En Santiago del Estero se produjo un fallo judicial que marca un precedente jurídico para Argentina: un detenido logró que la Justicia hiciera lugar a su pedido de continuar su tratamiento de cannabis medicinal mientras se encuentra privado de su libertad con prisión domiciliaria.
En un largo proceso, la Justicia reconoció el derecho de un usuarios medicinal – a quien nos referimos solo por su apellido: Ramos – a hacer uso de cannabis durante su detención.
Ramos, que enfrenta una causa por tenencia para comercialización, padece una gonalgia crónica – lo que genera un intenso dolor en su rodilla- producto de un accidente en moto, lo que a su vez deriva en insomnio y ansiedad.
Para tratar su condición de salud, y previo al hecho que se le imputa, Ramos accedió al cannabis medicinal a través del Reprocann, trámite que realizó acorde a la ley: presentando su caso y acompañado de una profesional de la salud.
Al ser detenido y privado de su libertad, Ramos se enfrentó a la necesidad de poder continuar con su tratamiento. Sin embargo, tuvo que vérselas con una de las peores situaciones que pueden darse en el derecho: un vacío librado a las interpretaciones, a la falta de protocolos y a los prejuicios.
A partir de ese momento, empezó una batalla legal que duró meses, con su salud física y mental en juego.
“En la cárcel nunca tuve tratamiento», cuenta Ramos a THC desde la casa en la que cumple la prisión domiciliaria.
«El medico del servicio penitenciario me decía que nunca iba a llegar ese tratamiento para mi, me lo decía burlándose», recuerda. «Pasé muchas cosas horribles, me golpeaban, me decían que era ilegal y solo me medicaban con pastillas que me hacían muy mal», agrega.
Ante de lograr que reconocieran su derecho y que le permitieran seguir la causa por la que se lo acusa en detención domiciliaria, Ramos llegó a tomar más de 10 pastillas por día, muchas de las cuales no puede identificar.
«Me afectaba en muchos sentidos, tenía el estómago y el hígado dañados, sufría vómitos, diarrea constante y dolores de cabeza”, relata Ramos.
Detrás del complejo entramado legal de este casi, está la historia de una persona que sufrió durante casi un año hasta que la Justicia le reconoció sus derechos como usuario medicinal.
“Cuando estaba en la cárcel, cada vez que pedía de ir al hospital tenía que pasar por requisas, donde me humillaban, se burlaban de mi enfermedad y me trataban de loco», recuerda Ramos.
«Me decían que era un adicto y ya no sabía como explicarles que el aceite era mi medicación. Cuando el medico me dijo que no jodiera más con el tratamiento de cannabis y que mi familia y mi abogado no molestaran con eso, decidí no ir mas . No tenía ganas de seguir viviendo”, confiesa.
El proceso legal y el derecho a la salud
El proceso se resolvió en tres audiencias y duró casi un año. La lucha e insistencia de la defensa por velar por el derecho a salud dentro del penal fueron imprescindibles para lograr un fallo histórico en nuestro país. Así lo expresó el Dr. Jorge Antonio Miguel, abogado del paciente detenido para THC
Ramos estaba detenido en la Unidad Penal de varones Nº 1 de la provincia de Santiago del Estero. Fue privado de su libertad el 30 de mayo del 2024, ese mismo día el tratamiento que venia llevando adelante con cannabis medicinal fue interrumpido. Pasó casi un año, con traslados y audiencias, hasta lograr que pudiera volver a acceder a un derecho tan fundamental como el derecho a la salud.
“Hubo mucha prueba para lograr el beneficio de la prisión domiciliaria» explica el Dr. Miguel. «Esto sienta un antecedente para el país y la comunidad interamericana, para todos los países que forman parte de los tratados internacionales. Es un paso muy importante en materia de cannabis medicinal, porque aun si el suministro del aceite de cannabis se hubiera dado dentro del penal, es un avance medico indiscutible”.
