Recortes al cannabis medicinal en Canadá. El presupuesto federal 2025 del gobierno encendió las alarmas en la industria del cannabis legal, especialmente en el sector médico. La propuesta, presentada ante la Cámara de los Comunes el 4 de noviembre, plantea un recorte de 60 mil millones de dólares canadienses en gastos públicos durante los próximos cinco años.
Entre las medidas más sensibles figura la reducción de los reembolsos por cannabis medicinal destinados a veteranos de guerra y miembros de la Policía Montada (GRC), una decisión que busca ahorrar 4.4 mil millones entre 2025 y 2029.
Menos reembolso para pacientes: de 8,50 a 6 dólares por gramo
El plan del gobierno establece que el límite de reembolso por cannabis medicinal pasará de 8,50 a 6 dólares canadienses por gramo, manteniendo la cantidad diaria máxima de tres gramos. Según Ottawa, la medida se basa en la caída de los precios minoristas y no afectará los derechos de los pacientes. Sin embargo, la industria sostiene que el cambio llega en un momento crítico para el sector y que podría interrumpir tratamientos, reducir la calidad del acceso y empujar a algunos usuarios hacia el mercado ilícito.
El Ministerio de Asuntos de los Veteranos (ACC) administra este programa desde 2011. En sus primeros años, apenas 37 personas recibían cobertura. Hoy, el número supera los 27.000 beneficiarios, con reembolsos cercanos a los 30.000 kilos de cannabis por año, lo que representa 245 millones de dólares anuales. Desde su creación, el sistema ha financiado más de 143 millones de gramos, equivalentes a más de mil millones de dólares en fondos públicos.
Un programa emblemático bajo presión política
El programa actual se consolidó tras un cambio de política en 2016, cuando se establecieron topes de precio y cantidad cubiertos por el Estado. Para acceder, los veteranos deben presentar una prescripción médica y adquirir el producto a través de vendedores autorizados por Health Canada, el organismo nacional que regula el cannabis medicinal.
El nuevo presupuesto introduce una tensión adicional: si el Parlamento rechaza la ley de gastos a fin de mes, el gobierno liberal minoritario de Justin Trudeau podría caer y desencadenar elecciones anticipadas. Hasta entonces, la incertidumbre política se combina con la preocupación por el futuro de uno de los programas públicos más costosos y más observados de la política sanitaria canadiense.
La industria advierte sobre el impacto para pacientes y productores
Las principales empresas del sector, como Aurora Cannabis y Organigram, criticaron duramente el anuncio, acusando al gobierno de actuar sin consulta previa con la industria ni con las organizaciones de pacientes.
El CEO de Aurora, Miguel Martin, expresó su preocupación: “Estamos decepcionados de que el gobierno haya propuesto estos cambios sin dialogar con las empresas del cannabis medicinal. Reducir los reembolsos podría interrumpir la continuidad del cuidado, limitar la supervisión clínica e incluso empujar a los pacientes hacia alternativas más riesgosas”.
Aurora, una de las mayores productoras del país, recordó además que el cannabis sigue siendo el único medicamento gravado con impuestos de al uso, un punto que la industria considera “injusto y desincentivador” para el desarrollo de la investigación y la innovación terapéutica.
Por su parte, Beena Goldenberg, CEO de Organigram, sostuvo que el presupuesto federal “pierde una oportunidad histórica de reconocer al cannabis legal como un motor económico y de incorporarlo a la estrategia de desarrollo nacional”. Goldenberg advirtió que, sin una reforma impositiva, Canadá podría perder su ventaja pionera frente a otros mercados que ya avanzan con marcos regulatorios más competitivos. El mercado mundial del cannabis medicinal se estima en 140 mil millones de dólares, y el país corre riesgo de quedar rezagado.
Un sector que reclama reconocimiento económico y estabilidad
Desde la legalización del cannabis de uso adulto en 2018, la industria canadiense generó un aporte estimado de 16 mil millones de dólares al PIB y sostiene más de 227.000 empleos directos e indirectos. A pesar de esas cifras, las empresas denuncian que la carga impositiva y la burocracia regulatoria han erosionado su rentabilidad y su capacidad de innovación.
Datos recientes de Health Canada indican que un 35% de la población canadiense usó annabis en los últimos seis meses, y que más de la mitad de los ciudadanos está a favor de actualizar la regulación para fortalecer la industria legal. Sin embargo, el presupuesto 2025 parece avanzar en sentido contrario: menos apoyo estatal y más restricciones financieras.
Para las compañías especializadas en cannabis medicinal, el nuevo esquema podría obligar a reformular sus modelos de negocio. Organigram reportó 606.000 dólares en ventas de cannabis medicinal durante el tercer trimestre de 2025, mientras que Aurora informó 27,9 millones en el segundo trimestre de 2026. Con los cambios en los reembolsos, estas cifras podrían caer drásticamente.
¿Reforma fiscal o retroceso sanitario?
Los analistas del sector advierten que la reducción de los reembolsos no solo tendrá efectos económicos, sino también sanitarios. Muchos veteranos dependen del cannabis medicinal para tratar dolor crónico, estrés postraumático y trastornos del sueño, y una disminución del reembolso podría afectar su continuidad terapéutica.
A la vez, organizaciones de pacientes señalan que el gobierno está “penalizando” a quienes usan cannabis con fines médicos, al tiempo que mantiene sin cambios el marco tributario más alto del mundo para este producto. En palabras de un portavoz de Aurora, “el cannabis es el único medicamento que paga impuestos de lujo”.
Los productores sostienen que el gobierno debería revisar el sistema de impuestos especiales, incentivar la investigación y ampliar la cobertura médica en lugar de reducirla.
Incertidumbre política y riesgo de retroceso
Mientras el debate continúa en Ottawa, la industria del cannabis observa con preocupación. Si el Parlamento no aprueba el presupuesto, Canadá podría enfrentar una nueva crisis política y la suspensión temporal de varios programas federales, incluido el de reembolso de cannabis medicinal.
Para un sector que ya enfrenta competencia del mercado ilícito y altos costos de cumplimiento, la incertidumbre actual amenaza con erosionar la confianza de inversores y usuarios.
El país que fue pionero en regular el cannabis a nivel federal ahora enfrenta un dilema: mantener la disciplina fiscal o proteger un sector que generó miles de empleos y lideró un cambio cultural y sanitario a nivel mundial.
El presupuesto 2025 del gobierno canadiense marca un punto de inflexión. Lo que para Ottawa es un ajuste fiscal necesario, para la industria del cannabis representa un retroceso sanitario y económico.
El futuro del programa de reembolso de cannabis medicinal, y del propio modelo canadiense de regulación, dependerá de lo que ocurra en el Parlamento en las próximas semanas. Lo que está claro es que el debate sobre el rol del cannabis en la salud pública y en la economía del país apenas comienza.