Por primera vez un fallo judicial ordena al Estado la renovación de permisos a una empresa que desarrolla y comercializa variedades de cannabis.
La medida surge a partir de que el Instituto Nacional de Semillas (INASE), recientemente disuelto por decreto del Poder Ejecutivo, impidió la renovación de permisos que permiten la producción y comercialización de semillas de cannabis registradas en ese mismo organismo.
Las empresas, desde criaderos hasta comercios habilitados para la venta, se enteraron de la decisión arbitraria de INASE cuando fueron a pagar la renovación de los permisos ya otorgados en marzo de este año.
A partir de entonces, el INASE -que ya había bloqueado el otorgamiento de nuevos permisos- estableció dos prórrogas que permitieron a las empresas seguir operando y a las personas usuarias seguir adquiriendo semillas registradas legalmente. La última prórroga se vence el 31 de julio.
La situación es de total incertidumbre. Ya no sólo por lo que ocurrirá al vencimiento de la prórroga, sino porque la función de registro y fiscalización de semillas pasó a manos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que, hasta el momento, no se pronunció oficialmente respecto al tema.
Todo indicaría que, de cumplirse la ley y respetarse los derechos otorgados, las nuevas autoridades competentes deberían regularizar el proceso de renovaciones e inscripciones de permisos vinculados a las semillas de cannabis, más aún dado que el propio Ministerio de Salud de la Nación establece como obligatorio el uso de variedades registradas en todo cultivo medicinal que se realice para terceros.
Hablamos con Piero Liebman, abogado del Estudio Liebman y Asociados, especializado en regulaciones sobre Cannabis, quien llevó adelante una medida judicial que subraya el derecho de las personas y empresas que trabajan con cannabis medicinal.
Cuando ustedes tomaron el caso, ¿en qué situación se encontraba la empresa?
La situación de la empresa afectada fue una situación que afectó a todos los proyectos que trabajan con cannabis en la Argentina y que se proponen trabajar dentro de la cadena de valor de semillas. ¿Qué es lo que pasó? Todos los registros nacionales de comercialización y fiscalización de semillas rigen de marzo a marzo. Uno lo saca, depende cuándo lo saque, no importa, siempre va a vencer en marzo. ¿Qué pasó este año? Cuando llegó marzo, todos los operadores de cannabis encontraron su plataforma caída. Te decía que no se podía renovar y que se estaba trabajando para poder solucionar el inconveniente, impidiendo a los operadores de cannabis que renueven su registro.
¿Y qué pasó a partir de ese momento?
A partir de ahí, cuando las empresas, los fitomejoradores o aquellos que comercializan plantines y esquejes, mandaban un mail y recibían una respuesta automática diciendo «tenés que ir a sacar una licencia de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) para poder dar de alta el INASE en menos de 1% THC.
Más allá de que ahora no existe más la ARICCAME, para la ley argentina ese cannabis sería cáñamo, pero no cannabis medicinal, ¿correcto?
Claro, cabe destacar que todas o que la gran mayoría de empresas y de fitomejoradores de la Argentina trabajan variedades de más de 1% de THC, lo que posicionó a Argentina como líder dentro del mundo de las semillas de cannabis en los últimos años teniendo grandes avances en el fitomejoramiento, muchos cultivadores que volcaron hacer esa actividad y también muchos muchas empresas del exterior, viendo el crecimiento del mercado, empezaban a instalarse en Argentina, pero empezaron a surgir estas trabas.
¿A partir de qué acción judicial iniciada por ustedes surge el fallo?
Lo que hicimos fue una acción de amparo contra el Instituto Nacional de las Semillas porque están negando el derecho a trabajar de nuestro cliente.
¿En qué basaron la presentación del amparo?
Básicamente porque esto afecta todo el proceso de inversión que la empresa viene realizando. Al momento de otorgar la prórroga, lo que decía el INASE es que había una prórroga de 2 meses para el pago de las categorías. Esa situación subsiste hasta hoy , siendo que a ningún operador de cannabis se le permite renovar su permiso. Es en ese contexto que en el mes de marzo comenzamos este amparo.
¿Qué es lo que demandaron?
Le demandamos al INASE que renueve los permisos de la empresa y que además le otorgue los certificados, porque los certificados son un elemento importantísimo dentro de la cadena de valor de cannabis: es aquel papel que se pega en la puerta de cada cultivo y que sirve muchas veces incluso como defensa penal. Ese fue uno de los planteos que hicimos: la no renovación no solo afecta el negocio y la posibilidad legítima de trabajar de nuestro cliente, sino que además lo pone en un cierto riesgo penal ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad desconozcan la situación en la que nos encontramos.
¿Qué plantearon respecto a las prórrogas?
Apuntamos a eso. No sólo solicitamos que se le permita el que se le renueve el permiso otorgándole el derecho a trabajar, lo cual se está viendo vulnerado. Además remarcamos que esto estas prórrogas que está dando el INASE de 2 meses no respetan los procesos productivos, porque cualquier empresa que hace fitomejoramiento en la Argentina, cualquier breeder necesita mucho más de 2 meses para desarrollar su proceso productivo. Entonces están generando una situación de inseguridad que quiebra la cadena productiva de semillas.