Y aclara: «Desde el punto de vista penal tiene sus discusiones que deberán dirimirse en la Legislatura, porque hay un vacío legal muy grande. Lo que se logró acá, con los jueces, fue darle pautas al poder legislativo para cubrir ese vacío que existe en las instituciones carcelarias en materia de salud y cannabis medicinal”
Cuando Ramos fue detenido, su tratamiento fue interrumpido y los efectos adversos que conllevan a dejar una medicación empezaron a manifestarse, cuenta el abogado a THC: “Sucedió que la defensa anterior no había manifestado ante la Justicia el problema de salud del imputado, que no solo fue detenido e interrumpido su tratamiento, sino que fue puesto en prisión preventiva sin acceso a su medicación”.
Luego de dos meses, la nueva defensa dio conocimiento de esta situación bajo el tratamiento judicial correspondiente.
Una lucha con varios frentes
El primer conflicto que tuvo que enfrentar la defensa fue que la Justicia desconocía la existencia del programa REPROCANN.
“Lo primero que hicimos fue pedir una audiencia para solicitar que se evalúe el estado de salud del detenido a través del cuerpo médico forense de la provincia de Santiago del Estero», explica el abogado.
«Luego de la revisión medica, la Dra Andrea Cantero Arce, concluyó que el paciente presentaba ánimo bajo, angustia, desasosiego, ideas de muerte, correspondiéndose con los efectos adversos de cortar el tratamiento, por lo que el juez Fernando Paradelo y el Fiscal Juan Allende ordenaron un tratamiento psicológico y psiquiátrico en modalidad internación», profundiza.
«Se pensó que el señor Ramos, se encontraba intoxicado y no que necesitaba la suministración de su medicina”, remarca el Dr. Miguel
Ramos fue trasladado al Centro de Salud Mental de la provincia el 15 de octubre de 2024. En esa institución elaboraron un informe de evaluación donde se concluyó que el paciente no presentaba criterios para continuar internado, ya que la etapa de «desintoxicación» había sido cursada en detención.
«En el informe se desliza claramente que interpretaron que el Sr. Ramos era una persona adicta a las drogas y no que necesitaba un tratamiento con cannabis”, subraya el abogado. «Indicaron que llevaba más de 120 días sin consumo, que son en realidad cuatro meses sin tratamiento».
Ramos no puede sacarse de la cabeza su paso por el instituto de salud mental. “Me internaron porque el fiscal me hizo pasar por adicto, estaba dopado hasta que pude pedirle auxilio a mi señora”.
Ante de que la ayuda llegara, Ramos volvió a ser traslado a la unidad penitenciaria, por no cumplir con los requerimientos necesarios para permanecer en el Centro de Salud Mental Provincial. Es en esta instancia donde el abogado pide en una audiencia, por primera vez, la prisión domiciliaria para Ramos.
Entonces, la jueza Pía Danielsen resolvió no hacer lugar al arresto domiciliario en primera instancia porque no se encontraba dentro de los casos comprendidos en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santiago del Estero.
Se trata de los mismos supuestos que contempla el código procesal penal de la Nación y también los códigos de procedimiento penal de las provincias Argentinas: para obtener ese derecho la persona debe ser mayor de 70 años, padecer una enfermedad incurable en proceso terminal entre otros.
Por eso, la jueza ordena que se traslade a Ramos a la unidad penitenciaria Nº 1 de la provincia de Santiago del Estero”. Pero el giro judicial es que la jueza Danielsen solicita al penal Nº 1 que informen si en el lugar están dadas las condiciones para brindar el aceite de cannabis que tenía indicado Ramos, acorde al Reprocann.
Al mismo tiempo, la jueza solicitó al Ministerio de Salud y a la Policía de la Provincia, que informe si había algún tipo de protocolo o instrucciones respecto a la administración de esta medicina para que Ramos pueda seguir adelante con su tratamiento estando privado de su libertad.
El vacío legal es tan grande que nunca respondieron. «Hubo mucho silencio por parte de la Justicia y eso puso en juego la salud y la vida de la persona. Por este motivo, decidimos contratar al Dr. Roberto Alemán, un médico de Jujuy especialista e investigador en cannabinoides», explica Miguel.
La defensa adjuntó al expediente el curriculum de Alemán, estudios, investigaciones nacionales e internacionales junto a una solicitud firmada por el propio Alemán pidiendo que se realice una consulta medica de manera remota para evaluar la situación de Ramos en el penal.
