El sábado 28 de noviembre se realizará la 17.ª Marcha Nacional de la Marihuana en Argentina. La convocatoria será a las 14 en Plaza de Mayo, desde donde la movilización partirá a las 16.20 rumbo al Congreso de la Nación. Bajo consignas contra la criminalización de las personas usuarias y cultivadoras, usuarios, usuarias, cultivadores, pacientes y sus familias reclamarán una nueva ley de drogas que deje atrás el paradigma prohibicionista.
La marcha volverá a poner en el centro del debate una contradicción que atraviesa la política argentina sobre cannabis: mientras en los últimos años se aprobaron normas que habilitaron el uso medicinal, el cultivo autorizado y el desarrollo de una industria regulada, la Ley 23.737 continúa vigente y mantiene la criminalización de las personas que usan la planta.
La convocatoria de este año plantea cuatro ejes centrales: el fin de las detenciones de personas por cannabis, el rechazo al prohibicionismo, el cuestionamiento a la violencia machista y patriarcal y el reclamo por una nueva legislación de drogas.
Además, la Mesa de Organización del AMBA impulsará en Plaza de Mayo un intercambio solidario de semillas y clones por elementos de limpieza e higiene destinados a personas detenidas por causas vinculadas al cannabis. La iniciativa contará con la colaboración de cultivadores, breeders, bancos de semillas y distribuidoras nacionales que aportarán material genético.
La propuesta ya tuvo una primera experiencia durante la Marcha Mundial de la Marihuana de mayo pasado, cuando miles de personas accedieron a distintas genéticas mientras se fortalecía una red de apoyo para personas criminalizadas por la Ley 23.737. Desde la organización destacaron que la acción busca promover la cooperación, la autonomía y la soberanía genética, visibilizar el trabajo de los productores locales y construir redes concretas de acompañamiento frente a la vulneración de derechos.

Una ley que lleva casi cuatro décadas
La Ley 23.737 fue sancionada en septiembre de 1989 y continúa siendo el principal instrumento legal para perseguir delitos relacionados con estupefacientes en Argentina. Su aplicación alcanza tanto al tráfico como a distintas conductas vinculadas con la tenencia, el cultivo y la producción de sustancias prohibidas.
La normativa se aprobó en un contexto internacional marcado por la consolidación de la llamada guerra contra las drogas. El modelo prohibicionista, impulsado durante décadas a escala global, se profundizó en América Latina durante los años 70 y encontró continuidad en las políticas de seguridad de las décadas posteriores.
En Argentina, el debate sobre la criminalización del uso de marihuana también atravesó diferentes etapas judiciales. En 1986, el fallo Bazterrica de la Corte Suprema estableció límites a la penalización de la tenencia para consumo personal. Sin embargo, en 1990, el fallo Montalvo volvió a respaldar su punición.
En 2009, la Corte Suprema retomó el criterio de protección de las acciones privadas en el fallo Arriola, al declarar inconstitucional la aplicación de la pena por tenencia para consumo personal en determinadas circunstancias. Pero el fallo no derogó la Ley 23.737 ni estableció una legalización general del cannabis.
Desde entonces, la situación continúa marcada por una tensión entre los criterios constitucionales que protegen la privacidad y una legislación que sigue habilitando intervenciones policiales y judiciales sobre usuarios y cultivadores.
De la prohibición a los avances regulatorios
En los últimos años, el escenario argentino comenzó a experimentar cambios importantes. En 2017 se sancionó la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal, que abrió la puerta a la investigación científica y al desarrollo de políticas públicas vinculadas al uso terapéutico de la planta.
Posteriormente, la creación del REPROCANN permitió que pacientes con indicación médica accedieran a autorizaciones para cultivar cannabis de manera individual, a través de terceros o mediante organizaciones habilitadas.
El sistema representó un avance para miles de personas que hasta entonces dependían exclusivamente de circuitos informales o de productos importados. Sin embargo, su implementación también estuvo atravesada por demoras administrativas, cambios normativos y dificultades de acceso.
