En un contexto de incertidumbre por la disolución de organismos clave para la industria del cannabis medicinal, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) emitió un comunicado que podría destrabar inscripciones y renovaciones en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS), gestionado por el INASE.
El interventor Ignacio Ferrari aclaró que no es jurídicamente exigible contar con una licencia previa de ARICCAME para inscribirse o renovar en cualquiera de las categorías del RNCyFS para la especie Cannabis sativa L..
Según el texto oficial, las categorías del registro son generales para todas las especies y no incluyen requisitos específicos para el cannabis medicinal. “La inscripción en el RNCyFS constituye un presupuesto habilitante para las actividades de comercio y multiplicación de semillas en general”, señala el comunicado.
Esto se da en un contexto doblemente complejo. Por un lado, porque ambos organismos (tanto la ARICCAME como el INASE) fueron disueltos por un decreto presidencial. Sin embargo, el DNU recibió el rechazo de la Cámara de Diputados y, de darse el mismo resultado en el Senado, los dos entes continuarían manteniendo sus funciones.
Por otra parte, hace más de un año el INASE suspendió la inscripción de nuevas variedades de cannabis. Y en marzo de 2025 bloqueó la renovación de permisos ya otorgados a productores y comercios. A dicho bloqueo se sucedieron dos prórrogas que permiten que personas físicas y jurídicas sigan operando hasta finales de octubre.
Según esta interpretación hecha por la intervención de la agencia nacional, criadores, productores y comercios podrían iniciar o renovar su inscripción en el RNCyFS sin esperar la aprobación de una licencia de ARICCAME, eliminando un cuello de botella administrativo.
Sin esta inscripción, no es posible comercializar legalmente semillas de cannabis medicinal en Argentina, por lo que el cambio representaría un alivio para quienes buscan formalizar su actividad.
Pero la ARICCAME no tiene competencias sobre el Registro, algo que depende completamente de las autoridades de INASE y, eventualmente, de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Hasta el momento, ni uno ni otro se ha pronunciado respecto a la nota oficial de ARICCAME.
La situación de la industria
En el sector del cannabis regulado, la tensión volvió a escalar cuando el Instituto Nacional de Semillas (INASE) modificó su postura y comenzó a exigir a los obtentores y a quienes buscan renovar las anualidades de sus licencias que presenten una autorización de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este cambio, señala el abogado y referente del sector Luis Osler, dejó a los criaderos “al límite de la ley penal” y a muchos pacientes sin acceso a su medicina.
La posición de ARICaMe no es nueva. Según explica Osler, ya se había expresado en este sentido en cada uno de los amparos en los que participó, incluyendo el presentado por la Cámara de Empresarios de la Industria del Cannabis y el Cáñamo en Argentina (CAINCCA) en noviembre de 2024. En aquel momento, se anticipaba que el organismo buscaba “limitar el cannabis sin justificación”.
La situación se remonta a una serie de medidas restrictivas. “Primero, INASE suspendió la inscripción de nuevos operadores por cuatro meses, prorrogables, argumentando dificultades para controlarlos. Después limitó los registros de variedades aplicando la Resolución 5/21, que restringía la comercialización”, recuerda Osler. En paralelo, ARICCAME sostuvo que nunca se le solicitó una licencia y que jamás se opuso a las autorizaciones otorgadas por INASE. Sin embargo, este último organismo mantuvo su postura y en cada amparo respondía que era necesario tener su licencia.
Para Osler, la lógica de ARICCAME es clara: no se puede cambiar una política de forma abrupta, sobre todo cuando el Ministerio de Salud exige genéticas registradas que solo pueden proveer los criaderos afectados por las decisiones de INASE. “Es absolutamente ilógico dejar a los pacientes sin medicina y a los productores al borde de la ilegalidad”, advierte.
La Cámara intervino activamente en el conflicto. En noviembre pasado, se reunió con el expresidente de INASE y logró una prórroga hasta el 31 de octubre que permitió continuar con las actividades, aunque de forma restringida. También tuvo una participación directa en la reglamentación del Decreto 1780.
Hoy, el panorama parece cambiar. “INASE decía que la responsabilidad era de ARICCAME y ARICAMME le responde que debe seguir trabajando como lo venía haciendo con el Ministerio de Salud. No hay más excusas para que lo haga de otra manera”, asegura Osler.
Desde la Cámara, la recomendación es que tanto personas físicas como jurídicas envíen un mail solicitando la reinscripción para mantener la constancia de inscripción anterior. Además, ante cualquier control policial, deben exigir que se verifique en la página de INASE si figuran en el listado de empresas vigentes, para demostrar que la actividad está en regla.
Para el abogado, las resoluciones recientes de ARICCAME y del Ministerio de Salud refuerzan el argumento. “Lo que se pone en riesgo es el acceso a la salud y, más allá, el derecho al trabajo. No existen más excusas: esto se tiene que reactivar no el 31 de octubre, sino ya. No hay razón para mantenernos en la incertidumbre cuando las dudas que planteaban en los amparos ya fueron resueltas”, concluye.
La voz de los criadores nacionales
Los criadores son uno de los actores centrales de la industria del cannabis. Especialistas en el desarrollo de genéticas desde hace décadas, se transformaron en protagonistas no sólo de la cadena productiva legal, sino también del proceso regulatorio.
“Creemos que la nota de ARICCAME va en sintonía con lo que veníamos reclamando y que era lo correcto. Si bien llegó con demora, esperamos que los organismos la respalden», cuenta a THC Ramiro Gopar, fitomejorador inscripto en el RNCyFS e integrante del Colectivo de Criadores Nacionales.
«Esperamos novedades pronto, poder realizar los pagos de la anualidad y continuar con los trámites de inscripción de genéticas. Nuestra intención siempre fue estar a derecho, registrar y dar trazabilidad», asegura.
Para Gopar, la renovación de permisos y la reapertura del proceso de inscripción de nuevas genéticas permitiría ampliar el abanico de genéticas disponibles para las ONG y los estudios médicos.
«Es una pequeña luz que puede marcar el inicio del reacomodo de la burocracia que ha frenado la industria», afirma y se muestra confiado en la respuesta del INASE. «Confiamos que va a ser rápido, lo que va a destrabar cultivares detenidos hace más de dos años, inscribir nuevos operadores y reactivar inversiones para lo que queda del año y los próximos”.
Aunque la definición de la ARICCAME es clara, queda pendiente que el INASE confirme cómo se gestionará el registro en este escenario de transición.
Para la industria cannábica, lo que hoy es una aclaración administrativa podría convertirse en el punto de partida de una reactivación largamente esperada.