Argentina tiene leyes que habilitan el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, investigadores que trabajan sobre sus aplicaciones, variedades desarrolladas localmente y emprendimientos que buscan incorporarse a la actividad.
Sin embargo, ese entramado todavía está lejos de funcionar como una industria integrada, capaz de conectar de manera previsible la producción primaria con el procesamiento, la elaboración de productos y su comercialización.
La distancia entre las capacidades existentes y las posibilidades de desarrollo es uno de los puntos centrales del debate sobre el futuro del sector. El problema no se limita a la disponibilidad de tierras, conocimientos o inversiones: también involucra el funcionamiento de los organismos públicos, los procedimientos para obtener autorizaciones y la posibilidad de que las empresas y los productores planifiquen sus actividades a mediano y largo plazo.
Para pensar el problema hay estudios y datos, además de la experiencia de quienes día a día intentan que la industria nacional desarrolle todo su potencial.
Un informe elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz, con la participación de Rolando García Bernado, Brenda Maier y Santiago Kozicki, analiza el proceso regulatorio argentino entre 2017 y 2024. Publicado en 2026 en la revista académica Antropolítica, el trabajo identifica avances en la producción, la investigación y el acceso al cannabis medicinal, pero concluye que las dificultades de implementación limitaron el desarrollo del mercado formal.
El diagnóstico coincide, en varios puntos, con la caracterización que realiza Alejandro Mancuso, integrante de la Cámara de la Industria del Cannabis y el Cáñamo Industrial (CAINCCA): existe una actividad económica en marcha, pero todavía faltan condiciones regulatorias y administrativas para que sus distintos eslabones puedan articularse y crecer.
Una industria que ya empezó a desarrollarse
Desde la sanción de la Ley 27.350, que estableció el marco para el acceso al cannabis medicinal, y de la Ley 27.669, orientada a regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, se fueron conformando diferentes espacios de producción, investigación y desarrollo.
El estudio académico registra la expansión de proyectos científicos y tecnológicos, la aparición de empresas dedicadas a aceites y derivados, la formación de asociaciones civiles vinculadas al cannabis medicinal y la inscripción de genéticas desarrolladas localmente en el Registro Nacional de Semillas.
También identifica la formalización de una cadena comercial de clones, el surgimiento de fabricantes de maquinaria para cultivo y la realización de ensayos agronómicos de cáñamo en distintas regiones del país.
Estos avances muestran que la actividad no depende únicamente de la posibilidad de abrir un mercado en el futuro: ya existen conocimientos, capacidades técnicas y actores económicos que se incorporaron a distintos segmentos de la cadena.
El cáñamo industrial, por ejemplo, abre posibilidades que exceden la producción de flores. Sus aplicaciones potenciales incluyen alimentos, aceites, fibras, textiles, papel y materiales para la construcción, entre otros usos.
Para desarrollar esas alternativas, sin embargo, no alcanza con cultivar la planta: hacen falta instalaciones de procesamiento, tecnologías adecuadas, canales comerciales y reglas que permitan conectar la producción con la industria transformadora.
En el segmento medicinal también intervienen actores con perfiles diferentes: cultivadores, asociaciones civiles, profesionales de la salud, universidades, laboratorios y empresas que desarrollan productos.
La dificultad consiste en articular esas capacidades dentro de un sistema en el que cada participante conozca qué puede producir, bajo qué condiciones y a través de qué mecanismos puede llegar al usuario final.
Las proyecciones económicas y el desafío de convertirlas en actividad real
La dimensión potencial del mercado había sido estimada en el informe El Otro Blanqueo: El Impacto del Cannabis en Argentina, elaborado por el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz, el Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre Cannabis de la Universidad Nacional de Quilmes y CAINCCA.
El trabajo calculó que, bajo un escenario de regulación que contemplara tanto el uso medicinal como el uso adulto, el mercado podría alcanzar los USD 1.697 millones, con una recaudación fiscal anual proyectada de USD 441 millones. Para el segmento medicinal, estimó un mercado de USD 834 millones y una recaudación tributaria cercana a los USD 216 millones.
El informe también proyectó que la industria medicinal podría generar alrededor de 62.000 empleos de tiempo completo.
Son estimaciones construidas a partir de escenarios regulatorios, no cifras de facturación, recaudación o empleo efectivamente alcanzadas. Su relevancia está en dimensionar una oportunidad económica posible y, al mismo tiempo, en poner de relieve la distancia entre ese horizonte y las condiciones actuales de desarrollo.
