Permisos vigentes y perjuicio económico
Daniel Oliveto, copropietario de Pampa Fértil, es reconocido en el ámbito cannábico. Con una trayectoria de 20 años como profesor en ciencias biológicas e investigador categorizado, Oliveto fue vicepresidente de la ONG Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis (CEICann) y fundó Pampa Fértil en 2012, lo que lo convierte en un pionero en la comercialización de productos relacionados al cannabis en la provincia.
Además, cuenta con tres trabajos científicos presentados en congresos argentinos de cannabis y salud, es autor de dos libros sobre la temática (y un cuarto en proceso), y coordinó la cátedra de cannabis del país en la Universidad Nacional de La Pampa durante los últimos cuatro años.
Desde hace años, Pampa Fértil, brindando no sólo elementos para el cultivo sino también asesoramiento para un uso responsable. En el último tiempo a eso sumó la venta legal de plantines y semillas.
La legalidad se basa en el registro ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE). De hecho, los growshops se transformaron en todo el país, previo acreditación en el INASE, en puntos clave para que las personas usuarias protegidas por la Ley de Cannabis Medicinal (27.350) puedan acceder a la planta de manera segura.
De hecho, recientemente, en asociación con el emprendimiento Cannabis Argentino, desarrollaron una genética de cannabis sativa adaptada a la región semiárida de La Pampa, la Lemon Pump, presentada hace apenas dos semanas ante el INASE con categoría A.
Un operativo con irregularidades
Respecto al operativo, Oliveto relató que la Policía Federal ingresó al local y, tras preguntar si estaban vendiendo plantas, pusieron a disposición toda la documentación al día.
El argumento policial fue que los permisos de categoría F -destinada a quienes venden semillas y plantines registrados- no les permitían acceder a «cierta información» y que estos estarían vencidos. Algo muy poco claro, dado que los registros del INASE no cumplen ninguna función en términos de prevenir delitos penales.
«Yo les expliqué que eso tuvo dos prórrogas, una hasta el 31 de mayo y una segunda prórroga hasta el 31 de julio: no les importó», afirma Oliveto en diálogo con THC. De hecho, la segunda prórroga oficial del INASE fue publicada en Boletín Oficial el día anterior al allanamiento.
El allanamiento, o «intervención directa» según fuentes judiciales, se habría producido de oficio por parte de la Policía Federal, que luego contactó al juez alegando una infracción por permisos vencidos. Es decir, se trató de una acción sin orden judicial.
La acción podría enmarcarse en la figura de flagrancia, lo que habilita las fuerzas de seguridad a actuar de oficio. «La federal ingresó y allanó, ¿por qué? Porque consideraban que los permisos estaban vencidos. Pero esto es una consideración de ellos y obviamente el debate es bastante sencillo de zanjar: si la prórroga de mi permiso es hasta 31 de julio me robaste las plantas,» sentencia Oliveto.
Lo incautado fueron 26 plantines (todos con su QR y nombre identificatorio) y entre 30 y 40 paquetes de semillas, sumando un total aproximado de 158 semillas.
En un contexto en el que los uniformados actuaron con calma, los elementos incautados fueron registrados en un acta y puestos en una caja con faja de secuestro.
Si bien Oliveto firmó el acta (que le fue leída como si se tratase de una detención por infracción a la Ley de Drogas), no le dejaron copia.
La regulación en La Pampa: ¿qué hacer?
Daniel Oliveto calificó el escenario regulatorio en La Pampa como «pésimo». Explicó que ni el Ministerio de Seguridad ni el de Salud provincial han establecido protocolos claros para la aplicación del REPROCANN.
A su vez, el Ministerio de Producción les habría prohibido la participación en ferias como Expo Pymes y, en primera instancia, en la Expo Vivero, aunque esta última situación se resolvió al contactar al INASE, que confirmó la legalidad de su actividad.
Oliveto criticó la contradicción de que, tras negarles la venta de plantines, el Ministerio de Producción haya emitido un informe permitiendo el cultivo de cáñamo en la provincia.
También destacó que el Ministerio de Salud provincial no participa en capacitaciones ni impulsa proyectos de producción local, dejando en desamparo a emprendimientos que no tienen marco legal para procesar sus cosechas.
Según Oliveto, el único punto positivo en el panorama pampeano es la ordenanza municipal de Santa Rosa que permite el autocultivo de más de cinco plantas y declarar hasta tres domicilios y cuatro categorías de cultivadores. Sin embargo, según el propio Oliveto, no se implementa plenamente.
Frente a esta situación, Oliveto tiene previsto presentarse ante la Justicia asesorado por la Defensoría Oficial. El objetivo principal es «tratar de gestionar y ver de qué manera puede salir todo más rápido» y recuperar los plantines, que, según él, les están generando un perjuicio económico al haber sido incautados sin justificación legal.
También buscará la «nulidad de todo el procedimiento», considerándolo un error grave de la fuerza de seguridad que carecía de fundamento legal.