El cannabis ya mueve miles de millones en todo el mundo. En Argentina, mientras tanto, una industria con enorme capacidad instalada, talento científico y una red consolidada de empresas y asociaciones civiles sigue esperando un marco que le permita desarrollarse sin trabas. ¿Cuánto dinero y cuántos puestos de trabajo podría generar la regulación del cannabis en Argentina?
El informe “El otro blanqueo: el impacto del Cannabis en Argentina y cómo regularlo”, elaborado por Savio Economics, CAINCCA y el Observatorio de Cannabis de la UNPAZ, pone números y argumentos a una idea que crece: el cannabis puede ser motor de desarrollo, empleo y salud pública, si se lo regula con inteligencia.
Un mercado que ya existe
El estudio parte de una constatación simple: el cannabis en Argentina ya es una economía real, aunque todavía no formalizada.
Entre el mercado medicinal, el uso adulto y los productos industriales, la cadena cannábica mueve recursos, genera empleo y demanda tecnología. Lo que falta es una regulación que deje atrás la lógica prohibicionista de la ley 23.737 y permita ordenar esa energía productiva.
Rolando García Bernado, autor del estudio junto a Nicolás Rodriguez explicó que en materia de regulaciones internacionales sobre cannabis, Argentina atraviesa “una situación un poco paradójica”.
Según detalló, el país logró avanzar más rápido que algunos organismos internacionales como la ONU o la OMS. En 2017, el Congreso nacional sancionó la ley que legaliza el cannabis medicinal, mientras que recién al año siguiente la OMS recomendó tratarlo como una sustancia con atributos medicinales y científicos.
En 2020, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas decidió reclasificar el cannabis, sacándolo de la lista cuatro y pasándolo a la lista uno, reconociendo su uso médico y científico.
“Argentina se adelantó a esos marcos internacionales”, destacó García Bernado, aunque aclaró que no fue un caso aislado. Países como Canadá, Uruguay y varios estados de Estados Unidos ya habían legalizado el cannabis medicinal años antes, incluso décadas atrás en algunos casos.
De acuerdo al informe, en noviembre de 2024 había 79 asociaciones civiles autorizadas para realizar diversas tareas con el cannabis medicinal, más de 3.000 en trámite, 56 proyectos científicos y 6 empresas con licencias provisorias para su producción.
El programa Reprocann, creado en 2020, ya alcanzaba a 190.000 usuarios activos, con un universo potencial estimado en 250.000 personas.
A esto se sumaba una red en expansión de 79 puntos de distribución y un tejido de pymes y cooperativas que desarrollan aceites, insumos agrícolas, servicios de laboratorio y genética vegetal.
Cuánto vale el cannabis argentino
El informe calculó que, aun bajo el marco restrictivo actual, el mercado del cannabis medicinal genera alrededor de 46 millones de dólares anuales.
Si la regulación se ordenara, esa cifra podría multiplicarse por más de 18 veces: el mercado medicinal potencial alcanzaría los 834 millones de dólares, con una recaudación fiscal estimada en 216 millones y más de 62.000 empleos formales.
Si además se incorpora el uso adulto, la proyección llega a un mercado total de entre 1.300 y 1.700 millones de dólares y una recaudación anual de 441 millones, con un impacto en el empleo que podría superar los 100.000 puestos de trabajo.
La recaudación del cannabis medicinal podría construir 579 guarderías, 963 salas maternales o 1.112 laboratorios públicos. Con el uso adulto, los ingresos equivaldrían a 3.392 km de calles asfaltadas, 1.696 km de rutas provinciales o la mejora de 8.600 km de caminos rurales.
Rolando García Bernado señaló que las diferencias en la recaudación vinculadas al cannabis dependen, en gran medida, del tamaño de los distintos mercados y de su nivel de desarrollo.
En los países donde conviven programas de cannabis medicinal, a veces cubiertos por el Estado, como marcos legales para el uso adulto, el equilibrio suele ser claro: “en general, un tercio del mercado total corresponde al cannabis medicinal, y los otros dos tercios al de uso adulto».
Sin embargo, esa proporción puede variar cuando el mercado medicinal está más desarrollado y resulta más accesible.
“A veces puede ser mitad y mitad, sobre todo si las barreras de entrada que imponen los reguladores no son tan estrictas”, señaló.
En esos casos, muchas personas que podrían formar parte del mercado de uso adulto terminan incorporadas dentro de algún programa medicinal, lo que amplía la participación de este segmento.
