La Cámara Argentina de Cannabis (CAINCCA) presentó una medida cautelar contra la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) con el objetivo de que se levante el bloqueo que mantiene paralizado al sector.
El contexto es tan complejo como inquietante. El problema de fondo es que están en riesgo cientos de puestos de trabajo, la posibilidad de que actividades legales pasen a ser ilegales y de que miles de personas no tengan acceso legal al cannabis medicinal.
En concreto, mientras que la ARICCAME, intervenida desde principios de 2024, suspendió el proceso regulatorio vinculado a la producción legal del cannabis medicinal, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) bloqueó el sistema que permite la actualización de permisos ligados a la producción y venta de semillas. Permisos que vencen el próximo 31 de marzo.
El bloqueo del INASE
Para entender la gravedad del escenario, del INASE dependen las autorizaciones para garantizar todo el proceso vinculado a asegurar semillas nacionales legales: su desarrollo, su producción, su distribución y su venta.
El problema de fondo es que están en riesgo cientos de puestos de trabajo, la posibilidad de que actividades legales pasen a ser ilegales y de que miles de personas no tengan acceso legal al cannabis medicinal.
Lejos de ser un tema solo administrativo, el trabajo de INASE está en la base misma que garantiza el derecho al cultivo, consagrado en la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.350).
Los permisos de INASE se dividen en estas seis categorías:
- A – CRIADERO. Es aquel dedicado al fitomejoramiento, búsqueda e inscripción de nuevas variedades. Puede comercializar su producción de semilla.
- B – INTRODUCTOR. Es aquel que ingresa al país germoplasma extranjero con fines comerciales. Multiplica los materiales y puede comercializar semillas.
- E – IDENTIFICADOR. Es aquel que produce y comercializa semilla de clase identificada, de variedades creadas por un criadero (A). Es responsable del contenido del envase frente al usuario por reclamos de calidad e identidad. Puede comercializar su producción de semilla.
- F – COMERCIANTE EXPENDEDOR. Es aquel que comercializa semilla producida por terceros. No está autorizado a multiplicar semilla ni a rotular.
- H – PRODUCTOR BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. Es aquel que multiplica semilla utilizando procesos de laboratorio o aplicando técnicas especiales que aseguren la sanidad del material o aceleren su germinación. Pueden comercializar su producción.
- K – VIVERO IDENTIFICADOR. Produce material de propagación agámica (esqueje) o plantines de variedades de un criadero. Puede producir y rotular su producción. Incluye también a aquel que únicamente comercialice variedades de terceros en forma de plantín o esqueje.
Al día de hoy, y ante el inminente vencimiento de los permisos, quienes buscan renovarlos se encuentran ante el bloqueo del sistema, al consultar por mail reciben la siguiente respuesta:
Por medio del presente, informo que se bloqueó el acceso al sistema de gestión de los operadores que operan con la especie Cannabis sativa L.. Las empresas en cuestión siguen vigentes hasta el 31/03/2025 con 60 días de prórroga, tiempo en el cual pueden seguir operando.
Para poder desbloquear el usuario y que puedan realizar la renovación anual, a los sujetos que operen con Cáñamo industrial (<1%) sugerimos verificar el cumplimiento de la Res. 1/24 de la ARICCAME.
En cuanto a los sujetos que operan con Cannabis Medicinal (>1% THC), informamos que estamos trabajando para poder brindarles una respuesta en el menor tiempo posible. Resaltamos que no se ha impedido la actividad de la empresa, sino que suspendimos la opción de renovación 2025/2026 hasta aclarar debidamente la aplicación de la Ley 27669.
Una regulación frenada
Como se ve, el problema no es solo el bloqueo del INASE a la renovación de permisos que fueron otorgados en el marco de la ley. La ARICCAME es el otro actor en juego.
La ARICCAME fue creada a comienzos de 2022. Fue a partir de la ley 27.669 conocida como Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo.
