Por primera vez en casi 20 años, Revista THC fue censurada. Desde hace más de tres meses su cuenta oficial de Instagram, con una comunidad activa de más 360 mil seguidores, fue suspendida por Meta, la empresa propietaria de esa plataforma.
Tres semanas atrás, ocurrió lo mismo con el perfil de Expo Cannabis Argentina, el evento masivo creador por la misma THC. Si bien esta cuenta acaba de volver a la actividad, su futuro es incierto.
Pese a los reiterados pedidos, las audiencias de mediación y la presentación de toda la documentación que acredita la legitimidad de Revista THC y la absoluta legalidad de todas las acciones vinculadas a Expo Cannabis, Meta no ofreció ninguna respuesta respecto al motivo de las inhabilitaciones de las cuentas.
Por ahora, la empresa se limita a informar que se basa en la “infracción a políticas comunitarias”, sin especificar cuáles son las faltas, ni en qué casos puntuales Revista THC o Expo Cannabis habrían incumplido las normas de la plataforma
A partir de esa absoluta falta de claridad en todos los aspectos que deberían ser de total transparencia, dado que conllevan como resultado el mayor castigo que puede imponerse dentro de esa red social, sólo queda como conclusión que nos enfrentamos a un caso de restricción a la libertad de expresión.
Dicho de forma clara: lo que para Meta es una “aplicación de normas comunitarias”, en Argentina se traduce en censura sobre contenidos respaldados por leyes nacionales, tratados internacionales y por políticas públicas de salud.
El algoritmo censor
La suspensión de las cuentas de Revista THC y Expo Cannabis Argentina no son casos aislados, sino que pone en evidencia el sesgo estructural de los algoritmos de Meta frente al tema cannabis
De manera permanente, los sistemas de moderación de la empresa tratan cualquier mención a la planta como si se tratara de promoción de «drogas ilegales», sin importar la legislación nacional.
El resultado es una censura que, justificada a partir de la acción de algoritmos, afecta a investigadores, periodistas, pacientes, cultivadores y empresas que operan dentro del marco legal argentino.
El caso se inscribe en una tendencia global: bloqueos, “shadow banning” (como se denomina las restricciones a la visibilidad de contenidos) y eliminación de cuentas en distintos países que ya cuentan con regulaciones avanzadas del cannabis.
El contraste con los discursos de Meta es evidente. En 2020 , Mark Zuckerberg se refirió a la responsabilidad de las plataformas digitales en la circulación de información, asegurando que “Facebook no debería ser el árbitro de la verdad en Internet” y que su empresa defendería la libre expresión como principio fundamental de su política global.
Sin demasiadas novedades en ese sentido, este año Zuckerberg anunció que Meta reduciría la intervención de verificadores de datos externos y promovería un “ecosistema más libre y participativo”. Sin embargo, esta año fue el más duro en restricciones hacia el cannabis del que se tiene registro.
Si bien no es el único, el caso de Revista THC hace evidente este recrudecimiento de la prohibición digital: un medio de comunicación reconocido en el universo de habla hispana, con el portal en español más leído del mundo, con casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida, fue silenciado por Meta de un día para otro.
El discurso de apertura y libertad convive, así, con un sistema de moderación opaco, automatizado y profundamente inequitativo que también ha impedido durante 17 días la comunicación de Expo Cannabis Argentina: un evento de renombre internacional por su calidad, de asistencia masiva que fue incluso reconocido por el Ministerio de Cultura de la Nación como un evento de interés cultural.
Medios censurados, comunidades aisladas
La suspensión de las cuentas de Revista THC y Expo Cannabis Argentina no es solo un problema para dos proyectos de comunicación: afecta a miles de personas que acceden a información validada sobre salud, legislación y cultura a través de estos canales.
Lejos de ser entidades separadas, ambos espacios conforman una red de información pública que contribuye a la articulación entre usuarios, cultivadores, especialistas, la industria y los entes públicos.
De este modo, el bloqueo injustificado de ambos canales digitales equivale a restringir el acceso a un bien público esencial: la información confiable.
No es algo abstracto, ni meramente una cuestión ética. La censura genera riesgos muy concretos.
Sin medios especializados y críticos que informen y vigilen las políticas, se pierde transparencia, pluralidad y control ciudadano sobre decisiones que afectan a millones de personas.
Desde 2006, Revista THC y su equipo participa activamente del desarrollo de políticas para la regulación del cannabis en Argentina: desde la ley de cannabis medicinal, la creación del Reprocann y la ley que da un marco a la industria del cannabis.
Silenciar la voz de THC implica debilitar la base técnica y participativa que da sustento a una regulación coherente y funcional. No sólo por la calidad y responsabilidad del trabajo de su equipo, sino porque THC junto con Expo Cannabis, son espacios de construcción creados y pensados para una construcción colectiva que reúne conocimientos que el Estado argentino necesita para el desarrollo de políticas serias y consistentes.
La prohibición por otros medios
La censura a THC y Expo Cannabis revela una tensión de fondo entre las normas globales de las plataformas y las legislaciones nacionales.
Mientras los Estados avanzan en marcos regulatorios democráticos, las corporaciones tecnológicas aplican criterios privados que escapan a cualquier control soberano.
En Argentina, donde el cannabis medicinal, su investigación científica y desarrollo industrial está plenamente reconocido por ley, resulta como mínimo preocupante que una empresa extranjera imponga silencios sobre prácticas y debates de absoluta legitimidad.
La paradoja es evidente: Meta censura aquello que la sociedad argentina ya decidió debatir y regular democráticamente.
No dejar a THC difundir información no solo afecta a un medio, sino a toda una comunidad de personas que ejercen derechos, producen conocimiento y construyen Salud Pública desde la base.
El ejercicio de la prohibición por los medios digitales es un retroceso ético, sanitario, regulatorio y democrático que nos devuelve a las peores versiones del pasado reciente.