Desde hace décadas, las políticas de drogas en América Latina son presentadas como una herramienta para combatir al narcotráfico y reducir la circulación de sustancias ilegales.
Sin embargo, una creciente cantidad de investigaciones internacionales fueron demostrando que los costos humanos no sólo son altísimos, sino que no se distribuyen de manera uniforme.
Entre los grupos más afectados aparecen las mujeres, especialmente aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad económica y tienen responsabilidades de cuidado.
Aunque los hombres siguen siendo mayoría dentro de las cárceles de la región, los estudios muestran que las mujeres están sobrerrepresentadas en las condenas por delitos de drogas. En otras palabras: proporcionalmente, una parte mucho mayor de las mujeres privadas de libertad está encarcelada por delitos vinculados a drogas que la que se observa entre los hombres presos.
Según el informe Mujeres detrás de las rejas por delitos vinculados a drogas en América Latina, publicado por el International Drug Policy Consortium (IDPC), los delitos de drogas constituyen una de las principales causas de encarcelamiento femenino en América Latina.
En Argentina, en un contexto donde la violencia sobre las mujeres vuelve a mostrarse de manera brutal, es preciso ir a los datos para ver cómo las políticas prohibicionistas reflejan la misma realidad.
Quiénes terminan en la cárcel
Una de las conclusiones más repetidas por la literatura especializada es que las mujeres encarceladas por delitos de drogas rara vez ocupan posiciones de liderazgo dentro de organizaciones criminales.
La guía Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento, elaborada por Women and Harm Reduction International Network (WHRIN), señala que muchas mujeres privadas de libertad por delitos de drogas participaron en actividades de baja escala, como transporte, almacenamiento, venta minorista o tareas logísticas vinculadas a mercados ilegales.
Esto no implica desconocer la existencia de delitos ni justificar esas actividades. Lo que destacan los investigadores es que las estrategias de persecución suelen concentrarse sobre los sectores más visibles y vulnerables de las cadenas ilegales, mientras que los actores con mayores niveles de organización y capacidad económica suelen estar menos expuestos a la intervención policial cotidiana.
El resultado es una paradoja: las políticas diseñadas para combatir grandes estructuras criminales terminan impactando con especial intensidad sobre personas que ocupan posiciones periféricas dentro de esos mercados.
Pobreza, cuidados y desigualdad
Los estudios regionales muestran perfiles sociales recurrentes entre las mujeres encarceladas por delitos de drogas.
Según WHRIN, se trata frecuentemente de mujeres jóvenes, jefas de hogar, con hijos a cargo, bajos ingresos, empleos precarios y acceso limitado a redes de protección social.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha advertido que las políticas de drogas pueden profundizar desigualdades preexistentes cuando no contemplan las condiciones específicas que enfrentan muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.
Desde esta perspectiva, el problema no radica únicamente en la existencia de delitos, sino en cómo determinados contextos sociales y económicos incrementan la exposición de algunas personas al sistema penal.
El impacto sobre las familias
El encarcelamiento femenino suele generar consecuencias que exceden ampliamente a la persona condenada.
Diversos organismos internacionales han señalado que las mujeres privadas de libertad tienen mayores probabilidades de ser cuidadoras principales de niños, niñas, personas mayores o familiares con problemas de salud.
Cuando una mujer es encarcelada, las consecuencias pueden incluir la pérdida de ingresos familiares, dificultades en la escolaridad de los hijos, interrupción de redes de cuidado y mayores niveles de vulnerabilidad económica para todo el núcleo familiar.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado la necesidad de incorporar enfoques de género en las políticas criminales precisamente por estos efectos diferenciados.
Cannabis: una dimensión particular
En el caso del cannabis aparecen además situaciones que históricamente generaron tensiones entre salud pública y persecución penal.
Antes de la creación del REPROCANN y de los avances regulatorios de los últimos años en Argentina, numerosas madres, cuidadoras y familiares cultivaban cannabis para elaborar preparados destinados a personas con distintas patologías.
Durante años, muchas de esas prácticas quedaron en una zona de incertidumbre jurídica. Actividades vinculadas al cuidado y a la búsqueda de tratamientos terapéuticos podían ser interpretadas bajo figuras penales originalmente diseñadas para perseguir mercados ilegales.
La expansión del acceso regulado al cannabis medicinal modificó parcialmente este escenario, aunque distintas organizaciones continúan señalando la necesidad de profundizar las reformas para evitar situaciones de criminalización asociadas al cultivo con fines terapéuticos.
Una discusión sobre eficacia
Las investigaciones que analizan el impacto de las políticas de drogas no plantean la eliminación de la persecución de delitos complejos ni cuestionan la necesidad de combatir organizaciones criminales.
La discusión apunta a otro aspecto: la eficacia de las estrategias utilizadas.
Si después de décadas de endurecimiento penal los mercados ilegales continúan operando, pero las cárceles concentran una proporción creciente de mujeres pobres, cuidadoras y actores de baja escala, surge una pregunta inevitable sobre los resultados del modelo.
El informe del IDPC sostiene que los datos disponibles obligan a revisar cómo se aplican las leyes de drogas y quiénes terminan soportando sus consecuencias más severas.
Más allá de las sustancias
La discusión sobre las políticas de drogas suele centrarse en las sustancias, los consumos o las regulaciones.
Sin embargo, la evidencia acumulada durante los últimos años muestra que también existe otra dimensión: la distribución social del castigo.
Los datos disponibles en América Latina indican que las mujeres, especialmente aquellas atravesadas por condiciones de pobreza y responsabilidades de cuidado, reciben una parte desproporcionada de los costos humanos del prohibicionismo.
Comprender esa realidad no implica justificar conductas ilícitas. Implica preguntarse si las políticas públicas están alcanzando los objetivos que declaran perseguir y quiénes terminan pagando el precio cuando no lo hacen.