La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por su titular María Rosa Muiños y con la participación del adjunto Arturo Pozzali, responsable del Observatorio de Cannabis Medicinal, presentó este jueves 18 de septiembre un informe sobre la situación actual del Reprocann, el Registro del Programa de Cannabis de la Nación.
El trabajo se realizó a partir de un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación y contiene datos desagregados de los pacientes inscriptos por edad, sexo y religión, entre otras variables. Según los resultados, el 75% de los trámites pertenecen a varones y el 24% a mujeres; el 64% de las inscripciones se concentran entre CABA y la Provincia de Buenos Aires y el 80% de las personas registradas tienen entre 25 y 50 años.
El acceso al cannabis medicinal en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un escenario marcado por avances legales y fuertes trabas en la implementación. Aunque la Ley 27.350 abrió la puerta a tratamientos respaldados por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), hoy el sistema arrastra más de 100 mil trámites pendientes y más de mil asociaciones civiles a la espera de aprobación. A esto se suma la falta de reglamentación de la Ley 6349 local, sancionada hace casi cinco años, que dejó a pacientes y cultivadores en un limbo jurídico.
Una mesa amplia y plural
La jornada contó con la participación de legisladores de distintos bloques. Estuvieron presentes Graciana Peñafort, Matías Barroetaveña y Maia Daer por Unión por la Ciudad; Lucio Lapeña, Inés Parry y Francisco Loupías por la UCR-Evolución y Andrea D’Atri en representación del FIT Unidad.
También se sumaron referentes institucionales y académicos como Mariano Pérez, responsable del Reprocann; Alejandro Aimar, director del Centro de Cannabis de la Facultad de Medicina de la UBA; el abogado especializado Juan Palomino; el investigador de la FAUBA Eric Turiansky; el neurólogo Alejandro Anderson y activistas como Ezequiel Dolber y Gerardo Pangue de la campaña Reprocaba. Además participaron Federico Cima, de la empresa de software Cannect, y Denise Mourizze, integrante del colectivo Presas y Presos por Cannabis.
Un programa saturado
El informe presentado expuso la parálisis y saturación del Reprocann a nivel nacional, donde se acumulan cerca de 100.000 trámites pendientes y más de 1.500 asociaciones civiles en espera de respuesta. Frente a este escenario, la Defensoría y las organizaciones presentes insistieron en la necesidad de avanzar en la creación de un Registro de Cannabis en la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que ya tiene estado parlamentario y actualmente se encuentra en la Comisión de Salud de la Legislatura.
De acuerdo al informe se estima que 1,9 millones de personas usan cannabis con fines terapéuticos en Argentina —unas 131 mil en la Ciudad—, apenas un 10 a 12% accede al registro formal. Esa exclusión expone a miles de usuarios a la criminalización. Según informes judiciales, más del 65% de las detenciones por drogas en CABA son por tenencia para consumo personal, concentradas principalmente en barrios vulnerables, lo que además implica un gasto millonario para el Estado en causas que terminan archivadas.
En este contexto, ONG, cultivadores solidarios y profesionales de la salud se convirtieron en actores clave para garantizar el acceso, aunque su reconocimiento oficial sigue siendo parcial e inestable. Al mismo tiempo, el mercado legal se restringe casi exclusivamente al CBD aislado, desaprovechando el espectro completo de usos terapéuticos que la planta ofrece.
El panorama confirma que el cannabis medicinal en CABA es hoy un derecho reconocido, pero aún lejos de estar garantizado. Los desafíos pasan por agilizar el REPROCANN, reglamentar la normativa local, formalizar el rol de las asociaciones, asegurar cobertura en hospitales y obras sociales y, sobre todo, armonizar la legislación penal con la sanitaria para terminar con la criminalización de pacientes.
Voces de los legisladores
Durante el encuentro, el legislador Matías Barroetaveña sostuvo que frente a las dificultades del sistema nacional “hay que aprovechar el cambio de clima social para construir un consenso que nos permita tener en la Ciudad una normativa de cumplimiento efectivo, que garantice la no criminalización y el acceso al cannabis medicinal”.
Por su parte, Maia Daer remarcó que “la Ciudad debe acompañar con sensibilidad y conocimiento la herramienta del cannabis medicinal, que ya es una realidad para muchas familias”.
A su turno, Francisco Loupías celebró la convocatoria como un paso para “aunar consensos necesarios en pos de garantizar derechos para los porteños”.
Próximos pasos
La Defensoría del Pueblo, junto con la campaña Reprocaba, confirmó que continuará con la difusión del informe, la recolección de firmas en apoyo al proyecto de registro local y el seguimiento parlamentario en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña.
La presentación dejó en claro la urgencia de una respuesta institucional frente a la saturación del programa nacional y la necesidad de que la Ciudad avance con una normativa propia que garantice derechos, acceso y no criminalización de quienes recurren al cannabis medicinal.