Pero llegó la feria judicial y no pasó nada. Como sucede a nivel nacional, no responden a los pedidos de los usuarios que aguardan respuestas urgentes por parte de los organismos estatales y la Justicia.
Es por eso que el Miguel solicitó a la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, que intime a la Unidad Penitenciaria Nº 1 a informar en 24 horas acerca de la atención medica y cumplimiento del tratamiento de salud.
Una vez más no hubo respuestas. Por eso, la Jueza de turno resolvió autorizar la realización de la consulta medica con el especialista Dr. Alemán a fin de evaluar el estado de salud de Ramos.
“Hay una situación de vacío legal, no tienen instrucciones o vaya a saber cuál es la cuestión. El informe termina siendo coincidente con la médica que le prescribió cannabis, la Dra. Mijalchuk, la Dra. Arce Cantero y el Dr. Alemán», detalla el abogado.
En resumen: la salud de Ramos ya estaba comprometida y sus derechos, vulnerados. “El doctor Alemán también agregó lo que es el protocolo médico que pedía la Justicia sobre cómo se le iba a suministrar su medicina y también el monitoreo de su tratamiento. Solicitamos entonces la morigeración de la prisión preventiva”, cuenta Miguel.
La prisión domiciliaria
“Lo que yo le prescribi a Ramos, para que todo sea dentro del marco legal, fue un producto de farmacia, cannabidiol 100 mlg, para que pueda iniciar su tratamiento dentro de la cárcel supervisado por mi y por los profesionales del sistema de salud penitenciario”, explica a THC el Dr. Alemán.
“En este caso particular adjunté un par de papers que hablan del uso del cannabis en dolores crónicos, en osteoartrosis y para tratar la ansiedad y el insomnio. Todos esos estudios fueron adjuntados para que el juez dictamine la sentencia de prisión domiciliaria”, explica el profesional de la salud.
En base a eso, el abogado de Ramos solicitó que se realice el tratamiento dentro de la institución carcelaria, pero dentro del sistema carcelario las autoridades se negaban a realizar el tratamiento.
Pasados 6 meses de aquel pedido y sin respuesta alguna, la defensa interpuso un Habeas Corpus por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Ese habeas corpus fue rechazado por la Justicia, por entender que esta cuestión debía ser tratada por vías ordinarias y no mediante un recurso extraordinario.
De hecho, la Justicia sostenía que Ramos estaba llevando adelante su tratamiento y que su situación debía dirimirse en la audiencia que se fijó finalmente para el 31 de marzo del 2025.
“Estuvo mal denegado el Habeas Corpus”, subraya el abogado. “Ellos no dijeron que se le estaba suministrando cannabis, ellos dijeron que se lo estaba tratando como corresponde, pero no suministrando cannabis, que era lo que había que hacer», continúa Miguel.
De hecho, la contradicción está a la vista: la jueza Pia Danielsen primero reconoce el derecho de Ramos a tratarse con aceite de cannabis y ordena que se activen los mecanismos para que pueda hacerlo dentro del penal. Sin embargo, ante las evidencias de que eso no estaba ocurriendo, rechaza el pedido de brindarle a Ramos la posibilidad de seguir el tratamiento prisión domiciliaria.
Finalmente durante la mañana 31 de marzo de 2025, en la audiencia que ya había sido pactada tiempo atrás y luego de presentar material probatorio suficiente, Ramos logro obtener la prisión domiciliaria.
Fue enviado a su lugar de residencia con tobillera electrónica y monitoreo de su tratamiento con cannabis medicinal.
Por ahora Ramos aguarda la llegada del juicio donde deberá, quizá, volver a enfrentarse con la falta de regulación, protocolos y programas no implementados por el desconocimiento u omisión de los operadores del Estado. Los mismos que deberían bregar por los derechos fundamentales de todos los individuos.
“Me estaba haciendo muy mal no recibir el tratamiento, la pelea por la domiciliaria tardo más de 7 meses, durante 10 no pude tomar mi medicación», repasa Ramos.
«Me acuerdo que me llevaron a mi domicilio a la hora de la siesta, después de la audiencia donde me dieron la prisión domiciliaria: ese mismo día a la tarde retomé el tratamiento”.