Desde entonces, la ARICCAME tiene como función desarrollar e implementar la regulación de todas las actividades relacionadas al cannabis medicinal y al cáñamo industrial.
Una función central de la Agencia tiene que ver con la entrega de licencias que habiliten legalmente las actividades ligadas a la planta con fines medicinales.
Se trata de algo extremadamente sensible dado que, más allá de lo que garantiza la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, toda tenencia y cultivo de cannabis, sin la debida autorización, sigue prohibida y castigada por la ley penal.
Sin embargo, desde su creación la ARICCAME emitió menos de 10 permisos provisorios. Es decir, ni siquiera licencias. Para complejizar la situación, al inicio de la actual gestión la Agencia fue intervenida a partir de un DNU.
El decreto de 2024 asegura que “resulta un objetivo fundamental proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unificar procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada”.
Según las autoridades, ese “rediseño” tenía como objetivo reorganizar la agencia durante un plazo de un año, que podría extenderse hasta septiembre de 2025 de ser necesario. Fue entonces cuando el gobierno designó a Ignacio Ferrari al frente de la intervención.
Todo daba a entender que era posible que se dinamizara la Agencia en pos de acompañar un sector económico que requiere de seguridad jurídica.
La pujante industria del cannabis se enfrenta así a un escenario crítico. Sin ninguna herramienta administrativa que garantice su derecho a trabajar, consagrado en la legislación vigente, a los emprendimientos nacionales le quedan dos caminos: cerrar o enfrentarse al riesgo de una causa penal.
Pero en la única resolución administrativa de su intervención, Ferrari planteó una virtual reglamentación desde foja cero. En dicha resolución sólo se menciona el cáñamo, para la producción de semilla, grano o fibra y con un porcentaje de THC menor al 1%. Es decir, el cannabis medicinal quedó fuera del plan.
Eso puso en riesgo de disolución a todos los proyectos con permisos provisorios vencidos y a todos aquellos que se presentaron a fin de obtener, como mínimo, una autorización transitoria para poder operar sin riesgos penales.
La pujante industria del cannabis se enfrenta así a un escenario crítico. Sin ninguna herramienta administrativa que garantice su derecho a trabajar, consagrado en la legislación vigente, a los emprendimientos nacionales le quedan dos caminos: cerrar o enfrentarse al riesgo de una causa penal.
Un pedido de justicia
En ese contexto, CAINCCA decidió presentar la medida cautelar contra la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
«No estamos hablando sólo de una industria: es el derecho a producir, cuidar la salud de cada usuario y avanzar en nuestras capacidades industriales», aseguran desde la Cámara, subrayando la importancia de contar con un marco normativo claro y seguro.
Esta acción busca evitar que se mantenga la interrupción del registro de nuevas genéticas y la producción de criaderos, mantener abiertas las exportaciones y evitar la pérdida de mercados internacionales además de garantizar el abastecimiento de cannabis medicinal a las personas que lo necesitan.
«La importancia de lograr la cautelar radica en varios motivos”, explica Luis Osler, presidente de CAINCCA, a THC.
“Por un lado, el más evidente es no detener una industria que ya se encuentra en marcha y que ha invertido muchísimo para poder funcionar. Pero más grave aún resulta ser que el bloqueo del INASE al cannabis convierte de un plumazo en delincuentes a todos los criaderos y fitomejoradores que cumplieron al pie de la letra con los requisitos del INASE para lograr genéticas legales”, asegura.
“Desde la asunción del nuevo gobierno, se ha limitado el desarrollo y trabajo con cáñamo, retrasando la aprobación de nuevos germoplasmas”, asegura la ingeniera Ruth Noriega
“Hasta el momento, no se ha emitido una normativa específica, lo que hace que la decisión sea aún más cuestionable”, remarca la ingeniera agrónoma Ruth Noriega consultada por THC.
“Desde INASE se informó que, para seguir operando, los usuarios deben solicitar licencias agrícolas o industriales ante ARICCAME, las cuales solo aplican al cáñamo (<1% THC) y no al cannabis (>1% THC)”, confirma.