La existencia de una demanda potencial no garantiza que se transforme en un mercado formal. Para eso se necesitan reglas claras, capacidad administrativa para implementar las normas y una cadena de producción que permita elaborar y comercializar bienes dentro de un marco legal.
El problema de las licencias y la falta de coordinación
En su análisis sobre el período 2017-2024, los investigadores de UNPaz describen una implementación fragmentaria de las normas.
Según el estudio, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) no llegó a estructurar un sistema administrativo eficaz para el otorgamiento de licencias industriales, mientras que el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) también atravesó momentos de limitaciones operativas y burocráticas.
El escenario no se modificó sustancialmente de 2024 hasta hoy: la ARICCAME está intervenida prácticamente desde el inicio del gobierno de Javier Milei, focalizando casi la totalidad de su atención en el cannabis industrial, incluso generando normas muy cuestionadas por los especialistas.
Por su parte, el REPROCANN reportó mejoras significativas en la aprobación de trámites a usuarios medicinales, aunque el proceso de permisos para las ONGs que proveen el cannabis sigue siendo uno de los puntos más críticos.
Los investigadores señalan que la falta de procedimientos consolidados para tramitar autorizaciones y la desconexión entre organismos públicos dificultaron el funcionamiento de proyectos productivos.
También identifica una brecha entre la producción y el acceso medicinal: pese a que la normativa habilitó determinadas vías de acceso, una parte importante de la actividad continuó fuera de los circuitos formales.
Desde CAINCCA, Mancuso describe un problema similar en la articulación entre los organismos que intervienen en la cadena. Según explica, las dificultades no se concentran en una única oficina: involucran a ARICCAME y al Ministerio de Salud, pero también a otras instituciones con competencias sobre semillas, sanidad, medicamentos y producción. “Desde que inició el gobierno de Javier Milei, los organismos vienen desconectados”, sostiene.
Para Mancuso, esa falta de coordinación repercute sobre los productores y emprendedores que buscan incorporarse al sector. También señala que no existe suficiente información pública para conocer con precisión el alcance de algunas autorizaciones productivas.
En el caso del cáñamo, menciona estimaciones de alrededor de 200 licencias agrícolas e industriales, aunque aclara que el sector no dispone de información completa para establecer con certeza cuántas fueron otorgadas.
La incertidumbre administrativa tiene consecuencias económicas concretas: dificulta calcular costos, definir inversiones, evaluar la demanda y anticipar los pasos necesarios para avanzar desde una primera autorización hacia una actividad comercial sostenible.
Asociaciones civiles: una vía de entrada con límites para crecer
Mientras el régimen industrial enfrenta sus propias dificultades, las asociaciones civiles vinculadas al cannabis medicinal se convirtieron en una vía de participación para cultivadores, profesionales y emprendedores.
El estudio académico registró en su momento más de un centenar de asociaciones civiles autorizadas para cultivar para terceros, según información oficial correspondiente a 2024. Estas organizaciones, que siguen creciendo, forman parte de un modelo de acceso medicinal que combina el trabajo de cultivadores, pacientes, profesionales y otros actores.
Mancuso considera que las asociaciones pueden ofrecer una puerta de entrada a la actividad para pequeñas y medianas iniciativas. Pero advierte que todavía existen interrogantes sobre los criterios y la capacidad administrativa para procesar las solicitudes, así como sobre las posibilidades de crecimiento de cada organización.
Según las estimaciones que maneja CAINCCA, habría entre 1.500 y 2.000 asociaciones civiles que solicitaron de alguna forma su incorporación al sistema, frente a unas 200 aprobadas. Se trata de cifras referidas por la cámara, no de un registro oficial consolidado.
El desafío no termina con la aprobación. Una asociación que busca desarrollar un proyecto productivo necesita saber qué actividades podrá realizar, cómo sostendrá sus ingresos, qué límites tendrá para ampliar su escala y qué alternativas legales existen para evolucionar hacia otra figura organizativa.
Aunque la Ley 27.669 contempla la posibilidad de que ciertas asociaciones se conviertan en cooperativas mediante un procedimiento simplificado, Mancuso señala que todavía faltan mecanismos administrativos operativos que permitan llevar esa alternativa a la práctica en el sector.
“¿Qué certidumbre le estamos dando a esa cadena productiva para que se sostenga y se mantenga?”, plantea.
La pregunta refleja un problema que alcanza a más actores que las propias asociaciones: alrededor de cada proyecto se organiza una red de proveedores y trabajadores que incluye cultivadores, ingenieros agrónomos, profesionales de la salud, fabricantes y vendedores de equipamiento, semillas, luces y sustratos, además de servicios logísticos y técnicos.
