El Senado de Estados Unidos aprobó una medida que prohíbe los productos de cáñamo con THC, generando alarma en el sector y reabriendo un debate que parecía cerrado desde la legalización del cáñamo industrial en 2018.
La decisión, incluida en el nuevo paquete presupuestario para reabrir el gobierno tras la crisis más larga de su historia, podría eliminar hasta el 95 % del mercado de cannabinoides derivados del cáñamo, según estimaciones de la propia industria.
El regreso de la guerra contra el THC
El proyecto fue impulsado por el liderazgo republicano en el Senado y respaldado por el presidente Donald Trump, quien reafirmó su apoyo a la “nueva definición de cáñamo legal”. La medida redefine la planta de Cannabis sativa como aquella que contenga menos de 0,3 % de THC total, incluyendo no solo el delta-9 THC (el componente psicoactivo clásico), sino también delta-8, delta-10, THCA y cualquier otro isómero con efecto similar.
Esto significa, en la práctica, que miles de productos actualmente legales, como bebidas con THC ligero, aceites, comestibles y vaporizadores de cáñamo, quedarían prohibidos. El texto además impone un límite máximo de 0,4 miligramos de THC total por envase, un umbral imposible de cumplir para la mayoría de las marcas en el mercado estadounidense.
El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, intentó eliminar esta disposición con una enmienda para proteger a los productores, pero su propuesta fue rechazada por una amplia mayoría: 76 votos contra 24.
“Mi enmienda buscaba evitar que se destruyera una industria entera”, dijo Paul. “La ley, tal como está redactada, ignora la voluntad de los usuarios y destruye el sustento de miles de granjas y pequeños comercios”.
El apoyo de Trump y el fin de la “zona gris” del cáñamo
El presidente Trump respaldó públicamente el texto, alineándose con el senador Mitch McConnell, histórico defensor de la legalización del cáñamo en 2018 y ahora uno de sus mayores críticos. Según McConnell, los productores “explotaron un vacío legal” al vender cannabinoides psicoactivos como el delta-8 THC bajo la etiqueta de cáñamo, burlando así las regulaciones estatales sobre cannabis.
“Esta nueva definición protege a los niños de productos peligrosos y mantiene la integridad del cáñamo agrícola”, aseguró el líder republicano.
La Farm Bill de 2018 había legalizado el cáñamo a nivel federal, pero solo regulaba el contenido de delta-9 THC. En los años siguientes, laboratorios y empresas aprovecharon esa omisión para sintetizar isómeros psicoactivos del THC, como el delta-8, a partir de cannabidiol (CBD), vendiéndolos libremente en gasolineras y tiendas online sin controles sanitarios.
Con la nueva ley, todo el espectro del THC quedará bajo prohibición federal, y las agencias reguladoras como la FDA deberán publicar, en un plazo de 90 días, una lista oficial de cannabinoides naturales y psicotrópicos, allanando el terreno para sanciones y decomisos masivos.
Un golpe al corazón de la industria del cáñamo
Para las empresas del sector, la medida equivale a una sentencia de muerte. Según la U.S. Hemp Roundtable, la organización más influyente del rubro, la prohibición podría destruir 300.000 empleos y costarle a los estados más de 1.500 millones de dólares anuales en impuestos.
“Nuestra industria está siendo usada como moneda de cambio política”, denunció Jonathan Miller, asesor legal del grupo. “Recriminalizar el cáñamo no solo cerrará miles de negocios, también afectará a millones de usuarios que usan cannabinoides no psicoactivos para dormir, relajarse o aliviar el dolor”.
El contexto económico agrava la situación. En estados como Kentucky, cuna histórica del cultivo de cáñamo, los precios agrícolas caen y las exportaciones se reducen. Muchos agricultores que apostaron por este cultivo en los últimos cinco años ahora enfrentan el colapso total de su inversión.
División entre el cannabis legal y el cáñamo industrial
La nueva normativa expuso una fractura interna en la industria cannábica estadounidense. Mientras los productores de cáñamo denuncian persecución, varios actores del mercado de cannabis regulado celebran la medida. Argumentan que los productos psicoactivos de cáñamo compiten de forma desleal, al venderse sin impuestos ni controles sanitarios, y que su eliminación nivelará el terreno comercial.
“El sector regulado podrá volver a operar sin tener que competir contra vendedores ilegales disfrazados de empresarios del cáñamo”, declaró Trent Wolobeck, director de estrategia de la compañía Jushi Holdings.
A la presión se sumaron grandes grupos del alcohol, como la American Distilled Spirits Alliance, el Beer Institute y el Wine Institute, que enviaron una carta conjunta al Senado apoyando la prohibición. Su argumento: los productos de cáñamo con THC compiten directamente con bebidas alcohólicas y carecen de los mismos estándares regulatorios.
Empresas como Coca-Cola, Kraft Heinz y Nestlé también habrían presionado para endurecer la ley, alegando preocupaciones sobre “seguridad del usuario y cumplimiento normativo”.
Una guerra política en clave económica
La inclusión de la medida dentro del plan de gasto federal que busca reabrir el gobierno generó aún más controversia. Rand Paul denunció que la industria del cáñamo fue usada como “rehén legislativo” en las negociaciones entre republicanos y demócratas para destrabar el presupuesto.
El Senado aprobó el texto con amplio consenso bipartidista, pero el proyecto aún debe pasar por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio de Trump. Si se aprueba, redibujará el mapa de la industria cannábica estadounidense, separando definitivamente el destino del cáñamo del del cannabis regulado.
Paul ya adelantó que presentará una alternativa: el HEMP Act, una ley que elevaría el límite de THC permitido en el cáñamo y establecería controles modernos, sin prohibir cannabinoides naturales. Pero por ahora, el clima político no parece favorable.
“La ironía, dicen algunos analistas, es que el mismo gobierno que legalizó el cáñamo en 2018 podría ser el que lo haga desaparecer en 2025”.
A siete años de la “revolución verde” que permitió cultivar cáñamo en casi todo el país, Estados Unidos podría estar a punto de desmantelar una industria que generó miles de empleos rurales y nuevos modelos de negocio.
El proyecto del Senado marca un giro conservador que mezcla moral, economía y política: proteger a los productores tradicionales de cannabis y alcohol, cerrar la brecha legal del delta-8 y al mismo tiempo dar una señal de orden federal tras meses de caos legislativo.
Para los agricultores que apostaron por el cáñamo como alternativa sostenible, la noticia se siente como una traición. “Nos vendieron un sueño de libertad agrícola”, dijo un productor de Tennessee, “y ahora nos lo arrebatan en nombre del orden”.