“Desde la asunción del nuevo gobierno, se ha limitado el desarrollo y trabajo con cañamo, impidiendo la inscripción y ampliación de nuevas categorías y retrasando la aprobación de nuevos germoplasmas”, asegura la ingeniera.
Por su parte, Nicolás Rodríguez, Asociado en el banco 1439-Criadores de Cannabis y Socio Fundador de Consultora Möebius asegura que el INASE “por su condición de autoridad de aplicación de la de la ley nacional de semillas (20.247) y en los mismos términos que los hizo en los años anteriores, tiene todas las competencias necesarias para garantizarle a los operadores de las variedades de cáñamo y cannabis realizar la renovación de sus permisos”.
Es decir, no existen impedimentos legales para que el INASE continúe su trabajo tal cula venía realizándose. “No cambió el bloque normativo, no cambiaron las leyes, los decretos reglamentarios ni las propias resoluciones del organismo”, destaca Rodríguez.
Según analiza Rodríguez “lo único que parece es que existe una decisión política de soslayar las atribuciones del INASE” y, a su vez, excusarse trasladando la responsabilidad a la ARICCAME que, a su vez, mantiene frenada la regulación.
“Las normas que regulen el cannabis en Argentina en sus respectivas reglamentaciones indican taxativamente que el INASE es el responsable de regular las condiciones de producción, difusión, manejo de los órganos de propagación”, profundiza Rodríguez dejando en claro que el INASE está incumpliendo abiertamente con la ley.
“Hay un accionar que es infundado, arbitrario y que viola la ley de procedimiento administrativo, los derechos y garantías constitucionales y que incluso contraviene el propio accionar del organismo que sigue publicando variedades o notificando expedientes a pesar de del bloqueo de los usuarios”, agrega el especialista.
Por supuesto, esta situación genera prejuicios inmediatos, el primer y más importante: dejar sin permiso a las personas que trabajan legalmente con semillas implica exponerlas de manera directa a la ley penal que castiga hasta con 15 años de prisión actividades como el cultivo de cannabis.
“Es un estado de incertidumbre para las cientos de personas que cubren toda la cadena de valor de las genéticas de cannabis”, suma Juan Palomino, fundador del estudio jurídico 420 y abogado de la Federación de Clubes Cannábicos de Argentina (FECCA).
De hecho, muchos obtentores o fitomejoradores están desarrollando genéticas con más de un 1% de THC. Limitarlos a trabajar con variedades con menos de ese porcentaje es llevarlos a un escenario que nada tiene que ver con su inversión y experiencia.
Según estimaciones, hay alrededor de 200 carpetas presentadas ante el INASE para la aprobación de genéticas. Todos trámites detenidos.
“Podríamos tener muchísimas más genéticas aprobadas, incluso esto nos afecta en el posicionamiento internacional, ya Argentina provee a gran parte del hemisferio sur con genéticas de calidad y con trazabilidad para diferentes cultivos”, apunta Palomino.
“La parálisis del INASE impide la continuidad de la operación de los criaderos y el registro y la trazabilidad de las genéticas, bloqueando así el desarrollo de cultivos legales y controlados”, explica Pablo Fazio, responsable de Dispensario y Pampa Hemp.
“Mientras tanto, el mercado sigue funcionando por canales informales: hoy la Argentina está inundada de semillas que ingresan por contrabando y se comercializan abiertamente en redes sociales, sin ningún control ni trazabilidad”, afirma el fundador de Argencann, la primera cámara argentina de empresas vinculadas al cannabis.
En ese sentido, Argentina estaría perdiendo oportunidades. Por un lado, tener un mercado interno de semillas de calidad y, al mismo tiempo, posicionarse como un país referente a nivel mundial en genéticas de cannabis.
Un problema de la industria y de las personas
Todo lo que está ocurriendo a nivel administrativo no solo afecta a quienes desarrollan una actividad productiva ligada al cannabis. Aunque parezca algo técnico y lejano, afecta de manera directa a las personas usuarias.
