes clave de la sociedad civil, busca crear un registro que garantice derechos a usuarios y fomente el desarrollo productivo, generando a su vez un marco legal para asociaciones y clubes de cultivo.
En sintonía con la reciente ley Salomé, promulgada en Chubut para la creación de un Reprocann provincial y la creación de una Agencia para impulsar la producción local, la propuesta mendocina se enmarca en una tendencia: la federalización del cannabis medicinal tanto a nivel cultivo personal como industrial.
Un proyecto integral
“La esencia de este proyecto está en refrendar leyes como la 27.350 y la 27.669, pero desde las autonomías provinciales. Es un paso hacia adelante para las personas y para la economía”, explica Federico Sinagra, miembro de la Federación de Clubes Cannábicos de Argentina (FECCA)
En un proyecto con la mirada puesta en la producción, el ejecutivo sumó la necesidad de garantizar la ampliación de derechos a personas usuarias y organizaciones.
En ese sentido, el proyecto contempla la habilitación de un registro provincial para el acceso para usuarios del cannabis medicinal y por otro lado establece el abastecimiento de inflorescencias de las asociaciones civiles, ONG etc.
Según Sinagra, estos espacios son esenciales porque son quienes actualmente abastecen a los usuarios.
“El Artículo 6, por ejemplo, establece la creación de un registro para usuarios, asociaciones civiles y clubes de cultivo, reconociéndolos como unidades de dispensación de cannabis”, destaca.
“Hoy, estos espacios son los únicos que abastecen a las personas, y el proyecto les da un marco legal para seguir operando. Es una medida que reconoce lo que ya existe”, explica Sinagra quien asegura que el aporte de la sociedad civil fue clave en el desarrollo del proyecto.
La pata productiva
Aunque la propuesta ya está en la Legislatura, su aprobación podría tomar tiempo. Se espera que entre en vigencia a mediados de 2025 o principios de 2026, tras pasar por diversas comisiones. Sin embargo, las implicancias serían inmediatas.
“Lo primero que garantiza es el acceso a la salud a muchas personas que hoy no lo tienen. Además, da un marco a productores y emprendedores que quedaron sin licencias otorgadas por la ARICCAME o sin respuestas del INASE“, apunta Sinagra.
La ley también abre las puertas para que productores de otras provincias puedan establecer sus empresas en territorio mendocino, lo que promete generar un flujo económico importante. “Es una invitación a que venga inversión y se fomente el desarrollo de la provincia”, dice Sinagra
“Hay un interés marcado en diversificar la economía regional, especialmente entre los productores vitivinícolas, quienes ven en el cannabis una oportunidad frente al declive de las pequeñas producciones”, explica.
El contexto económico provincial, donde muchas fincas son vendidas para proyectos inmobiliarios, le da urgencia a esta iniciativa.
“Quieren evitar que la producción local desaparezca. Fomentar el cannabis no solo es una alternativa viable, sino una manera de revitalizar la economía”, afirma Sinagra.