Ante el inminente vencimiento de los permisos que habilitan el cultivo y comercialización de genéticas registradas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), organizaciones sociales y referentes que desde hace años trabajan ligados al cannabis medicinal, advirtieron que se está poniendo en riesgo todo un sistema de legalidad.
El bloqueo del sistema de registros y renovaciones de variedades de cannabis en el INASE podría dejar sin acceso legal a usuarios terapéuticos y empujar a la ilegalidad a cientos de personas, desde criadores hasta distribuidoras y comercios.
A través de una carta firmada por miembros del Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional de Cannabis Medicinal del Ministerio de Salud, las asociaciones señalaron con preocupación que el sistema de registro y renovación de criaderos de Cannabis sativa L. se encuentra bloqueado y que, de no resolverse antes del 1.º de junio, la situación dejará en una “inminente irregularidad administrativa” a gran parte del sector.
La carta apunta directamente a las resoluciones 81/2024 y 468/2024 del INASE, que suspenden la inscripción de nuevos criaderos, la renovación de los existentes y el acceso a otras categorías previamente autorizadas.
“Este contexto ha producido un vacío legal y operativo sin precedentes, que imposibilita cumplir con los requisitos técnicos de pureza varietal exigidos por INASE para sostener la inscripción de cultivares ya registrados”, advierten las organizaciones.
En diálogo con este medio, Karina Romanelli, integrante del Consejo Consultivo y representante de Cannabis Medicinal Bahía Blanca, fue contundente: “Estamos a dos días de que se venzan las licencias de los fitomejoradores, y si el INASE no modifica esta situación, los productores van a quedar completamente en la ilegalidad a partir del 1.º de junio”.
La medida, según explicó Romanelli, no solo implica la pérdida de años de inversión económica y técnica en fitomejoramiento, sino que “también afecta directamente a los usuarios y usuarias que van a tener que descontinuar sus terapias por no poder acceder a las semillas, clones o esquejes de las variedades que hoy están utilizando legalmente”.
Las organizaciones subrayan que esta paralización vulnera derechos adquiridos, bloquea investigaciones clínicas y compromete la trazabilidad genética del cannabis, en un contexto en el que 439 variedades se encuentran en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares (RNC) y el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares (RNPC). Muchos de esos trámites llevan más de dos años sin resolución, a pesar de las subsanaciones presentadas y los recursos judiciales interpuestos.
Además, señalan que la situación contradice el marco legal vigente (Leyes 20.247, 27.350 y 27.669) y hace inviable el cumplimiento de la reciente Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud, que exige a las organizaciones que cultivan para terceros el uso de genéticas registradas y la presentación de informes semestrales detallando variedades, cantidad de plantas y análisis cromatográficos.
“¿Cómo vamos a hacer para nombrar una variedad genética registrada si el INASE el 31 de mayo nos da de baja a todas las éticas legales?”, se preguntó Romanelli.
Entre los impactos señalados por la carta se destacan:
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La pérdida del patrimonio fitogenético nacional.
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El corte en la trazabilidad genética y científica.
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La inseguridad jurídica y financiera para los operadores del sector.
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La interrupción de tratamientos medicinales legalmente encuadrados.
Finalmente, las organizaciones solicitaron formalmente al INASE que reactive de manera urgente el sistema de inscripción y renovación en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, incluyendo expresamente las variedades con más del 1% de THC.
“Estamos a tiempo, pero necesitamos voluntad política y sentido común. Esto no afecta solo a un sector productivo: impacta en la salud pública y en el derecho al acceso legal y seguro al cannabis medicinal”, concluyó Romanelli.
Podés acceder a la carta y sumar tu apoyo: ACÁ