Aunque el decreto circuló días atrás, hoy se publicó oficialmente en el Boletín Oficial la decisión del Poder Ejecutivo que establece la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
La decisión redefine completamente el esquema institucional del sector y redistribuye sus competencias entre tres organismos nacionales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Industria y Comercio, ambas dependientes del Ministerio de Economía nacional.
La decisión se enmarca en las facultades delegadas que permiten al Poder Ejecutivo la disolución de organismos que vencen mañana 8 de julio.
Qué funciones de la ARICCAME tomará cada organismo
En 2022, la ARICCAME fue creada a partir de la ley de Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial (27.669).
Las principales funciones del organismo eran la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales e industriales.
Con su disolución, argumentada a partir de que su existencia generaba «duplicaciones administrativas» y “costos excesivos”, todas sus funciones se distribuyen en diferentes organismos del Estado Nacional. :
- La ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud, pasaría a regular todo lo relativo al cannabis con fines medicinales: cultivo, procesamiento, importación, exportación y comercialización de flor y biomasa.
- La Secretaría de Industria y Comercio, bajo el Ministerio de Economía, asumiría la regulación del cáñamo industrial y su biomasa, excluyendo la flor. Esto abarca importación, producción, fabricación y comercialización.
- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en la órbita del Ministerio de Economía, recibiría todas las funciones sobre semillas y órganos de propagación de Cannabis sativa L., en línea con lo dispuesto por el Decreto 883/2020. Esta Secretaría también deberá dictar las normas de trazabilidad y conservación genética.
En este mismo sentido, el decreto que avanza sobre una gran cantidad de organismos, establece también la disolución total del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
El INASE es otro de los actores clave para la industria del cannabis, dado que se ocupa del registro de las diversas variedades para habilitar su comercialización. Algo central, dado que hasta el propio Ministerio de Salud de la Nación estableció el uso obligatorio de variedades registradas para todo cultivo medicinal realizado para terceros.
Las competencias del INASE se transferirían por completo a la Secretaría de Agricultura de la Nación.
La situación de la ARICCAME
La ARICCAME se pensó como una gran mesa de entrada para todos los requerimientos vinculados a la ley que busca regular la industrial del cannabis medicinal y el cáñamo, entre ellos el acceso a los diferentes tipos de licencia para producción.
Lo cierto que es, desde su creación, la Agencia sólo logró otorgar una serie de permisos provisorios a un puñado de empresas y el gobierno nacional decidió intervenirla en septiembre de 2024.
La intervención de Ignacio Ferrari, que según el decreto presidencial tenía como objetivo poner en movimiento la agencia, planteó una virtual reglamentación desde cero.
En una resolución, apuntó como objetivo de la Agencia la regulación del cáñamo, dejando en suspenso todo lo referente al cannabis medicinal (toda planta y derivado que supere el 1% de THC) al tiempo derogó la resolución que permitió el otorgamiento de permisos provisorios de producción.
Desde entonces, la ARICCAME no respondió a ningún pedido de los actores interesados cuyas actividades quedaron en una suerte de limbo legal.
Por su parte, el INASE resolvió suspender la posibilidad de renovar los permisos ya otorgados para el desarrollo, producción y venta de semillas de cannabis. Actualmente, todas esas personas físicas y jurídicas dependen de una prórroga que vence el 31 de julio y las ubica en el umbral de la ilegalidad.
Qué pasará entonces con la regulación de la industria del cannabis, con quienes ya tienen derechos adquiridos y con quienes buscan sumarse a la legalidad. La respuesta, de momento, es incierta.
Todo indica que el porvenir de la industria del cannabis en Argentina dependerá de las diferentes resoluciones que vayan adoptando a partir de ahora la ANMAT, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Industria.
El decreto presidencial
El decreto expone una extensa serie de fundamentaciones y considerandos. El eje principal está en las facultades delegadas al Ejecutivo por el Congreso de la Nación a instancias de la Ley Bases que habilita al ejecutivo a la disolución de organismos.
Más allá de las posiciones jurídicas que plantean la nulidad de este tipo de acciones por ser inconstitucionales, el nuevo decreto establece un nuevo esquema institucional y administrativo:
ANMAT (Ministerio de Salud)
- Se encargará de todo lo relacionado con productos derivados del cannabis para uso medicinal: flor, biomasa, materia prima.
- Regulación de importación, elaboración, fraccionamiento, distribución, trazabilidad, licencias y auditorías.
- Podrá establecer tasas de fiscalización de hasta el 5‰ del importe facturado.
- Convocará un nuevo Consejo Consultivo Honorario.
Secretaría de Industria y Comercio (Ministerio de Economía)
- Regula el cáñamo industrial (excepto flor): importación, cultivo, producción, comercialización.
- Establecerá normas técnicas, auditorías y tasas de fiscalización (también de hasta el 5‰).
- Diseñará un régimen simplificado para este sector.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Ministerio de Economía)
- Asume todas las funciones del INASE: certificación, propiedad intelectual de variedades, control de calidad de semillas.
- Será autoridad de aplicación de la Ley de Semillas.
- Crea un Plan Especial de Registración de simientes para facilitar la protección de creaciones fitogenéticas.
- Estará facultada a dictar normas y coordinar tareas de inspección, trazabilidad y fiscalización.
El decreto establece que ninguna persona humana o jurídica podrá iniciar actividades sin autorización previa de ANMAT o Industria y Comercio.
El nuevo marco, que según el Ejecutivo busca “reducir barreras burocráticas” y promover una gestión “más clara y eficiente”, implica la desaparición de dos organismos clave para llevar adelante la regulación de la industria del cannabis consagrada por ley.
Las asociaciones civiles, proyectos de investigación y empresas deberán ahora adecuarse a una lógica más generalista, regida por organismos de mayor envergadura, y aún resta ver cómo será la articulación con las provincias en la implementación del nuevo esquema.