El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclasificó el cannabis, reconociendo sus usos medicinales y abriendo al puerta a cambios en el escenario legal y científico.
El gobierno estadounidense reubicó el cannabis dentro de una categoría menos restrictiva de la ley federal de sustancias controladas, un movimiento que no legaliza la planta en todo el país, pero sí aliviaría algunas de las barreras que enfrenta la industria y muchos pacientes y usuarios.
Qué busca cambiar Trump y cómo lo haría
Actualmente, bajo la Controlled Substances Act (Ley de Sustancias Controladas) de 1970, el cannabis figura como una sustancia de Lista I, junto con sustancias como la heroína y el LSD, consideradas sin valor médico aceptado y con alto potencial de abuso.
La medida implica reclasificar la marihuana como Lista III, una categoría que agrupa sustancias con valor médico aceptado y un riesgo de abuso menor a la de la Lista I, similar a ciertos analgésicos con codeína o esteroides.
Esa reclasificación no convierte automáticamente al cannabis en una sustancia legal a nivel federal, y sigue siendo ilegal fuera de los marcos estatales donde ya se permite su uso medicinal o recreativo. Sin embargo, modificar su clasificación federal implica ponerlo en un estatus legal con diferencias.
Qué pasa en Estados Unidos con el cannabis
La regulación del cannabis en Estados Unidos está marcada por una división entre leyes federales y estatales. Aunque el uso medicinal es legal en más de 40 estados y el recreativo en más de 20, a nivel federal sigue siendo ilegal, lo que genera conflictos y barreras para el sector, además de riesgos concretos para sus usuarios.
El debate sobre la regulación del cannabis en Estados Unidos lleva décadas, y la actual propuesta de reclasificación se inserta dentro de una tendencia más amplia: un creciente reconocimiento del cannabis como medicina legítima, una expansión de programas estatales legalizados y un cuestionamiento constante de las leyes heredadas de épocas más restrictivas.
Mientras los estados han ido construyendo sus propios mercados legales —tanto medicinales como recreativos— la política federal ha quedado rezagada, generando tensiones legales y económicas que ahora podrían estar a punto de resolverse parcialmente con este movimiento propuesto de la administración Trump.
El intento de reclasificación no nace de la nada: en 2022, la administración del entonces presidente Joe Biden pidió formalmente al Departamento de Salud y Servicios Humanos que revisara la clasificación del cannabis, con resultados que respaldaron un cambio de estatus, aunque el proceso administrativo quedó en pausa durante años.
Biden incluso mencionó que la reclasificación era necesaria para que la ley reflejara la evidencia científica disponible. Pero el trámite complejo—que requiere revisiones de agencias como la DEA y la FDA, y potencialmente procesos judiciales—ha mantenido el tema en un limbo hasta ahora.
Consecuencias positivas esperadas
Cuáles podrían ser concretamente los efectos beneficiosos de aplicarse esta reclasificación.
1. Alivio fiscal para la industria
Uno de los efectos más citados sería la corrección de un problema fiscal que hoy asfixia al sector: bajo la clasificación actual, las empresas de cannabis no pueden deducir costos operativos comunes en sus declaraciones de impuestos, lo que eleva efectivamente sus tasas impositivas a niveles muy altos.
Pasar a Lista III permitiría que esas compañías dedujeran gastos ordinarios, reduciendo la carga fiscal y mejorando la competitividad frente a mercados ilícitos.
2. Posible acceso a servicios financieros
Aunque el cambio de estatus no garantiza automáticamente que los bancos comiencen a trabajar con empresas de cannabis, podría sentar las bases para que instituciones financieras se sientan más seguras al ofrecer cuentas, créditos o servicios tradicionales, algo que hoy está restringido por el riesgo federal asociado a Lista I.
3. Más posibilidades para investigación médica
Actualmente, la investigación sobre cannabis está limitada por los requisitos para estudiar sustancias de Lista I. Reclasificarlo podría facilitar ensayos clínicos y estudios científicos, permitiendo un mejor entendimiento de sus efectos terapéuticos y potenciales aplicaciones médicas.
4. Reducir condenas por delitos menores
Aunque la posesión, producción o distribución seguiría siendo técnicamente ilegal federalmente, algunos defensores señalan que la reclasificación podría permitir la reducción de penas federales asociadas a ciertos delitos menores relacionados con cannabis.
¿Qué no cambiaría? Límites y cautelas
Es importante aclarar que reclasificar cannabis a Lista III no equivale a legalización federal completa. Aun con este cambio, el cannabis seguiría siendo ilegal bajo la ley federal, y las leyes estatales seguirían regulando su venta y uso dentro de sus fronteras.
Además, la designación Lista III podría poner al cannabis bajo una mayor supervisión de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), lo cual implicaría nuevos requisitos de calidad y control que podrían favorecer a grandes productores farmacéuticos en detrimento de pequeños cultivadores o dispensarios locales.
Organizaciones de la industria han advertido que, sin cambios adicionales en otras áreas—como derechos de propiedad intelectual, licencias farmacéuticas o regulación de productos—puede surgir una paradoja en la que la industria quede atrapada entre normativas más estrictas y una legalización incompleta.
Miradas críticas
Mientras que muchos en la industria y algunos políticos celebran la reclasificación como un avance significativo, parte del movimiento por la legalización total del cannabis critica la medida por ser insuficiente.
Grupos como NORML (National Organization for the Reform of Marijuana Laws) sostienen que mover la planta a Lista III sin avanzar hacia la desclasificación completa, no resuelve el conflicto estructural entre las leyes estatales y federales, ni elimina los principales obstáculos legales y comerciales que enfrenta el sector.
Desde esta perspectiva, cualquier cambio que no incluya la eliminación del cannabis de la lista de sustancias controladas perpetúa la incoherencia de un sistema en el que la mayoría de los estados permite el uso medicinal o recreativo, pero la ley federal aún criminaliza esos mismos actos fuera del marco estatal.