En cambio, cuando un país solo legaliza el cannabis medicinal y mantiene prohibido el uso adulto, “se está perdiendo al menos la mitad del mercado, si no dos tercios, que permanecen ilegalizados”.
Esa situación, añadió, se traduce directamente en una recaudación mucho menor.
El estudio además interpreta esos números a obras concretas: con la recaudación del escenario medicinal se podrían construir 579 guarderías, 963 salas maternales o 1.112 laboratorios públicos.
En el escenario de uso adulto, los ingresos equivaldrían a 3.392 km de calles asfaltadas, 1.696 km de rutas provinciales o la mejora de 8.600 km de caminos rurales.
El mensaje es claro: regular el cannabis también es política de infraestructura.
Brechas y oportunidades
En Argentina, la falta de un sistema administrativo funcional truncó la cadena de valor del cannabis medicinal. El resultado: productos caros, calidad irregular y riesgo sanitario para los pacientes.
Las ineficiencias regulatorias también afectan a las empresas que, pese a tener infraestructura y certificaciones de calidad, no pueden vender legalmente sus productos dentro del país ni exportarlos con fluidez.
Según el informe, la brecha principal se da entre tres actores: los productores mayoristas, los productores de menor escala agrupados en ONGs y los pacientes.
Mientras las asociaciones sostienen una red territorial vital, las empresas concentran inversión, tecnología y capacidad de producción. La falta de articulación entre ambos niveles genera desperdicio, stock inmovilizado y precios inestables.
El documento propone un cambio de enfoque: no se trata de sustituir a nadie, sino de potenciar lo existente. Integrar a las asociaciones civiles al entramado productivo permitiría formalizar la producción de cannabis de especialidad, fortalecer la trazabilidad y consolidar un mercado nacional de calidad.
Una industria preparada para destacar, en espera
En la última edición de Expo Cannabis, más de 300 empresas, emprendimientos y proyectos relacionados a la planta mostraron que en Argentina el cannabis puede ser el motor de un enorme desarrollo económico e industrial aún dentro de un clima de incertidumbre y restricciones.
Se trata de una cadena de producción completa, algo inédito en otras regulaciones del mundo: desde genéticas registradas, legales y con trazabilidad, hasta servicios de post cosecha.
Esto permite no solamente abastecer a las personas que eligen cultivar para si mismas o para terceros con genéticas de calidad sino también utilizarlas en emprendimientos públicos o privados.
En el medio, una red de growshops y distribuidoras que funcionan como puntos clave para acceder a estas genéticas legales en forma de semillas, esquejes o plantines y además proveen de insumos imprescindibles también de industria nacional como sustratos o fertilizantes.
Una oportunidad de desarrollo
El cannabis puede ser, según el informe, una política industrial además de sanitaria. En un país con 50% de pobreza infantil y economías regionales golpeadas, el desarrollo de la cadena cannábica implicaría nuevos polos productivos, encadenamientos tecnológicos y diversificación exportadora.
Proyectos de investigación genética, laboratorios de control, fitomejoradores y productores públicos de aceite medicinal ya muestran el potencial científico y técnico del país.
El desafío no es solo legalizar, sino ordenar y escalar. De eso se trata este “otro blanqueo”: convertir una economía informal y atomizada en una industria nacional con empleo, trazabilidad y calidad, capaz de competir en el mercado global.
En la última Expo Cannabis, más de 300 emprendimientos relacionados a la planta mostraron que en Argentina el cannabis puede ser un enorme desarrollo económico e industrial aún dentro de un clima de incertidumbre y restricciones.
Para Rolando García Bernado, el principal obstáculo para la legalización del cannabis en Argentina no es social ni económico, sino político. “Hoy la sociedad está abierta, dispuesta a explorar vías de desarrollo económico que hasta ahora fueron inexploradas, como puede ser el cannabis”, explicó.
En su experiencia, cuando se consulta a la gente sobre la posibilidad de acceder de manera más sencilla a productos medicinales derivados del cannabis, “es muy difícil encontrar a alguien que se oponga”.
Diversas encuestas, señaló, muestran que la sociedad argentina tiende a tener una mirada abierta sobre el tema. “El problema es político», sostuvo.
En su visión, esa resistencia es la que impide que el país avance “de una manera más adecuada, más pujante y más ordenada” tanto en la regulación del cannabis medicinal, que ya es legal pero no está del todo bien implementada, como en el debate sobre la legalización del uso adulto.