La Legislatura de Mendoza aprobó una nueva ley que crea el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, un organismo que tendrá como función principal coordinar, autorizar y fiscalizar la cadena de valor del cannabis en la provincia.
Esta medida representa un avance significativo en la regulación del uso medicinal, terapéutico e industrial de la planta.
Con esta ley, Mendoza se suma a las provincias argentinas que avanzan en un marco legal propio para el cannabis medicinal e industrial, armonizado con la normativa nacional.
La creación del Registro Provincial permitirá dar seguridad jurídica a los actores del sector y facilitar el acceso a tratamientos para quienes lo necesitan e impulsar la industria local.
El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo provincial con las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y de Natalio Mema Rodríguez, titular del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza.
La nueva ley, que recogió aportes clave de la sociedad civil, crea un registro que garantiza derechos a usuarios y fomente el desarrollo productivo, generando a su vez un marco legal el expendio de cannabis medicinal en la provincia.
En sintonía con la reciente ley Salomé, promulgada en Chubut para la creación de un Reprocann provincial y la creación de una Agencia para impulsar la producción local, iniciativas similares en Misiones y CABA, la propuesta mendocina se enmarca en una tendencia: la federalización del cannabis medicinal tanto a nivel cultivo personal como industrial.
¿Qué permitirá el nuevo Registro de Mendoza?
El Registro estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, en coordinación con los ministerios de Producción, Salud y Deporte, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) y otros organismos. Tendrá competencias amplias:
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Otorgar licencias, autorizaciones y certificaciones a personas humanas, asociaciones civiles y empresas.
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Fiscalizar y controlar los procesos de siembra, cultivo, producción, extracción, transporte, almacenamiento y comercialización.
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Garantizar la trazabilidad de la planta y sus derivados.
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Elaborar protocolos y pautas de calidad y seguridad para todos los eslabones de la cadena.
Autocultivo y producción para uso medicinal
La ley permite que personas, ONG y fundaciones puedan cultivar cannabis con fines terapéuticos o paliativos, siempre que se inscriban en el Registro.
Estas personas o instituciones recibirán un certificado oficial que los habilitará a acceder al cannabis medicinal legalmente.
Además, se autoriza la producción con fines industriales, bajo el control del Registro, y se incluye el cáñamo en el marco de actividades permitidas.
Régimen simplificado para productores ya autorizados por Nación
En el marco de la nueva ley que regula el cannabis y el cáñamo industrial en la provincia, se estableció un régimen simplificado para la obtención de licencias destinado a aquellas personas físicas o jurídicas que ya cuenten con autorizaciones emitidas por organismos nacionales.
Según lo establecido, podrán acceder a este régimen quienes hayan sido habilitados por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Ley 27.350 y sus normas complementarias, así como también por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El beneficio alcanza a quienes se encuentren desarrollando actividades vinculadas a la producción, cultivo, tenencia, acopio, transporte y/o comercialización de semillas de cannabis, plantas o derivados con fines medicinales.
Además, se establece la posibilidad de presentar una solicitud de adecuación productiva ante el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial, conforme a los requisitos que se definan en la reglamentación.
Este régimen apunta a facilitar la transición legal y administrativa de quienes ya están en actividad bajo regulaciones nacionales, alineando sus procesos al nuevo marco provincial.
Impulso a la ciencia y la industria local
La ley también promueve la investigación científica y tecnológica, con aplicaciones en salud humana y veterinaria, cosmética, nutrición y hasta agricultura.
Se fomentará la participación de universidades públicas, laboratorios y farmacias en la producción y procesamiento de derivados del cannabis.
Sanciones para el incumplimiento
La norma establece un sistema de sanciones administrativas que incluyen apercibimientos, multas, clausuras y decomisos en caso de incumplimientos.
Las multas van desde 100 hasta 1.000.000 de Unidades Fijas, de acuerdo con la ley impositiva provincial.
La existencia de sanciones específicas es de una importancia vital dado que de incumplirse las acciones, previstas dentro del marco de la ley, dejan de ser castigadas por la ley penal y pasan a ser reguladas por un régimen administrativo.