En paralelo, la Ley 27.669 estableció un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. La creación de organismos específicos y la puesta en marcha de diferentes mecanismos de licencias ampliaron las posibilidades de producción e investigación.
Pero esos avances no modificaron de manera integral la legislación penal. El cultivo y la tenencia que no se encuentran contemplados dentro de las autorizaciones vigentes continúan expuestos a la aplicación de la Ley 23.737.
El reclamo por las personas criminalizadas
Uno de los principales ejes históricos de la Marcha Nacional de la Marihuana es el rechazo a la persecución de usuarios y cultivadores. Las organizaciones denuncian que la prohibición sigue generando allanamientos, detenciones, causas judiciales y situaciones de violencia institucional.
La problemática no se limita a quienes cultivan para uso personal. También alcanza a cultivadores solidarios, organizaciones comunitarias, pacientes y personas que participan de diferentes formas en la producción y circulación de cannabis.
A lo largo de los años, la movilización incorporó reclamos por la libertad de personas detenidas por cultivar, el cierre de causas judiciales, la reparación de quienes fueron afectados por la política prohibicionista y el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias.
En distintas ediciones, las organizaciones también reclamaron una regulación que contemple todos los usos de la planta y que no se limite exclusivamente al cannabis medicinal.
Una movilización con historia
La Marcha Nacional de la Marihuana se convirtió en uno de los principales espacios de expresión del movimiento cannábico argentino. Desde sus primeras convocatorias, la movilización reunió a usuarios, cultivadores, organizaciones sociales, familiares de pacientes, profesionales de la salud, activistas y referentes políticos.
Con el paso de los años, las consignas fueron incorporando nuevas demandas. La discusión sobre el cannabis medicinal, la regulación de los clubes y asociaciones, el reconocimiento del cultivo solidario, el desarrollo de la industria y la reparación histórica de las personas criminalizadas se sumaron al reclamo original por el fin de la prohibición.
La marcha también funcionó como un espacio de encuentro para una comunidad que, durante décadas, construyó redes de información, solidaridad y organización en un contexto de ilegalidad.
¿Por qué una nueva ley de drogas?
Los avances regulatorios alcanzados hasta ahora no son suficientes mientras continúe vigente una legislación que criminaliza distintas prácticas vinculadas al cannabis.
El reclamo apunta a reemplazar el paradigma prohibicionista por un modelo que contemple los derechos humanos, las libertades individuales, la salud pública y las particularidades de los diferentes usos de las sustancias.
La discusión también involucra el funcionamiento de las políticas de seguridad. La persecución de usuarios y cultivadores no resuelve el problema del narcotráfico y genera consecuencias sobre personas y comunidades que no participan de redes criminales.
La demanda por una nueva ley de drogas busca, en ese sentido, revisar las herramientas legales y policiales utilizadas durante décadas, así como discutir qué políticas públicas deberían reemplazarlas.
La convocatoria del 28 de noviembre
La 17.ª Marcha Nacional de la Marihuana se realizará el sábado 28 de noviembre. La concentración está prevista para las 14 en Plaza de Mayo y la movilización partirá a las 16.20 rumbo al Congreso de la Nación.
Desde la Mesa de Organización de la Marcha de Marihuana del AMBA convocaron a organizaciones culturales, sociales, políticas y sindicales a acompañar la jornada.
El reclamo central será por una nueva ley de drogas que permita dejar atrás el prohibicionismo y avanzar hacia una política respetuosa de los derechos humanos y las libertades individuales.
A casi cuatro décadas de la sanción de la Ley 23.737, el movimiento cannábico volverá a las calles para sostener una demanda que atraviesa generaciones: que el Estado deje de perseguir a las personas por cultivar o consumir cannabis y abra una discusión integral sobre las políticas de drogas en Argentina.

