La disolución de la ARICCAME, oficializada mediante el Decreto 462/2025, no puede interpretarse como un simple ajuste administrativo. Se trata, en realidad, de la confirmación de un fracaso tanto político como técnico, que deja a la incipiente industria del cannabis medicinal e industrial sin orientación ni resguardo estatal, atrapada en un ciclo de desprotección y abandono.
La clausura de la agencia —junto con la del INASE— representa el epílogo de una intervención que nunca logró cumplir los objetivos trazados y que, lejos de ordenar la actividad, lo sumió en una parálisis aún más profunda.
Este retroceso se produce, además, en flagrante contradicción con el mandato legal vigente. La Ley 27.350, sancionada en 2017, autorizó el uso medicinal e investigativo del cannabis, mientras que la Ley 27.669, aprobada en 2022, estableció un marco para el desarrollo integral de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con fines industriales y comerciales.
Ambas normas asignaron al Estado un rol activo como promotor, regulador y articulador de una industria con alto potencial económico, sanitario y social. Sin embargo, en lugar de consolidar esa orientación estratégica, las autoridades optaron por desmantelar el marco organizativo del Estado creado para implementar esta política pública.
Al asumir el control de la agencia en septiembre de 2024, el propio Gobierno reconoció una crítica “falta de personal”, “escasa operatividad” y una “demanda significativa” por parte del sector privado. Prometió entonces reorganizar su funcionamiento, con el objetivo de garantizar eficacia, eficiencia y coordinación interinstitucional. Habló de agilizar trámites, reducir burocracia y brindar respuestas concretas. Pero nada de eso se materializó. No se reforzaron las capacidades técnicas, no se resolvieron los cuellos de botella en los procesos administrativos, y la articulación con organismos clave como ANMAT, SENASA o AFIP fue prácticamente inexistente.
Durante el período de intervención, el único avance concreto fue la implementación de un procedimiento simplificado para el cáñamo industrial, una medida de alcance limitado que no respondió a las demandas centrales del ecosistema productivo, orientadas principalmente al desarrollo del cannabis medicinal.
Lo que se presenta como una racionalización administrativa es, en la práctica, una fragmentación que multiplica los interlocutores burocráticos, diluye responsabilidades y debilita la gobernanza regulatoria del ecosistema productivo.
En paralelo, el Ministerio de Salud profundizó las restricciones en el funcionamiento del REPROCANN, añadiendo nuevas trabas en lugar de resolver los problemas ya existentes. El acceso a semillas legales también se vio bloqueado, ya que, pese a que se exigía la utilización de genéticas registradas, el INASE nunca habilitó el sistema, condenando a cientos de emprendimientos a operar sin garantías legales ni previsibilidad, dejados a la deriva, librados a su suerte y empujados a la ilegalidad.
La gestión se limitó a gestos simbólicos sin impacto real. Aunque recibió a diversos actores del entramado cannábico, no se habilitaron mecanismos efectivos de participación, ni se delineó una hoja de ruta común. En algunos casos, se había llegado incluso al sinsentido de impedir el traslado de producciones previamente autorizadas por el propio Estado.
Decisiones de este tipo no contribuyen al ordenamiento del espacio productivo: penalizan a quienes intentan cumplir con la ley y premian a quienes operan en la ilegalidad, al margen de todo control o fiscalización.
La reciente decisión de cerrar la ARICCAME, invocando argumentos como “gastos excesivos” o “superposición de funciones”, agrava la inconsistencia. En lugar de consolidar una agencia especializada con atribuciones claras, el Gobierno optó por dispersar sus competencias: ANMAT asumirá las relativas al cannabis medicinal; la Secretaría de Industria, las vinculadas al cáñamo industrial; y el área de Agricultura, las del sistema de semillas.
Lo que se presenta como una racionalización administrativa es, en la práctica, una fragmentación que multiplica los interlocutores burocráticos, diluye responsabilidades y debilita la gobernanza regulatoria del ecosistema productivo.
El traspaso de funciones a ANMAT resulta particularmente preocupante. Posee una trayectoria que ha demostrado escasa receptividad hacia el sector cannábico, privilegiando enfoques restrictivos y conservadores
El traspaso de funciones a ANMAT resulta particularmente preocupante. El organismo atraviesa una de las peores crisis de legitimidad de su historia, tras el escándalo del fentanilo adulterado que provocó decenas de muertes.
A ello se suma el profundo deterioro de sus capacidades técnicas y operativas, consecuencia directa del ajuste presupuestario y la drástica reducción de personal.
Además, ANMAT posee una trayectoria que ha demostrado escasa receptividad hacia el sector cannábico, privilegiando enfoques restrictivos y conservadores que poco contribuyen al desarrollo de una industria emergente.
En este contexto, delegarle la conducción de la política pública no parece una apuesta por fortalecer el área, sino una forma de desentenderse de ella.
Las consecuencias están a la vista: proyectos paralizados, empleos perdidos, inversiones frustradas y el desamparo de cientos de PyMEs y emprendedores que durante años trabajaron con responsabilidad, construyendo una cadena de valor legal, trazable y con impacto territorial. El Estado no solo los ha abandonado: les ha quitado respaldo y legitimidad pública.
También los pacientes han sido ignorados. Quienes necesitan cannabis con fines terapéuticos se enfrentan hoy a mayores trabas para acceder a productos seguros, legales y fiscalizados. La retirada del Estado los empuja a la informalidad y vulnera derechos básicos vinculados a la salud y la autonomía.
La decisión de disolver la ARICCAME sin haber corregido sus deficiencias ni construir un horizonte consensuado con los actores involucrados no constituye una solución, sino una renuncia. Una renuncia al desarrollo productivo, a la innovación tecnológica y al trabajo digno. Pero también un gesto de desprecio hacia una comunidad entera que, con esfuerzo, perseverancia y legitimidad, trabajó durante años para construir un marco legal que permitiera desarrollar una industria con reglas claras.
El Estado no puede simplemente replegarse: debe asumir su rol regulador con seriedad, inteligencia y visión estratégica. Lo contrario equivale a condenar a esta actividad a una nueva etapa de incertidumbre, informalidad y estigmatización.
* Pablo Fazio es director de Pampa Hemp y empresario PYME