La historia de la regulación del cannabis en Argentina es un proceso largo, complejo y aún en construcción. No es solo la suma de leyes o decretos, sino el resultado de décadas de presión social, activismo, clínicas comunitarias y debates técnicos entre el Estado y quienes históricamente hicieron uso terapéutico de la planta fuera del sistema formal.
La regulación actual nace de esa tensión y de un camino que arrancó con la sanción de una ley marco hasta llegar a un sistema de registros, asociaciones civiles habilitadas y propuestas regionales que buscan ir más allá del marco nacional.
La ley que abrió la puerta
El gran punto de partida fue la Ley Nacional 27.350, sancionada en 2017, que autorizó la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados.
Si bien no legalizó el uso adulto, esta ley fue clave porque derogó el enfoque exclusivamente punitivo para determinados usos terapéuticos de la planta y generó el marco jurídico para las políticas públicas que siguieron. Desde entonces, la discusión dejó de ser puramente penal para centrarse en la salud y el acceso a tratamientos.
Del papel a la práctica: nace el REPROCANN
El siguiente hito fue la creación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), una herramienta concreta para hacer efectivo ese nuevo enfoque legal, recién en el año 2021.
El Registro permite que personas con indicación médica puedan acceder a autorizaciones oficiales para cultivar cannabis medicinal para sí mismas, a través de terceros o mediante asociaciones civiles, y también regular la tenencia y el transporte de productos autorizados.
El gran punto de partida fue la Ley Nacional 27.350, sancionada en 2017, que autorizó la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados.
Con el REPROCANN, el acceso dejó de depender solo de productos importados o de mercados informales, y se estableció un mecanismo regulado que vincula a pacientes, profesionales de la salud y cultivadores.
Para noviembre de 2022, más de 170 mil personas llegaron a estar inscriptas bajo este sistema, con permisos que habilitan desde el cultivo de plantas hasta el traslado de flores secas y aceites por todo el país.
Asociaciones civiles y el rol de la sociedad
Desde los primeros años del movimiento por el cannabis medicinal, las asociaciones civiles tuvieron un rol central. Formaron parte del Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Ministerio de Salud, participando en mesas de diálogo y presentaciones formales para mejorar el funcionamiento del REPROCANN y el acceso al tratamiento.
En 2023 se produjo un avance significativo cuando el registro habilitó un perfil específico para ONG. A partir de entonces, estas organizaciones pudieron cultivar cannabis legalmente para representar hasta 150 personas cada una, con límites de plantas y superficies detallados en la normativa vigente.
Esto no solo reconoció la labor histórica de las asociaciones, sino que les dio protecciones legales para cultivar y transportar cannabis medicinal dentro de un marco regulado.
Cambios en el REPROCANN
La historia del REPROCANN no fue lineal. En 2024, el Ministerio de Salud impulsó la Resolución 3132/2024, que introdujo varias modificaciones al sistema de inscripción.
Entre otros cambios, limitó la cantidad de pacientes que un cultivador solidario o una ONG podía representar y exigió requisitos más estrictos para que profesionales de la salud prescriban cannabis, como contar con diplomaturas especializadas para hacerlo.
Con el REPROCANN, el acceso dejó de depender solo de productos importados o de mercados informales, y se estableció un mecanismo regulado que vincula a pacientes, profesionales de la salud y cultivadores.
Estas medidas generaron preocupación en las organizaciones civiles y en profesionales vinculados al movimiento cannábico medicinal. Muchas ONG presentaron propuestas formales para revisar esos requisitos, argumentando que dificultaban el acceso de miles de pacientes que necesitaban tratamiento y que la nueva normativa quedaba desconectada de la realidad social que había dado origen al REPROCANN.
También se produjeron reuniones con autoridades de Salud para evaluar la continuidad y el futuro del registro, ya que había demoras importantes en la evaluación de trámites y en la respuesta a solicitudes de inscripción. Reuniones encabezadas por el secretario de Calidad en Salud y otros funcionarios buscaron garantizar que el REPROCANN funcione con mayor agilidad y claridad.
La actualización normativa de 2025
En mayo de 2025 se publicó la Resolución 1780/2025, que derogó la normativa anterior y buscó reorganizar el marco del REPROCANN.
Esta actualización intentó mejorar la trazabilidad y la seguridad del circuito de producción y acceso al cannabis medicinal, redefiniendo las condiciones para la inscripción de autocultivadores, terceros cultivadores y personas jurídicas autorizadas, así como ajustando los requisitos administrativos.
Aunque el nuevo texto fue presentado como un avance en términos de orden y control, sectores del movimiento cannábico interpretaron que algunos de sus nuevos requisitos podían resultar excluyentes o generadores de obstáculos para la inscripción y el acceso efectivo de pacientes, sobre todo en la categoría de asociaciones civiles.
