En un contexto de retroceso en los derechos de la comunidad cannábica a nivel nacional, organizaciones y colectivos de la provincia de Buenos Aires decidieron unirse en una iniciativa que busca fortalecer la organización territorial, visibilizar saberes populares y construir una política pública inclusiva y participativa. La «Red de Movimiento Cannábico Autoconvocado» surgió como respuesta a la necesidad de unir fuerzas con el objetivo de resistir a las crecientes persecuciones y avanzar en la defensa del derecho al cultivo, acceso a la salud, y reconocimiento cultural.
Un movimiento autoconvocado
Desde organizaciones como Cannabis Medicinal Bahía Blanca, RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos y Madres Cultivadoras Argentinas, se impulsó la conformación de esta red colectiva, que busca generar estrategias conjuntas para denunciar el vaciamiento de políticas públicas y el recrudecimiento de la persecución a a quienes hacen uso y cultivo de cannabis, incluso en el marco de leyes nacionales que todavía no logran garantizar los derechos.
Claudia Pérez, representante de Madres Cultivadoras Argentinas, explicó: «Nos impulsa la avanzada en retroceso en materia de derechos, no solo en salud sino en toda la persecución y allanamientos. La formación de esta red nos va a fortalecer y nos permitirá construir herramientas para resistir y defender nuestros derechos legítimos”.
Además, destacó que la comunidad organizada viene brindando respuestas valiosas a la población desde hace casi una década, mientras el Estado aún no cumple con esa función esencial.
Pérez subrayó que la iniciativa además busca ser representativa de toda la comunidad: «Cada voz cuenta y cada realidad vale. Nos interesa conocer cómo se trabaja en cada territorio, cuáles son las problemáticas, y que cada organización tenga oportunidad de expresar su recorrido y necesidades».
La propuesta apuesta por una participación genuina para conformar una legislación que contemple los saberes y realidades de todos los actores del sector.
Karina Romanelli, presidenta de Cultivo Mi Medicina en Bahía Blanca, agregó: «Queremos una ley real, inclusiva, que reconozca el trabajo silencioso de las madres, la economía popular y la comunidad en general. Sin comunidad, no hay cuidado ni producción posible».
La idea es promover el reconocimiento del cultivo solidario, el acceso a semillas con trazabilidad, y el trabajo de las mujeres que sostienen desde la economía popular y el cuidado familiar.
Una visión que trasciende la política legal.
María Solange Noblia, integrante de RESET y becaria de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, afirmó: «Nuestro rol desde el Trabajo Social y la organización es acompañar, visibilizar y disputar sentidos. Nos enfrentamos a una política de prohibición que ha sido colonial, racista y excluyente. La planta, que fue medicina ancestral y símbolo de cultura, hoy es territorio de disputa».
Desde su mirada, la resistencia se teje en la cotidianeidad y en la organización comunitaria, no solo en la formulación de leyes. Noblia agregó: «La autonomía y el cuidado en los territorios son formas de resistencia. La red es una potencia que florece en los márgenes, que no se rinde frente a las políticas que buscan criminalizar y estigmatizar».
En esa línea, todos coinciden en que la construcción conjunta puede contribuir a una legislación que priorice derechos humanos, soberanía y justicia social en el sector.
Desde esta visión compartida, las organizaciones buscan presentar propuestas de políticas públicas y leyes que pongan en valor la diversidad, la autonomía y los saberes populares. La voluntad política existe, pero considera que la verdadera transformación requiere de la participación activa y la articulación territorial.
Claudia Pérez finalizó: «Ojalá que más organizaciones, productores, usuarios y actores sociales se sumen a esta red. Cuanto más plural y diversa, más fuerte será nuestra voz y mayor será la posibilidad de transformar las políticas y prácticas en torno al cannabis en la provincia y en el país.»
Un movimiento que crece y resiste desde abajo.
La creación de esta red refleja la decisión de las personas usuarias de resignarse a perder derechos conquistados, sino a reforzarlos desde la construcción comunitaria, la organización territorial y el activismo social.
La provincia de Buenos Aires, con cerca del 50% de las organizaciones del país, demuestra la fuerza y la resistencia de quienes luchan por un marco legal más justo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y los conocimientos populares.
Este movimiento autoconvocado busca modificar leyes, fortalecer la comunidad, promover el cuidado colectivo y construir una democracia más participativa y soberana en el ámbito del cannabis.
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