A más de una década del inicio de la legalización del cannabis de uso adulto en Estados Unidos, los estados siguen buscando el equilibrio entre recaudar, regular y sostener la competitividad del mercado legal. ¿Cómo funcionan los distintos modelos impositivos y qué impuestos aplican al cannabis en los mercados regulados?
Mientras algunos optaron por impuestos fijos, otros implementaron esquemas basados en el peso o la potencia del producto. El resultado es un mosaico fiscal complejo que influye directamente en los precios, la formalización del sector y la viabilidad de los pequeños productores.
Un relevamiento actualizado en 2025 muestra que cada estado aplica su propio modelo impositivo, con tasas efectivas que van desde el 9% hasta más del 40%. La disparidad es tal que dos gramos del mismo producto pueden costar precios muy distintos según el lugar donde se compren.
Impuestos al cannabis regulado: tres grandes modelos fiscales
Las políticas tributarias sobre el cannabis en Estados Unidos se dividen, en líneas generales, en tres enfoques:
El primero es el impuesto fijo o ad valorem, aplicado como un porcentaje sobre el precio final al usuario, similar a lo que ocurre con el alcohol o el tabaco. Es el modelo más común, adoptado por estados como Arizona, Massachusetts o Michigan, donde la tasa ronda entre el 10% y el 20%.
El segundo modelo se basa en el peso del producto, utilizado en lugares como Alaska y Maine, donde el impuesto se aplica a los cultivadores según la cantidad de flor o materia vegetal producida. En Alaska, por ejemplo, se cobra 50 dólares por onza (28 gramos) de flor y 15 por onza de manicura (hojas y restos vegetales), lo que se traslada al precio final de venta.
El tercer modelo, más reciente, es el impuesto basado en la potencia o contenido de THC, que busca ajustar la carga fiscal según el nivel de psicoactividad. Connecticut lidera esta estrategia, cobrando 0,00625 dólares por miligramo de THC en flores, 0,0275 dólares por miligramo en comestibles y 0,009 dólares por miligramo en concentrados. Esta fórmula apunta a desincentivar productos ultrapotentes y, al mismo tiempo, generar ingresos más predecibles.
En Estados Unidos conviven tres modelos fiscales: el impuesto fijo, aplicado como un porcentaje sobre el precio final al usuario, un modelo basado en el peso del producto donde el impuesto se aplica a los cultivadores según la cantidad producida y un tercer modelo basado en la potencia o contenido de THC.
Estados con mayores y menores cargas impositivas
La comparación entre jurisdicciones deja en evidencia una gran desigualdad fiscal.
Washington mantiene el impuesto más alto del país, con un 37% de tasa estatal más un 6,5% de impuesto a las ventas, alcanzando un gravamen efectivo del 43,5%. El sistema fue diseñado para maximizar la recaudación, pero también generó uno de los precios minoristas más altos y un mercado informal persistente.
En el extremo opuesto, Maryland aplica una tasa moderada del 9%, sin sumar el impuesto general a las ventas. Delaware, donde las ventas comenzarán pronto, estableció una tasa única del 15%, mientras que Oregón mantiene un impuesto plano del 17% con posibilidad de un 3% adicional local. Estos casos reflejan una intención de mantener precios competitivos para desplazar al mercado ilegal sin comprometer la recaudación.
Otros estados, como Colorado y Nevada, aplican dobles niveles de impuestos: un gravamen del 15% en el traspaso entre cultivadores y distribuidores, y otro 15% o 10% en el punto de venta. Así, los impuestos totales pueden superar el 30%, afectando la rentabilidad de pequeños productores y minoristas.
El mercado regulado en California: ajustes y retrocesos
California representa el laboratorio fiscal más dinámico del país.
El 1 de julio de 2025, el estado elevó temporalmente su impuesto al cannabis del 15% al 19%, buscando compensar una caída en la recaudación del sector. Sin embargo, la medida fue revertida apenas tres meses después, volviendo al 15% original tras fuertes críticas de productores y comerciantes que denunciaron que el aumento disparó los precios minoristas y reactivó las ventas ilícitas.
