Gustavo Jaiyes / Revista THC
El Gobierno argentino finalmente puso en funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME). Días atrás, el Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de quien estará al frente del organismo: se trata de Francisco Echarren, actual intendente de la localidad bonaerense de Castelli.
Su designación y la activación del organismo fueron impulsadas por Sergio Massa, Ministro de Economía de la Nación. “Poner en marcha a la ARICCAME significa iniciar una nueva industria en la Argentina”, aseguró Massa durante la presentación oficial de la Agencia, acompañado de ministros, legisladores y de quienes serán miembros de su directorio.
La primera institución que abordará la planta desde un nuevo paradigma ya tiene sede. Se trata del Ministerio de Economía de la Nación, la mole pública ubicada frente a la Casa Rosada.
Ni bien se presentó la nueva Agencia, THC subió los siete pisos que llevan a la oficina de Francisco Echarren para conversar sobre los primeros ejes de su gestión al frente del organismo que tendrá por delante la tarea de regular la industria del cannabis en Argentina.
¿Tenías un interés por el cannabis antes de ser nombrado como presidente de la Ariccame?
Siendo intendente, el subsecretario de Salud de Castelli, Mariano Akino, me acercó a la realidad del cannabis medicinal. Pude ver la necesidad que había, la gente que terminaba comprando aceites de mala calidad o directamente no podía acceder a nada. Venían a decirme a mí “¡intendente necesito aceite de cannabis!, se me está terminando y no tengo plata”. De hecho, fuimos el tercer municipio que adhirió a la ley de cannabis medicinal, fue una decisión unánime del Consejo Deliberante. Eso fue hace cuatro años.
¿Y ahora cómo afrontás la gestión de este nuevo espacio?
Primero, teniendo presente que hay muchos sectores dentro del universo del cannabis que esperan respuestas diferentes. Nosotros estamos acá dispuestos a brindar una solución para todos.
Es un desafío amplio
Que la Agencia dependa del Ministerio de Economía muestra justamente la decisión de ampliar la mirada y que el objetivo sea dar respuestas integrales.
“Queremos generar una base muy ancha de producción que genere muchos puestos de trabajo, que sea bien democrática, facilitando la obtención de licencias para los cultivadores”
¿Por qué?
Sergio Massa no solo me convocó para ocupar este lugar, nos instruyó para que pongamos de pie una nueva política pública en Argentina con la finalidad de impulsar el nacimiento de una nueva industria que necesita de un Estado que acompañe, pero no de cualquier manera: queremos hacerlo de un modo inteligente y con mucho sentido común. Es indispensable diseñar un esquema administrativo que para nosotros tiene que tener una ventanilla única.
¿A qué te referís?
Hablo de una ventanilla única que les facilite a todos los productores del país, sean pequeños o grandes, a los emprendedores y a los empresarios poder desplegarse dentro de este sector de un modo dinámico. La Agencia no tiene como objetivo intervenir en la competencia de otros organismos. La idea es que todos los proyectos entren y salgan por la Agencia, a partir de generar los mecanismos internos para que cada organismo siga interviniendo en el proceso. En ese sentido, el directorio tiene un equilibrio: hay un médico con años de experiencia, un especialista en semillas, una científica de trayectoria y la viceministra de seguridad. El potencial es enorme.
“La idea del ministro Massa es apuntar a un alivio fiscal para contribuir al desarrollo de la actividad. El Estado no se hace presente como ente recaudador, sino como facilitador”
¿Conducir ese proceso requiere mucha estructura?
Lo que se requiere es ser eficientes y realistas. Es una definición política del ministro Massa poner un intendente en la presidencia de la Agencia. Las intendencias son el primer mostrador del Estado, el lugar donde las personas se acercan a presentar sus demandas para ser resueltas. Vamos a trabajar sobre problemas concretos y que la Agencia sea un espacio de coordinación entre múltiples áreas. Sabemos lo que buscamos: fomentar y acompañar la inversión y la generación de empleo, con la mirada puesta en las oportunidades para las personas jóvenes.
¿Qué acciones deberían tomarse para conseguirlo?
Lo primero es sistematizar una política pública. Para eso tenemos un gran equipo que tiene al frente al ministro de Economía y todo su equipo, además de contar con todo el trabajo y la experiencia de los otros ministerios que forman parte del directorio y el apoyo de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. Y desde ahí, articular. Estamos todos orientados a que todo esto funcione y esa fue la principal instrucción del ministro.
¿Cómo va a ser esa articulación con otras áreas del Estado donde aún pesan muchos prejuicios sobre el cannabis y el cáñamo?
