Los recortes sobre las estructuras del Estado avanzan. Así como estaría por ocurrir con el INTA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) podría enfrentar cambios que afectarían seriamente su capacidad operativa, algo que impactaría de forma directa en la industria del cannabis.
El INASE es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Semillas y realiza tareas de fiscalización, registro y control. Además de regular la comercialización, asegura la propiedad intelectual de las semillas.
Un dato no menor es la relevancia internacional del INASE. Gracias a su trabajo, Argentina es reconocido internacionalmente como un país de alta calidad y desarrollo semillero. De hecho, Argentina es miembro de la Internacional Seed Testing Association (ISTA) desde sus inicios, hace casi 100 años.
Asimismo el INASE es el Organismo de aplicación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). El Convenio, iniciado en 1961, otorga derechos de obtentor sobre las variedades vegetales incentivando que existan mejores variedades en el mercado a nivel nacional e internacional.
Esto implica que todos los semilleros del país tengan la posibilidad de comercializar sus semillas internacionalmente avalados por el prestigio del Instituto. Algo que sería una posibilidad para quienes producen semillas de cáñamo y cannabis.
Ahora bien, en términos de estructura estatal, el INASE es un ente descentralizado. Es decir que se conduce de forma autónoma, con su propio presupuesto. En este punto surge algo clave: el INASE genera más ingresos que los que necesita para funcionar, lo que genera dudas de por qué habría que recortarlo.
En lo concreto, el gobierno nacional publicaría en breve un amplio Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para introducir más cambios en la administración pública. En el caso del INASE dejaría de ser un ente descentralizado y sería degradado al rango de Dirección dentro de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
¿Qué se pone en riesgo para la industria del cannabis?
El INASE es clave en el proceso regulatorio del cáñamo y del cannabis medicinal. De hecho, si hablamos de plantas, el punto cero de todo proceso no es ni más ni menos que la semilla.
En lo que respecta al cannabis, el INASE abrió el registro de variedades de cannabis medicinal en 2021. Fue un proceso lento, pero virtuoso que comenzó a tener interrupciones en 2024 hasta su virtual paralización en marzo pasado.
De hecho, recientemente, el organismo publicó una resolución prorrogando el vencimiento de los permisos a productores y comercializadores de semillas y esquejes. La negativa a permitir renovar definitivamente las autorizaciones, argumentaron las autoridades del INASE, se debe a que dependen de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. (ARICCAME) se lo ordene.
Este tipo de procesos y discusiones resolutivas podrían volverse mucho más engorrosos y hasta ser inviables en un esquema de menor autonomía del organismo.
Veamos algunos puntos concretos de los problemas que podrían generarse si el INASE es degradado a dirección por el gobierno nacional.
- Demora en la toma de decisiones
Como instituto descentralizado, el INASE tiene cierto grado de independencia para definir políticas, ejecutar normativas y responder ante situaciones urgentes. Al perder esto se generarán aún más demora en la toma de decisiones, por ejemplo podría no haber salido a tiempo la prórroga para las categorías que vencían.
Al degradarse a una dirección, todas sus decisiones deben pasar por más niveles jerárquicos, lo que ralentiza la capacidad de respuesta ante necesidades del sector y se pierden interlocutores directos
- Problema de articulación con otras dependencias del Estado
Se volvería aun más ineficiente la articulación con otros sectores del estado claves para el sector como el SENASA, la ARICCAME o el Ministerio de Salud de la Nación.
Esto podría disminuir aún más el trabajo conjunto con otros organismos públicos, haciendo aún más lento y opaco el trabajo interinstitucional.
- Problemas en el registro de semillas
A las dificultades actuales, se sumaría una menor capacidad de analizar y generar mejoras regulatorias específicas para la industria semillera del cannabis. Sería un golpe directo a la posibilidad de que el cannabis siga desarrollándose en el país.
Además, sin un registro confiable de semillas, Argentina no puede ofrecer garantía de origen ni trazabilidad. Esto afectaría su capacidad de exportar o participar en acuerdos internacionales de cannabis medicinal e industrial.
- Pérdida de personal especializado
Un dato clave es que el 75% de las personas que trabajan en el INASE son profesionales capacitados. El resto realiza tareas clave para el funcionamiento administrativo del organismo.
Por otra parte, más de dos tercios del personal tiene una contratación temporal, con lo cual su desvinculación podría ser inminente.
La falta de personal técnico y administrativo podría generar aún más demoras en el proceso de registro de variedades de cannabis (una vez que este se vuelva a activar) y cáñamo.
Una reducción drástica de personal, seguramente derivaría en una mayor atención sobre cultivos tradicionales que actualmente generan más ingresos al Estado, desperdiciando el potencial estratégico, económico y social del cannabis y el cáñamo.
Por otra parte, despedir a personal que se estuvo capacitando en cannabis y cáñamo durante los últimos años ralentizaría aun más los procesos y dificultaría aún más la reactivación plena de los permisos para el sector.
Un organismo independiente que funciona
El INASE, ente público bajo la presidencia de Claudio Dunan, es un organismo que se financia con recursos propios. En otras palabras, es considerado superavitario, ya que cobra por los servicios prestados a empresas del sector semillero.
En 2023 tuvo un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares. El 50% de esos fondos se destinaron al pago de salarios. En 2024 ese presupuesto se duplicó a 20 millones de dólares y los salarios representaron apenas el 25% de ese total.
Es decir, hubo un claro ajuste en lo que perciben quienes trabajan en el INASE, más allá de que haya generado un 100% más de ingresos. Visto de otro modo, el presupuesto destinado a salarios se redujo de 49 a 25% de la recaudación entre 2023 y 2024
De hecho, el personal del INASE pasó de 262 personas en diciembre 2023, a 236 en la actualidad. Fuentes consultadas, aseguran que se llegaría a un piso de 200 empleos en los próximos meses.
En conclusión, la degradación del INASE puede impactar fuertemente en la trazabilidad, la legalidad y la soberanía genética de las semillas de todas las especies.
En el caso del cannabis, que depende totalmente de la trazabilidad y del control sobre variedades registradas, esto podría equivaler a un nuevo freno a la prometedora cadena productiva que se está gestando en Argentina.