La legalización de la flor de cannabis para uso médico y científico marcó un antes y un después en la política de drogas de Colombia. Con el Decreto 1138 de 2025, publicado el 27 de octubre, el país se convirtió en uno de los pocos de la región que permite oficialmente la producción, comercialización y prescripción de la planta en su forma natural, incluyendo su uso en medicina veterinaria.
La medida, firmada por los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud, busca combinar control sanitario, inclusión rural y desarrollo industrial, con el objetivo de transformar un mercado históricamente criminalizado en una economía regulada, transparente y con beneficios sociales.
Un marco regulatorio que cambia las reglas
Por primera vez, la flor de cannabis es reconocida en Colombia como un producto terminado, lo que significa que podrá venderse y recetarse legalmente a pacientes, siempre que cuente con las autorizaciones del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) o del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).
El Ministerio de Salud destacó que el decreto permitirá garantizar tratamientos más seguros, trazables y de calidad certificada, integrando las terapias con cannabis dentro de la medicina humana y veterinaria. Esta decisión actualiza el marco legal establecido por el decreto 780 de 2016, abriendo paso a una regulación moderna que responde al avance de la evidencia científica y la demanda social.
Además, la normativa diferencia entre productos con alto y bajo contenido de THC. Aquellos con concentraciones mínimas no serán considerados sustancias controladas, lo que facilita el trabajo de universidades, laboratorios e industrias farmacéuticas interesadas en investigar o producir formulaciones no psicoactivas.
Innovación y alivio burocrático
Esta diferenciación es clave para impulsar la innovación terapéutica y la producción de aceites, cremas y extractos con cannabinoides de bajo impacto psicoactivo. Al simplificar los trámites, el gobierno busca que más actores puedan explorar los beneficios médicos del cannabis sin atravesar procesos regulatorios pensados para el control de drogas recreativas.
El Ministerio de Salud explicó que el objetivo es “favorecer un mejor control de calidad y garantizar el acceso de los pacientes a tratamientos seguros y confiables”. En ese sentido, la regulación apunta a un equilibrio entre seguridad pública y acceso sanitario, una tensión que sigue marcando la agenda global del cannabis medicinal.
Inclusión rural: prioridad para los pequeños productores
Uno de los ejes más celebrados del decreto es el componente social. Colombia viene de décadas de guerra contra los cultivos ilícitos, y la nueva norma busca integrar a los pequeños agricultores tradicionales en la economía legal.
Durante los próximos dos años, solo los micro, pequeños y medianos productores podrán abastecer el mercado nacional de flores medicinales, una medida transitoria que pretende fortalecer las economías rurales y reducir la dependencia de los circuitos ilegales.
El Ministerio de Justicia tendrá cinco meses para diseñar un sistema simplificado de licencias, adaptado a la realidad de los campesinos que hasta ahora cultivaban sin marco legal. Según el gobierno, “esta transición es razonable y proporcional, porque refuerza la industria nacional y asegura la participación equitativa de los productores locales”.
Sin embargo, especialistas advierten que la inclusión no será automática. Estefanía Ciro Rodríguez, investigadora del grupo A la orilla del río y colaboradora de la Comisión de la Verdad, señaló que los campesinos de zonas afectadas por el conflicto, como el norte del Cauca, enfrentan barreras técnicas y económicas para cumplir los requisitos de la legalidad.
“La discriminación positiva hacia quienes fueron víctimas del mercado ilegal debe ser más precisa y estricta”, afirmó Ciro Rodríguez a medios colombianos, destacando que sin un apoyo real, la transición puede reproducir las desigualdades del pasado.
Control, seguridad y trazabilidad
El decreto también refuerza los mecanismos de control y vigilancia. Instituciones como el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Invima, el ICA y la Policía Nacional tendrán responsabilidades ampliadas para garantizar que la cadena productiva se mantenga dentro del marco legal y evitar desvíos hacia el narcotráfico.
Los productos considerados “terminados” o “controlados” deberán cumplir con límites estrictos de THC y podrán presentarse en distintas formas farmacéuticas: cápsulas, comprimidos, soluciones, cremas, productos fitoterapéuticos u homeopáticos, según su clasificación sanitaria.
Al mismo tiempo, el gobierno extendió las licencias de investigación no comercial hasta por 24 meses, un impulso concreto a la ciencia local. Universidades, centros médicos y laboratorios tendrán más tiempo y flexibilidad para desarrollar estudios sobre las propiedades terapéuticas del cannabis, sin la presión de renovar permisos cada año.
Los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura tienen ahora cinco meses para establecer las normas técnicas definitivas, que determinarán los estándares de calidad, control y trazabilidad del nuevo mercado.
Una apuesta con desafíos
La medida fue recibida con entusiasmo por la industria y las organizaciones médicas, que la consideran un paso clave hacia un modelo de salud más accesible y basado en evidencia. Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación en territorios rurales y sobre cómo garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades históricamente marginadas.
El nuevo marco legal coloca a Colombia en una posición avanzada frente a otros países de la región, donde la regulación del cannabis medicinal suele limitarse a aceites o extractos. La inclusión de la flor como producto terminado amplía las opciones terapéuticas, permite nuevas investigaciones y genera una oportunidad de desarrollo económico en territorios golpeados por la violencia y la pobreza.
Con el Decreto 1138 de 2025, Colombia consolida su transición hacia un modelo de regulación responsable e inclusiva del cannabis medicinal. La norma no solo amplía el acceso a tratamientos seguros, sino que apuesta por reparar las heridas sociales del prohibicionismo, ofreciendo una alternativa legal a quienes durante años fueron criminalizados por cultivar.
El desafío ahora será convertir esta apertura en una política pública efectiva, con acompañamiento técnico, financiación y una mirada territorial. Si lo logra, el país no solo avanzará en salud y derechos, sino también en justicia social.