Sin procesamiento no hay cadena industrial
Otro de los límites que identifica CAINCCA es la falta de desarrollo de algunos eslabones posteriores a la producción primaria. En particular, Mancuso advierte que la posibilidad de cultivar materia prima no resuelve por sí sola la necesidad de contar con laboratorios preparados para procesarla y con empresas capaces de elaborar productos bajo las condiciones regulatorias correspondientes.
En el segmento del CBD, por ejemplo, considera que las condiciones de producción y la disponibilidad de infraestructura de procesamiento pueden restringir la viabilidad económica de los proyectos.
Si la materia prima tiene costos elevados y no existen suficientes capacidades industriales para procesarla con rendimientos previsibles, la inversión queda expuesta a riesgos importantes.
“Hay toda una cadena productiva a la que le falta muchísimo para que sea una realidad”, afirma.
El problema también alcanza a los productores agropecuarios convencionales, que podrían aportar escala y experiencia agrícola, pero que —según el diagnóstico de Mancuso— todavía no cuentan con una vía suficientemente clara para incorporarse a determinados modelos de producción cannábica.
La investigación y el desarrollo representan otro segmento con necesidades específicas. Universidades públicas y organismos científicos han contribuido a impulsar proyectos y capacidades técnicas, pero el paso de la investigación a la comercialización requiere resolver cuestiones de financiamiento, producción, autorizaciones y articulación con empresas u organizaciones que puedan llevar los desarrollos al mercado.
En otras palabras, una industria no se consolida únicamente habilitando el cultivo. Necesita conectar genética, producción agrícola, procesamiento, elaboración, controles de calidad, distribución y comercialización.
Qué podría cambiar con mejoras regulatorias y administrativas
El estudio de la UNPaz sostiene que una regulación más clara e integral permitiría ordenar el sistema, fortalecer el mercado formal y mejorar el acceso al cannabis medicinal.
Entre los problemas que identifica están la falta de estructuras estatales eficaces para asignar licencias, las zonas grises regulatorias y la dificultad para articular las actividades productivas con los circuitos de acceso legal.
Desde esa perspectiva, las mejoras no se reducen a flexibilizar requisitos. También implican establecer procedimientos previsibles, definir responsabilidades entre organismos, publicar información confiable sobre autorizaciones y desarrollar mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el funcionamiento de la política pública.
Para el sector productivo, esas condiciones podrían facilitar la planificación de inversiones y la integración de proyectos que hoy operan con incertidumbre.
Para el cáñamo industrial, podrían ayudar a conectar los cultivos con las industrias transformadoras. Para el cannabis medicinal, permitirían evaluar cómo ampliar las alternativas de producción y procesamiento dentro de los marcos legales vigentes.
Mancuso plantea, además, que es necesario distinguir los modelos de negocio posibles. Una asociación orientada al cultivo, una organización que acompaña a pacientes, una empresa de investigación y desarrollo y un productor agrícola no tienen las mismas necesidades ni deberían evaluarse como si fueran proyectos equivalentes.
Esa diferenciación es importante para diseñar políticas que no solo habiliten formalmente una actividad, sino que también permitan que los distintos actores conozcan sus posibilidades y límites reales.
Una oportunidad que depende de las condiciones de desarrollo
El recorrido del cannabis en Argentina muestra una combinación de avances y obstáculos. Las leyes habilitaron nuevas formas de acceso medicinal y abrieron la posibilidad de desarrollar una industria; en ese proceso aparecieron asociaciones, emprendimientos, proyectos científicos, genéticas locales y experiencias productivas. Pero la falta de coordinación administrativa y de mecanismos regulatorios consolidados limitó la capacidad de convertir esos avances en una cadena de valor integrada.
Las estimaciones de El Otro Blanqueo dimensionan lo que podría representar el mercado bajo determinadas condiciones de regulación. La investigación académica posterior permite observar qué ocurrió durante la implementación de las normas, mientras que el diagnóstico de CAINCCA señala los problemas que todavía enfrentan quienes intentan sostener proyectos concretos.
La cuestión central ya no es solamente cuánto podría valer el mercado del cannabis en Argentina, sino qué condiciones necesita el país para transformar capacidades productivas existentes en una actividad sostenible, con reglas previsibles, inversión, empleo y posibilidades de desarrollo industrial.
El potencial está sujeto a decisiones que todavía deben traducirse en procedimientos efectivos. Entre las capacidades científicas y agrícolas disponibles y una industria consolidada, el principal desafío sigue siendo construir los mecanismos que permitan que los distintos eslabones funcionen como parte de una misma cadena.