En 2013 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles produjo un reporte sorprendente: entre 2001 y 2010, los arrestos relacionados a psicoactivos ilegales aumentaron en un 52%, produciéndose alrededor de 8 millones, en Estados Unidos.
El reporte, que argumenta a favor de la legalización poniendo el foco en el costo económico y la ineficiencia de la prohibición, estimó que las detenciones por cannabis son proporcionalmente un 13,6% más caras para el Estado que otro tipo de detenciones. Es decir, no sólo son inútiles en términos de política criminal, sino que además generan más costos.
La suma agregada, considerando los gastos de control policial, procesamiento de la detención y defensa, era de 3,6 mil millones de dólares anuales.
Existen diversas motivaciones detrás de legalizar el cannabis. La económica, un lenguaje que el mundo capitalista habla relativamente bien, es importante.
Tal vez haciendo mella en el racionalismo económico y anticipando la posibilidad de colectar impuestos (algo que le resulta cada vez más dificultoso a todos los estados del mundo), varios estados de Estados Unidos fueron por la decisión de legalizar, en múltiples ocasiones promovida por la votación mayoritaria expresada en referendos populares.
¿Cómo se refleja esta decisión en las estadísticas del crimen?
Impuestos, costos y vidas en juego
Primero, una aclaración. Contrario a lo que pueda sospecharse, las detenciones por posesión de marihuana en Estados Unidos siguen siendo la principal razón de arrestos por psicoactivos ilegales en 2022.
Todos los años, aproximadamente un 40% de las detenciones por sustancias prohibidas tienen que ver con el cannabis. En 2022 esto significó 219.480 arrestos reportados por el FBI, un 92% de los cuales fue por posesión simple. Alrededor de una tercera parte de estas detenciones conducen a procesamientos y encarcelamientos.
Hay que recordar que actualmente el cannabis está legalizado para uso adulto en 28 estados norteamericanos. Lógicamente, la mayoría de estos arrestos en 2022 sucedieron en estados donde el cannabis sigue siendo prohibido (aunque no exclusivamente).
En ese país el uso adulto está legalizado para aproximadamente un 50% de la población y el uso medicinal, para un 76%. Por esta razón, los arrestos, a pesar de ser aún muy considerables, han disminuido regularmente año a año.
Aclarada esta cuestión, procedamos. A diez años de las primeras legalizaciones del cannabis para uso adulto o recreativo, los números son impresionantes: en todo el Estados Unidos los arrestos por cannabis han estado en un marcado y sostenido declive desde 2012.
Desde aquel año hasta 2022, han disminuido en un 60%. Si el número total de detenciones aún resulta desalentador, hay que hacer un zoom hacia afuera.
En Estados Unidos, entre 2019 y 2022 unas 200 y 400 mil vidas por año continuaron con normalidad gracias a la legalización, antes hubieran sido arruinadas por el simple hecho de poseer cannabis
Como se sabe, los cargos por posesión no sólo arruinan la posibilidad de conseguir mejores empleos, destruyendo la trayectoria de vida de los procesados, e impactan en enormes costos de defensa (estimables entre 2000 y 20.000 dólares).
También afectan mayoritariamente a las comunidades étnicas en 3 a 1 respecto de los blancos.
Haciendo una proyección entre 2019 y 2022 unas 200 y 400 mil vidas por año continuaron con normalidad, cuando hubieran sido parcial o totalmente arruinadas por el simple hecho de poseer cannabis.
En consonancia, en 2020 es el primer año en que los arrestos por posesión de sustancias ilegales no tienen que ver principalmente con la marihuana, sino con todas las demás razones (opio, cocaína, sintéticos y otros no narcóticos).
En definitiva, los estadounidenses se han ahorrado costos billonarios en arrestos y han permitido vivir libremente a millones de personas cuyas vidas hubieran sido arruinadas de continuar con el prohibicionismo.
El caso de Canadá
En Canadá es posible tener hasta 30 gramos de cannabis, compartirlos con otros adultos, comprar productos de cannabis, tener hasta 4 plantas por domicilio para uso personal -usando semillas registradas-, fumar en cualquier espacio habilitado para ello.
Antes del Cannabis Act de 2018, la posesión de cannabis era Ilegal y explicaba, al menos, la mitad de los casos de arrestos por drogas.
En Canadá, los primeros estudios sobre criminalidad en la juventud descubren que la reducción de denuncias entre jóvenes de 12 a 17 años disminuyó a menos de la mitad
De hecho, los primeros estudios sobre criminalidad en la juventud descubren que la reducción de denuncias entre jóvenes de 12 a 17 años disminuyó a menos de la mitad.
En 2022 los canadienses realizaron apenas 10.824 arrestos por cannabis, punibles la mayoría con multas, y más de dos tercios (67%) se debieron a importaciones o exportaciones ilícitas.
Estadísticas de narcotráfico en Uruguay
Lo que el argumento económico logró en Estados Unidos y Canadá, en Uruguay lo hizo el argumento contra el narcotráfico. En él se amparó la vanguardista decisión del gobierno de José Mujica en 2012 de avanzar con la legalización todos los usos de la planta.
En el país latinoamericano fue el catch de erradicar el narcotráfico el que ordenó la decisión política impulsada por el centro izquierda frenteamplista, de avanzar con la legalización.
Algunos analistas consideran que la legalización del cannabis no ha sido eficiente en el combate al narcotráfico en Uruguay. Advierten que la presencia del narco se ha agravado en los años recientes.
En contraste, los casos de narcotráfico vinculados al cannabis se han reducido prácticamente a cero.
Según Daniel Radio, director de la junta nacional de drogas y el informe Uruguay XXI, el acceso al cannabis por mercado ilegal cayó del 54% a apenas el 24% en 2014-2022.
Según la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el acceso al cannabis por mercado ilegal cayó del 54% de los usuarios a apenas el 24% en 2014-2022
En este plano, la cuestión funciona parecido a Estados Unidos, con un mercado mucho más controlado por el Estado.
Ahora bien, ¿por qué entonces hay pues más delincuencia vinculada al narcotráfico? Los expertos consideran que está habiendo un cambio en las rutas de circulación y acopio de drogas y que el papel de Uruguay está virando de país de paso a país de acopio.
Las enormes libertades para el lavado de activos son un plus ciertamente. Y aunque este cambio en la geopolítica de drogas puede explicar el aumento de las bandas vinculadas a las drogas y los crímenes asociados, también hay otra tesis sociológica: tal vez el aumento en la violencia de bandas sea una respuesta a la misma reducción del mercado interno de drogas ilegales.
A una disminución de la torta a repartir, se multiplican las confrontaciones territoriales en un mercado crecientemente reducido. Por esa razón, la cuestión requiere una exploración científica más detenida.
En este caso, la legalización uruguaya sucedió por decisión política del gobierno, incluso, inicialmente, con cierta discrepancia mayoritaria en la población y con el argumento central de combatir al narcotráfico.
Hoy, los uruguayos gozan de libertades sólo comparables a las de los canadienses y de algunos estadounidenses, y ellos también han ahorrado millones de dólares en costos y ampliado derechos.
A diez años de la legalización uruguaya, se pueden observar las consecuencias positivas de la decisión, independientemente del éxito en el lema promotor original que, evidentemente, requiere otras decisiones además de la de legalizar el cannabis.
* El autor es director del equipo de Economía del CANNABIS que funciona al interior del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación en la Universidad de José C. Paz