Estas preocupaciones fueron expresadas públicamente por organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, que consideraron que ciertas exigencias podrían dificultar la participación comunitaria en la provisión de cannabis legal para tratamiento.
Regulación del cannabis en Argentina: las provincias
Mientras la normativa nacional sigue ajustándose, algunas jurisdicciones provinciales comenzaron a desarrollar iniciativas propias para complementar o ampliar el marco regulatorio.
Un ejemplo claro es la provincia de Misiones. A fines de 2024 y principios de 2025, el gobierno provincial presentó un proyecto para crear un registro provincial de cannabis medicinal, denominado RECMI, junto con una agencia provincial de cáñamo y cannabis medicinal y un banco de semillas público como herramientas para impulsar el sector local.
La propuesta misionera, presentada en el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMIBIO), no solo busca facilitar el acceso local a tratamientos, sino también potenciar la industria y la investigación regional, además de articular capacidades productivas con mercados internos y externos. La idea de un foro federal para debatir cannabis con otras provincias indica un interés por construir opciones normativas integradas y autónomas dentro del país.
Además de Misiones, otras provincias como Mendoza también impulsaron proyectos de registros propios orientados al acceso y producción de cannabis medicinal y al soporte a productores locales, articulando estas iniciativas con las políticas nacionales.
Cáñamo: una lucha aparte
Además de los debates sobre el cannabis medicinal, la regulación del cáñamo industrial se convirtió en un capítulo clave en la historia normativa reciente.
La Ley 27.669, sancionada como Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, estableció las bases para que Argentina pueda desarrollar una cadena productiva propia en torno al cáñamo, entendido como toda variedad de Cannabis sativa con menos de 1 % de THC, con potencial para generar empleo, innovación y producción de fibra, grano y usos industriales diversos.
A partir de esta ley se creó una agencia específica para articular estos objetivos: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), pensada como el organismo rector que debía ordenar y fomentar la actividad en ambos frentes.
La Ley 27.669, sancionada como Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, estableció las bases para que Argentina pueda desarrollar una cadena productiva propia en torno al cáñamo
Sin embargo, la implementación de ese plan encontró serios desafíos. Desde su creación, la ARICCAME enfrentó dificultades para emitir autorizaciones habilitantes de forma estable, lo que afectó especialmente la producción y comercialización de semillas y material de propagación.
La intervención del organismo por parte del Poder Ejecutivo en 2024, mediante el Decreto 833/2024, buscó reorganizar su funcionamiento ante una situación de paralización administrativa y falta de operatividad, con la intención de agilizar trámites y unificar procedimientos.
A pesar de estas medidas, sectores de la industria señalaron que la agencia quedó focalizada en etapas iniciales del cáñamo, como la producción de semilla, grano y fibra, sin avanzar en autorizaciones plenas para cannabis medicinal y sin atender la totalidad de los proyectos presentados.
Las tensiones regulatorias continuaron en 2025, cuando una resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) exigió licencias de ARICCAME para inscribir genéticas de cannabis y material de propagación, generando incertidumbre entre criaderos y operadores que buscaban regularizar sus cultivos y variedades bajo los marcos legales existentes.
En ese contexto, organizaciones del sector expresaron la necesidad de clarificar la interacción entre los registros de semillas y las competencias de ARICCAME, para evitar bloqueos y asegurar que la industria del cáñamo y del cannabis medicinal pueda desarrollarse con certidumbre jurídica.
Asimismo, episodios como el intento de disolución de ARICCAME e INASE, finalmente rechazado por el Congreso, pusieron en evidencia la importancia de estos organismos para sostener un régimen normativo robusto y la preocupación de los distintos actores por garantizar la continuidad de la regulación del cáñamo dentro del tejido productivo nacional.
Entre demandas, cambios y futuro
La historia de la regulación del cannabis en Argentina no es lineal, sino un proceso dinámico de construcción colectiva. A partir de una ley marco que abrió el camino, la creación del REPROCANN y su evolución normativa, la participación de asociaciones civiles y las respuestas provinciales, se fue formando un entramado que busca equilibrar acceso, control, participación social y articulación con políticas públicas más amplias.
Hoy, el debate sigue abierto. Las tensiones entre orden administrativo y garantías de acceso, las revisiones normativas, las propuestas locales y las demandas de organizaciones civiles indican que la regulación del cannabis en Argentina está en constante reconfiguración. Cada avance y cada ajuste reflejan no solo decisiones de política pública, sino décadas de activismo, aprendizajes colectivos y la necesidad de respuestas que se adapten a las realidades de pacientes, productores y comunidades.