Ivana y Mauricio viven en Tafì Viejo. En marzo, vivieron un allanamiento policial que describen como violento, desproporcionado y arbitrario. Ambos están inscriptos en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), lo que les permite cultivar cannabis con fines medicinales. Sin embargo, fueron tratados como narcotraficantes.
Ese día, alrededor de quince efectivos de la policía irrumpieron en su domicilio, en el marco de una causa iniciada por una supuesta denuncia anónima relacionada al robo de una motocicleta.
Durante más de cinco horas revisaron toda la vivienda, incluyendo el jardín, los frascos con semillas de su huerta, y las plantas de uso medicinal que la pareja cultiva con fines terapéuticos.
También secuestraron frascos con flores secas, aceites medicinales, sus teléfonos celulares, e incluso frascos con semillas de plantas aromáticas y medicinales, como manzanilla.
Según relatan, los agentes no reconocieron el carácter medicinal de los elementos hallados, ni tomaron en cuenta la inscripción vigente de ambos en el Reprocann.
En cambio, montaron una mesa para exhibir el material como si se tratara de un operativo antidrogas, e incluso desde el gobierno provincial difundieron una comunicación oficial en la que se señalaba que se habían encontrado “frascos para fraccionar cannabis”, tergiversando el verdadero uso de los elementos secuestrados.
Ivana y Mauricio afirman que la causa fue trasladada a la Justicia Federal bajo la figura de infracción a la ley 23.737 de estupefacientes, pese a que no se hallaron elementos que indiquen tráfico o comercialización.
“Nosotros somos activistas, huerteros, cuidadores de la tierra. Lo que pasó fue un disciplinamiento, una persecución a quienes elegimos otra forma de vida”, denunció Ivana
Sostienen que la única finalidad del cultivo es medicinal y que no se encontraban transportando sustancias, ya que el allanamiento fue en su domicilio. También denunciaron que el juzgado federal pretende peritar el contenido de sus teléfonos celulares, lo que consideran una violación a su derecho a la privacidad.
“El único mensaje que están dando es que no importa que tengas Reprocann, te vamos a allanar igual, te vamos a exponer y te vamos a criminalizar”, expresó Ivana.
Durante el procedimiento, la pareja debió continuar con sus tareas cotidianas y el cuidado de los animales rescatados que viven con ellos.
“Nosotros somos activistas, huerteros, cuidadores de la tierra. Lo que pasó fue un disciplinamiento, una persecución a quienes elegimos otra forma de vida”, denunció Ivana.
“En Tucumán la policía actúa en la ilegalidad y la Justicia lo avala”
“Este caso es uno más de los que ocurren todos los días en Tucumán. La policía sale, como decimos en la jerga, “de pesca”. Es decir, realizan allanamientos sin fundamentos sólidos, con actas policiales falsas, y los jueces avalan estas medidas invasivas como si fueran algo normal. En Tucumán, la inviolabilidad del domicilio no existe; vivimos en la ilegalidad, y nadie hace nada”, afirmó el abogado Patricio Char, especialista en las causas vinculadas al cannabis medicinal.
“Hubo un robo de una moto, la policía investiga y llega a un tal Oga. Luego, de manera absolutamente arbitraria, aparece una hoja donde dice que, según un supuesto ciberpatrullaje, Oga se juntaría con Acevedo (Ivana). Con eso, la policía pide allanar la casa de Acevedo, sin que haya ningún vínculo real con el robo. El juez provincial firma el allanamiento sin ningún control, basándose solo en lo que dice la policía”, explica Char sobre los mecanismos que estaría utilizando la policía para ingresar a los domicilios.
“Este caso es uno más de los que ocurren todos los días en Tucumán. La policía sale “de pesca”. Realizan allanamientos sin fundamentos sólidos, con actas policiales falsas, y los jueces avalan estas medidas invasivas como si fueran algo normal» afirmó el abogado Patricio Char, especialista en las causas vinculadas al cannabis medicinal.
Sobre la continuación de la causa judicial, el abogado advierte un cambio de estrategia. “Archivan la causa del robo -que es trucha- y mandan el hallazgo de cannabis a la Justicia Federal. En el fuero federal, no podemos litigar: toda prueba que quieras hacer depende del fiscal. Es un sistema viejo, inquisitivo, donde el fiscal dirige la investigación y el juez actúa como garantía, pero al mismo tiempo investiga”.
Actualmente, la causa de Ivana está en el fuero federal. Su defensa argumenta que está dentro de la ley, inscripta en el Reprocann, por lo que piden el sobreseimiento y la devolución de sus pertenencias.
En la causa, se alega que en el procedimiento se encontraron elementos que exceden lo permitido por la ley. “Eso es falso. Tenemos todas las pruebas para demostrarlo”, manifiesta Char.
Char representa al menos a diez personas en situaciones idénticas. “Podrían iniciar una investigación como corresponde, con control judicial y respetando derechos, pero no lo hacen. No es que no tengan herramientas, es que eligen no usarlas”.
“Hay muchísimos casos similares en Tucumán”. Para Char, este es un modus operandi de la policía tucumana. “La policía arma causas falsas de robo para justificar allanamientos ilegales a personas que cultivan cannabis. Y si los cultivadores están organizados, son militantes o conocen sus derechos, más los persiguen. Es una forma de disciplinamiento. En el caso de Ivana, incluso a la víctima del robo, que mintió, le archivaron la causa también”.
Actualmente, Char representa al menos a diez personas en situaciones idénticas. “Podrían iniciar una investigación como corresponde, con control judicial y respetando derechos, pero no lo hacen. No es que no tengan herramientas, es que eligen no usarlas”.
“Seguimos peleando en la justicia federal para que cierren la causa, devuelvan sus pertenencias y reconozcan que no hay delito. También estamos tratando de nacionalizar el caso. Tenemos como antecedente el fallo “Gargiulo” de la Corte Suprema, donde ya se dijo que estas prácticas son ilegales y que la policía debe capacitarse”.
Lo más grave es el mensaje político que hay detrás: «no nos importa tu Reprocann, vas a ser perseguido igual», agrega Ivana. “No se trata sólo de un allanamiento, se trata de disciplinamiento. De mostrar que el Estado no está para cuidar, sino para controlar, castigar, señalar”, finaliza la joven militante.
Falsos operativos en Tucumán: El caso Gargiulo
En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló una condena por narcomenudeo en el denominado «Caso Gargiulo», sentando un precedente significativo sobre la legalidad de los procedimientos policiales en la provincia .
Ignacio Nicolás Gargiulo había sido condenado a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un allanamiento realizado en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta.
Sus abogados, Patricio Char y Pablo Gargiulo, argumentaron que la investigación estuvo plagada de irregularidades, incluyendo incongruencias en los horarios de la investigación, declaraciones de testigos desconocidos y contradicciones en los testimonios.
El juez de Impugnación, Carlos Caramuti, dio lugar a estos planteos y anuló la condena, decisión que fue posteriormente avalada por la Corte Suprema provincial. El vocal Daniel Leiva sostuvo que «la actuación policial sólo es realmente eficiente si se hace con el debido respeto por las garantías constitucionales».
Este fallo no solo absolvió a Gargiulo, sino que también ordenó la capacitación de las fuerzas policiales en el respeto a los derechos constitucionales, marcando un límite claro al accionar policial y estableciendo un precedente en la jurisprudencia de la provincia.