La provincia de Mendoza activó un nuevo paquete de herramientas regulatorias que marca un antes y un después para el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en su territorio.
Con este paso, la provincia busca ordenar la actividad, garantizar estándares sanitarios y de trazabilidad, y generar condiciones reales para que proyectos públicos y privados puedan crecer con previsibilidad.
La implementación surge de la primera etapa productiva del decreto reglamentario de la Ley 9617, que establece el marco legal mendocino para ambas actividades.
A partir de este lanzamiento, la Provincia avanzaría sobre dos ejes simultáneos: la adecuación de los proyectos ya autorizados a nivel nacional y la creación de un sistema específico para el cáñamo industrial.
Además implicaría garantizar un derecho consagrado: el acceso al cannabis medicinal para quienes lo necesitan.
Resolución 709 MendozaUn puente entre Nación y Provincia: el Régimen de Adecuación Simplificada
Uno de los puntos centrales es la creación del Régimen de Adecuación Simplificada, una herramienta diseñada para que proyectos que ya cuentan con autorizaciones nacionales —ya sea mediante la Ley 27.350 (cannabis medicinal) o el INASE (semillas y genéticas)— puedan integrarse al sistema provincial sin interrumpir su funcionamiento.
Este mecanismo exige a las empresas y organizaciones presentar:
- Un Plan de Adecuación, donde se detallan los ajustes necesarios para alinearse con la normativa mendocina.
- Un Plan de Cultivo, que permite el seguimiento técnico y sanitario de cada etapa productiva.
A partir de esa información, la Provincia otorga un Certificado de Adecuación, que habilita la continuidad de las operaciones mientras se realizan los controles previstos.
Las resoluciones también fijan obligaciones, causales de suspensión o revocación, y un sistema de auditorías para garantizar buenas prácticas y trazabilidad.
La medida apunta a resolver un problema de larga data: la falta de articulación entre las habilitaciones nacionales y las provinciales, que obligaba a los desarrollos a navegar entre normativas superpuestas y vacíos regulatorios.
Un marco específico para el cáñamo industrial: permisos, trazabilidad y controles
La segunda herramienta clave es la regulación de los Permisos Provinciales de Cáñamo Industrial, que ordena una actividad con enorme potencial productivo pero históricamente relegada en Argentina.
El esquema mendocino crea permisos para:
- Cultivo agrícola de cáñamo
- Procesamiento industrial
- Transporte del material vegetal
Todo el sistema se articula con la normativa nacional de ARICCAME, pero incorpora reglas propias que buscan dar mayor precisión y seguridad jurídica. Entre ellas:
- Plan de Cultivo obligatorio, con datos agronómicos y sanitarios.
- Sistema Provincial de Identificación Genética (SPIG-BCP): una herramienta novedosa que asigna un código de trazabilidad al material vegetal para garantizar su origen y evitar desviaciones.
- Requisitos estrictos sobre el origen genético, para asegurar que se utilicen variedades autorizadas.
- Guías de transporte obligatorias, que acompañan cada movimiento del cultivo o sus derivados.
- Auditorías periódicas, tanto agrícolas como industriales.
Los permisos también incluyen a proyectos que ya tienen licencias nacionales —públicos o privados—, que deberán adecuarse al nuevo esquema provincial para alinearse a estándares comunes.
Resolución 710 MendozaSalud pública, tecnología y desarrollo económico
El paquete regulatorio mendocino no solo busca ordenar una actividad emergente: también apunta a consolidar un modelo de desarrollo que prioriza la salud pública, la trazabilidad y la previsibilidad para las inversiones.
Con estas herramientas, Mendoza buscaría:
- Generar seguridad sanitaria, controlando la calidad del cannabis destinado a uso medicinal.
- Asegurar trazabilidad completa, desde la genética hasta el producto final.
- Brindar certeza jurídica para empresas, instituciones y cooperativas que buscan invertir y desarrollarse.
- Impulsar nuevas oportunidades productivas, especialmente en torno al cáñamo industrial, un cultivo capaz de generar alimentos, fibras, bioplásticos, materiales de construcción y biomasa.
Acompañar una industria en expansión
En un contexto nacional marcado por demoras regulatorias y dificultades para aplicar plenamente las normas vigentes, el movimiento de Mendoza adquiere un peso particular.
Sectores productivos, científicos y sanitarios ven en este marco provincial la posibilidad de una vía concreta para evitar la parálisis que afecta a proyectos en otras jurisdicciones.
Ordenar la actividad desde una mirada sanitaria y productiva no solo protege a los pacientes y usuarios, sino que también fortalece a un sector capaz de generar empleo, innovación y valor agregado.
La Provincia podría posicionarse así como una referencia en un momento donde el país atraviesa un debate crucial sobre cómo regular con claridad y eficiencia una industria con fuerte potencial económico y científico.
Acceso y producción legal
Con esta puesta en marcha, Mendoza podría inaugurar una etapa en la que tanto el cannabis medicinal como el cáñamo industrial tendría la posibilidad de crecer bajo un marco claro, fiscalizable y estable, garantizando derechos.
La combinación de adecuación, trazabilidad genética, controles sanitarios y permisos industriales configura un sistema integral que permitiría fiscalizaciones lógicas y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo y el acceso a la planta.
Con este paso, la provincia no solo define reglas, sino que habilitaría caminos para que quienes producen, investigan o procesan cannabis puedan hacerlo dentro de un marco confiable y profesional, y con eso aseguraría el acceso al cannabis medicinal para quienes lo necesitan.