Con acciones concretas. Por ejemplo, articular con el Ministerio de Justicia para que cuando vayan a inscribirse sociedades comerciales o asociaciones civiles no se frenen los trámites porque el cannabis es un objeto considerado ilegal. Lo mismo apuntando al universo bancario: si vos generás créditos para empresas que tengan un objeto de cannabis y después cuando van a inscribirse las observan, eso que planificaste no sirve. Y, desde la mirada fiscal, la idea del ministro Massa es apuntar a un alivio fiscal para contribuir al desarrollo de la actividad. El Estado no se hace presente como ente recaudador, sino como facilitador.
“La regulación del cannabis para diversos usos es un debate que se pide en Argentina y lo vamos a tener que dar, pero ahora nosotros tenemos que estar concentrados en esta tarea: si el Estado no muestra eficiencia en regular dificilmente pueda generarse un debate más amplio”
¿En todo el país?
Somos una Agencia federal, queremos potenciar el desarrollo de las economías regionales y no concentrar la riqueza. Queremos generar una base muy ancha de producción que genere muchos puestos de trabajo, que sea bien democrática, facilitando la obtención de licencias para los cultivadores. Claramente, a medida que vas subiendo en la pirámide productiva se van a ir complejizando los requisitos para la obtención de las licencias, pero tenemos un objetivo: generar 5 mil puestos de trabajo en todo el país.
¿Qué mirada tienen desde la Agencia respecto a la necesidad de avanzar hacia una regulación del cannabis más amplia?
Nos debemos un trabajo legislativo muy profundo para poder seguir avanzando en cuestiones de coordinación y articulación. La regulación del cannabis para diversos usos es un debate que se pide en Argentina y lo vamos a tener que dar, pero ahora nosotros tenemos que estar concentrados en esta tarea: si el Estado no muestra eficiencia en regular lo que tenemos que regular dificilmente pueda generarse un debate más amplio.
Cómo es la ARICCAME por dentro
En la presentación oficial de la ARICCAME, Sergio Massa y Francisco Echarren estuvieron acompañados por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Aníbal Fernández, de Seguridad; Daniel Filmus, titular de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. La ARICCAME será un espacio en el que todas esas áreas compartirán el directorio que tendrá a Echarren como presidente.
La conformación del directorio es heterogénea. La vicepresidencia estará a cargo de Marcelo Morante, médico especializado en dolor con una larga trayectoria en el proceso de regulación medicinal y actual coordinador del Programa de Cannabis del Ministerio de Salud.
La representación del ministerio de Ciencia estará en manos de Valeria Rudoy, bióloga y reconocida investigadora. En cuanto al Ministerio de Seguridad, será parte del directorio la viceministra del área, Mercedes La Gioiosa. Finalmente, el representante de la secretaría de agricultura será Gabriel Giménez Director Nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
De ese directorio dependerán decisiones cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización, importación, exportación y adquisición de semillas de cannabis y cáñamo.
Otro órgano importante de la Agencia será el Consejo Federal que tendrá un representante de la Nación y uno por cada una de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Una de sus principales funciones será la aprobación de las diferentes licencias en los distintos territorios.
Además, siguiendo una tendencia que abrió el trabajo de la sociedad civil en el desarrollo de la regulación medicinal, la Agencia contará con un Consejo Consultivo Honorario para el que serán convocados diferentes actores, desde Ongs hasta investigadores, con el fin de sumar miradas para el desarrollo de las políticas.
El marco legal en el que surge la ARICCAME
Es un hecho: la regulación del cannabis forma parte de la agenda del Estado argentino. Esto significa dos desafíos que van de la mano.
Por un lado, comenzar a desarrollar políticas públicas que tiendan a brindar derechos y garantías en el camino de reconocer una realidad que ya existe. Por otro, mediante esos avances impulsar una economía legal que genere crecimiento y, sobre todo, trabajo.
Por el momento, ese proceso se dará dentro de las posibilidades y los límites que marca la legislación argentina, y se centrará en el cáñamo y el cannabis para uso medicinal.
Luego de la sanción de la ley de cannabis medicinal en 2017 (27.350), se desarrolló una nueva reglamentación que sumó a los proyectos de investigación relacionados a la planta el derecho al cultivo personal y solidario a través del Reprocann.
La sanción de la ley para regular la industria del cannabis medicinal y también el cáñamo profundizó el avance, se trata de la ley 27669. A partir de ahora, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) será el organismo que tendrá a cargo llevar adelante esa tarea.
En perspectiva, probablemente sería la misma Agencia la que estaría al frente de conducir las políticas públicas en un escenario de regulación integral del cannabis.
Es importante recordar que más allá de los usos medicinales, en Argentina se sigue penalizando la tenencia y cultivo de cannabis a través de la ley de estupefacientes (23.737) vigente desde 1989.