¿Qué ordena el fallo en concreto?
El fallo es muy claro: le da 20 días al INASE para que permita la renovación de la empresa en todas las categorías y emita los certificados correspondientes.
¿En qué cambia la situación de la empresa y en qué tiempos?
Esto para la empresa es fundamental porque le permite continuar su actividad de fitomejoramiento, le permite seguir peleando por las variedades que tienen proceso de inscripción, lo cual también es una traba que se presenta para muchos de los proyectos en Argentina. Hay que poner sobre la mesa que hace 2 años las variedades de cannabis se encuentran trabadas y también requieren un proceso burocrático por el cual te derivan al Ministerio de Salud, después ese expediente queda trabado. Entonces, no solo tenemos un problema en el Registro Nacional de Comercialización y Fiscalización, sino también en la aprobación de variedades.
¿Este tipo de fallos facilitan ese tipo de reclamos?
Sí, estos fallos permiten pasar a ese siguiente paso que es reclamar por qué estas empresas puedan tener sus variedades y puedan seguir comercializándolas. La situación de la empresa da mucha más seguridad a trabajar, invertir, sabiendo que uno tiene el permiso garantizado y no que tiene que estar contra una plataforma que no no lo deja acceder.
¿Qué interpretación hace el fallo de las restricciones impuestas por INASE?
En el fallo es muy importante el dictamen del fiscal, el cual hace un análisis sobre toda la presentación y manifiesta que el accionar del INASE no se está haciendo en pos de facilitar el procedimiento administrativo, es decir, dice que es función del organismo que sus procedimientos deban efectuarse con celeridad, economía, sencillez y eficacia.
¿Cómo este fallo puede favorecer otros amparos?
En el fallo queda claro que la función del organismo tiene que ser cooperar para que se otorguen los permisos, no poner trabas burocráticas para que no se otorguen. No solo señala que se tiene que poder tramitar un permiso, sino que el fallo le pone la carga al organismo de cooperar para que eso suceda. Esto es muy bueno y siento un precedente para muchísimos otros casos de fitomejoradores que están esperando por este tipo de procesos o en definitiva porque se habilita el registro.
¿Se aplicaría sobre las competencias de la Secretaría de Agricultura que asume ahora las funciones de INASE?
El reciente decreto disuelve el INASE, pero en su artículo 77 determina que el INASE recién va a ser efectiva su disolución cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que es quien lo asume, dicte las normas de procedimiento de cómo va a absorber el INASE. Entonces, mientras tanto, el INASE sigue funcionando.
Es decir que el INASE sigue siento respondable de otorgar los registros nacionales de comercialización y fiscalización de semillas
Exacto y, una vez absorbido por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, el registro va a seguir existiendo, lo que pasa es que vamos a reportar a otra ventanilla, sería un cambio en términos prácticos. Por tanto, el amparo cobra muchísimo valor tanto ahora como cuando el INASE sea disuelto y absorbido por esta secretaría. Todos los proyectos que hagan su amparo o que logren la renovación o el alta en el registro, después van a poder seguir trabajando bajo las nuevas normas que dicte Agricultura.
¿Es una acción judicial que puede llevar adelante cualquier empresa afectada por las restricciones de INASE?
Así es, pero también es una acción que lleva mucho tiempo, que nos llevó mucho esfuerzo poder construirla, que tiene costos. Y la justicia tiene costos que muchas veces no guarda relación con el negocio que se presenta, porque en el caso de los los fitomejoradores, los criadores categoría A, los que tienen variedades inscritas, por ahí en su proyecto de negocios sí pueden hacer un amparo con el costo y la incertidumbre que eso genera.
¿Y qué pasa con los grows y los demás comercios que venden semillas registradas?
Es un caso diferente en cuanto a la posibilidad de que esos costos sean razonables. Hay muchos proyectos categoría F, que son los comerciantes expendedor, aquel que tiene un grow y quiere comercializar semillas registradas o quiere comprar a distribuidoras y poder venderlas en un pueblo, que por ahí no tiene un gran lucro por la actividad. Estos emprendimientos se ven seriamente afectados porque le va a costar económicamente afrontar este amparo y puede no guardar relación con el negocio que se propone. Es contradictorio que eso pase cuando en realidad el Estado nos debería acompañar y sobre todo ayudar.
¿Crees que este tipo de fallos pueden hacer que la Secretaría de Agricultura reactive el proceso de registros y la renovación de permisos a partir del 31 de julio?
Esperamos que ante este fallo, tanto el INASE o la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, recapaciten del daño y la afectación que están generando en muchísimos trabajadores, en muchísimos cultivadores y puedan generar un proceso claro, sincero y objetivo a partir del 31 de julio. No tenemos seguridad, pero seguiremos trabajando en la justicia hasta que esto se logre.