A quienes cultivan cannabis medicinal o a quienes reciben cannabis del cultivo de Ongs, las afecta porque restringe la oferta de genéticas legales y seguras: potestad del INASE. A quienes no lo hacen y prefieren un acceso a través de la compra, por el parate de la regulación de los emprendimientos productivos: responsabilidad directa de ARICCAME.
En cuanto a la situación del INASE, de no renovarse los permisos y plasmarse eso en una resolución oficial, las consecuencias económicas podrían ser brutales.
“El Estado podría atentar contra infinidad de derechos, por ejemplo, el derecho a poder ejercer una industria lícita”, subraya Palomino.
“Estas decisiones afectan enormemente no solo a la industria, sino también a los usuarios que hoy se van a ver nuevamente obligados a tener que acceder a las genéticas a través de un mercado informal”, puntualiza Palomino.
“Lo que existe es una retracción de la condición de ciudadanía y es imposible pensarse como usuario con una ley penal y un estado que incumple la norma que te protege”, analiza Nicolás Rodríguez.
Y sostiene: “Si algún usuario o usuaria cree que estos son problemas de la industria y que no los afecta se equivocan porque antes o después van a haber vulnerado sus derechos y sobre todo en conflicto con la ley penal”.
“En el plano legal, la parálisis de los organismos responsables profundiza la inseguridad jurídica. Los productores y usuarios quedan expuestos a sanciones penales por operar sin las habilitaciones que el propio Estado no otorga”, agrega Fazio.
“Esto es inaceptable en un Estado de Derecho. La respuesta frente a eventuales excesos de algunos actores no puede ser el bloqueo total del sistema. El Estado debe fiscalizar, controlar y sancionar a los infractores, pero garantizando el desarrollo de quienes actúan dentro de la legalidad”, sostiene.
“Desde el punto de vista de la política sanitaria, resulta inadmisible que el propio Estado obstaculice el acceso a productos legales, seguros y de calidad, forzando a la población —y en particular a los pacientes— a recurrir a una oferta informal, sin controles ni garantías”, concluye Fazio.
“Esta posición del Estado arroja a los usuarios medicinales al mercado ilegal, privándolos de genéticas registradas y su consecuente trazabilidad, lo cual es un despropósito”, asegura por su parte Olser.
“INASE está a tiempo de revertir esta situación; de lo contrario, la industria no se va a quedar quieta y se va a judicializar el tema en todo el país», afirma Osler.
No se trata de la primera acción judicial iniciado por CAINCCA: en noviembre pasado se presentó un recurso de amparo ante la decisión de la ARICCAME de no reglamentar ni otorgar licencias para CBD y THC.
La ilegalidad como horizonte
«Estamos atravesando el momento más difícil del cannabis medicinal, incluso más duro que antes de que existiera la ley, porque en aquel momento había certezas: era todo ilegal”, afirma Laura Fechino, abogada integrante de CC Consultora en Cannabis.
“Hoy hay incertidumbre y desconcierto, incluso entre los propios organismos”, expone.
A entender de Fechino la resolución restrictiva de la ARICCAME es completamente arbitraria, no sólo por no respectar el espíritu de la ley, sino por ni siquiera adecuarse a los principios que habrían motivado la intervención de la Agencia.
«Estamos atravesando el momento más difícil del cannabis medicinal, incluso más duro que antes de que existiera la ley, porque en aquel momento había certezas: era todo ilegal”, afirma Laura Fechino, abogada de CC Consultora en Cannabis.
“El propio Ejecutivo, con firma del presidente Milei, le ordenó en el decreto 833/24 otorgar las licencias previstas en la Ley Industrial 27.669 sin ninguna limitación o restricción”, recuerda Fechino.
“Por eso, plantear de cero una regulación por etapas es contraria a la ley y a la manda presidencial, lo que nos llevó a pedirle a la Justicia que ordene a ARICCAME a reglamentar y otorgar todas las licencias”, explica.