El gobernador Gavin Newsom firmó en octubre una ley que fija ese 15% hasta al menos 2028, combinándolo con el impuesto estatal a las ventas del 7,25% y tasas locales variables. Según estimaciones del sector, la carga total ronda el 25%, una cifra considerada alta, aunque más sostenible que la anterior.
Impacto económico: entre la recaudación y la informalidad
El principal argumento a favor de los impuestos elevados es la recaudación fiscal: los estados que legalizaron el cannabis ya suman más de 4.000 millones de dólares anuales en ingresos combinados, destinados a programas de salud, educación y tratamiento de adicciones.
Sin embargo, la evidencia muestra que tasas excesivas tienden a incentivar el mercado negro. En California y Washington, donde los impuestos superan el 30%, los precios legales duplican a los del circuito informal. Según un informe del Cannabis Policy Center (RAND, 2024), en esos estados hasta un 40% del uso adulto sigue ocurriendo fuera del sistema legal.
En contraste, estados con impuestos moderados, como Michigan o Maine, lograron reducir la informalidad y sostener la recaudación gracias a mayores volúmenes de venta. En Michigan, donde la tasa total es del 16%, las ventas superaron los 3.000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento anual del 20%.
Impuestos al cannabis: salud pública vs. competitividad
El debate no se limita a lo fiscal. Los esquemas basados en la potencia, como el de Connecticut, buscan desincentivar productos de alto contenido de THC por motivos de salud pública, pero podrían penalizar a usuarios medicinales o productos innovadores de baja dosis que resultan más costosos de fabricar.
Por otro lado, los sistemas de tasa fija, aunque más simples, no reflejan las diferencias reales en costo o riesgo sanitario entre tipos de productos. Varios analistas proponen un modelo híbrido, donde se combine una tasa base con un componente vinculado al contenido de THC, ajustado a un rango razonable.
La cuestión local: autonomía y fragmentación
Muchos estados permiten que municipios o condados agreguen impuestos propios, lo que fragmenta aún más el panorama. En Massachusetts, por ejemplo, la tasa estatal del 10,75% se complementa con un 6,25% de impuesto a las ventas y hasta un 3% municipal, alcanzando un total cercano al 20%.
En Missouri, la Corte Suprema tuvo que intervenir en 2024 para aclarar que ciudades y condados no pueden aplicar ambos impuestos a la vez dentro de los mismos límites urbanos. Esa decisión evitó una doble imposición que encarecía el producto final.
Tendencias y escenarios futuros
Con la expansión del mercado de uso adulto, ya legal en más de 20 estados, la discusión sobre impuestos al cannabis entra en una nueva etapa. Varios gobiernos evalúan reducir las tasas o simplificar los esquemas para fomentar la formalización y atraer inversiones.
Minnesota, por ejemplo, redujo su tasa del 15% al 10% en 2024, pero volvió a subirla al 15% en julio de 2025 tras constatar que la baja no mejoró los ingresos. En cambio, Illinois mantiene su sistema escalonado según el nivel de THC (10%, 20% o 25%), considerado uno de los más progresivos pero también más difíciles de aplicar.
En paralelo, algunos estados, como Nueva York, enfrentan desafíos de implementación: aunque establecieron un impuesto combinado del 13% más un 9% al nivel de distribución, la falta de licencias y demoras regulatorias provocaron que gran parte del comercio siga ocurriendo en la informalidad.
El panorama fiscal del cannabis de uso adulto en Estados Unidos sigue siendo un experimento en tiempo real. Los modelos varían, pero el dilema es el mismo: cómo recaudar sin destruir la competitividad del mercado legal.
Si las tasas son demasiado bajas, el Estado pierde recursos. Si son demasiado altas, los usuarios regresan al mercado negro y los productores legales no sobreviven. En ese delicado equilibrio se define el futuro de una industria que ya supera los 35.000 millones de dólares anuales y que, según proyecciones del Cannabis Economic Council, podría generar más de 100.000 empleos nuevos si los esquemas fiscales se estabilizan.