“Como medida cautelar, solicitamos a la Justicia que decrete una medida de no innovar porque, aún sin ARICCAME, la industria está en marcha, por lo tanto, deben respetarse los derechos adquiridos hasta que la sentencia respecto del otorgamiento de licencias quede firme», detalla la abogada.
“Me consta que ARICCAME ha elevado al INASE hace casi dos meses un proyecto de resolución conjunta para normalizar la situación de los criaderos y garantizar la continuidad en la inscripción de genéticas tanto de cáñamo —en el marco de la Resolución 2/2023— como de cannabis medicinal bajo la Ley 27.350”, suma Pablo Fazio.
“Resulta llamativo que, frente a la inminencia del vencimiento de numerosas autorizaciones, el INASE no se comprometa con una solución, siendo que ambas reparticiones dependen del mismo Ministerio de Economía”, subraya Fazio.
Y asegura: “Esta situación apunta a un actor: el presidente del INASE, Claudio Dunan, de quien depende la decisión política y administrativa para resolver este bloqueo que paraliza al sector”.
“Sería prudente por parte del INASE asumir sus atribuciones, resolver la arbitrariedad que implica bloquear usuarios sin fundamento sin fundamentos jurídicos, sin acto administrativo y colocando a todos en un estado de incumplimiento, incertidumbre e indefensión”, suma Rodríguez.
En diversas oportunidades, THC intentó recibir respuestas de las autoridades del INASE que ha optado por mantenerse sin una línea de comunicación oficial.
Criaderos al límite
Fechino también alertó sobre el impacto en los criaderos, es decir, las personas que se dedican al desarrollo de nuevas variedades para el mercado legal.
«Hoy estamos en el límite, porque está en riesgo la libertad de los actores de la industria: de los cultivadores, de las ONGs y, por ende, del cannabis medicinal”, advierte Fechino.
“El INASE decidió bloquear a todos los operadores impidiendo la renovación de sus permisos. Ante la pregunta de los usuarios, INASE contesta vía mail -sin ningún valor legal- que queda prorrogada la inscripción hasta mayo”, profundiza.
Por otra parte, la prórroga puede terminarse mañana mismo, porque estrictamente hablando, el 31 de marzo todo operador, en cualquiera de las categorías, está fuera del sistema: puede ser desde un criadero con cientos de plantas hasta un grow que vende semillas registradas.
“Hasta hoy, la policía ingresaba a un criadero y, ante la defensa de los dueños, la fiscalía preguntaba a INASE si el criadero estaba inscripto o no, y de eso dependía la detención o la libertad. ¿Qué va a decir INASE el 1 de abril?”, se pregunta Fechino.
“Esta situación de incertidumbre debe cesar”, exige por su parte CAINCCA, luego de dar el primer paso en la arena judicial. “Por eso recomendamos hacer amparos individuales para protegerse de toda esta esquizofrenia administrativa».
Para Fazio el camino es claro: jerarquizar el rol de ARICCAME, reactivar de inmediato los mecanismos administrativos vigentes, y avanzar en una hoja de ruta consensuada con provincias, sector privado, academia y organizaciones de usuarios.
“Es fundamental entender que los proyectos productivos sólo pueden desarrollarse dentro del marco de la ley si cuentan con genéticas registradas y legalmente habilitadas; sin este acceso, cualquier intento de avanzar en la cadena de valor queda condenado a la informalidad o la parálisis”, sostiene.
“Tenemos que un proceso que es árido, que es el de armonización de dos leyes que regulan el cannabis en nuestro país”, analiza Rodríguez.
Para el consultor es indispensable definir los ámbitos de competencia y las atribuciones tanto del INASE como de ARICCAME. De lo contrario, todo el proceso regulatorio está condenado a la incertidumbre y a la inseguridad jurídica.
“Esto conspira contra un desarrollo ordenado, y digo ordenado porque desarrollo va a haber igual: va a ser o por vía litigiosa o con normativas provinciales”, asegura Rodríguez.