Días atrás, el Senado de la Nación rechazó el decreto que disuelve la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otros organismos.
A través del DNU 462/25 , el Gobierno Nacional avanzó en la disolución de estos organismos clave para la producción y regulación del cannabis y el cáñamo.
El plan de disolución de los organismos
El decreto generó un fuerte rechazo en el Congreso. La Cámara de Diputados rechazó el decreto, decisión que luego fue ratificada por el Senado al desestimar el veto presidencial.
A pesar de ello, el Gobierno Nacional, amparado en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso y la ley de ministerios -que permite la reorganización funcional de las carteras y organismos bajo su órbita-, continúa con la reasignación de tareas y la puesta en disponibilidad de empleados públicos y hasta podría judicializar la situación para avanzar con la reestructuración.
Entre los organismos afectados, la ARICCAME regulaba la industria del cannabis medicinal y el cáñamo; el INASE estaba a cargo del registro de semillas y variedades; el INTA y el INTI contribuían con investigación y desarrollo tecnológico para el sector.
La disolución y reestructuración de estas entidades generan incertidumbre sobre los registros de productores y comercios habilitados, especialmente en relación con nuevas variedades y prórrogas de permisos existentes, vigentes hasta finales de octubre.
La ARICCAME, por su parte, emitió recientemente un comunicado indicando que no debería exigirse licencia alguna para el registro de semillas frenado por INASE, lo que añade complejidad al marco regulatorio.
Paralelamente, el Ministerio de Salud estableció que todo cultivo de cannabis medicinal destinado a terceros —ya sea a través de cultivadores solidarios o de ONGs— debe realizarse con semillas debidamente registradas, una condición que, por ahora, depende del funcionamiento de INASE.
Ahora, productores y comercios del sector enfrentan una situación incierta. La eventual judicialización relativa a la disolución de los organismos podría extender la incertidumbre mientras se clarifica el alcance de las facultades del Ejecutivo.
El sector apunta a que se restablezca la normalidad en los registros y permisos, ya que tanto la investigación como la comercialización de semillas y plantines dependen de la estabilidad de estos organismos.
En paralelo, la reestructuración de personal en INASE, ARICCAME e INTA podría impactar en la continuidad de proyectos de desarrollo y asistencia técnica vinculados a la industria del cannabis.
Sin seguridad jurídica
“El escenario es cada vez más complejo y sólo agrava la precariedad y la falta de seguridad jurídica que atraviesa una industria que desde hace años espera certezas y procesos de normativización claros”, advirte Nicolás Rodríguez, asociado en el banco 1439 | Criadores de Cannabis y socio fundador de la Consultora Möebius.
El especialista recordó que, tras el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/25 por parte de ambas cámaras del Congreso, corresponde la aplicación del artículo 24° de la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes.
Esa norma establece que, frente al rechazo parlamentario de ambas cámaras el decreto queda automáticamente derogado. En los hechos, esto implicaría que organismos como la ARICCAME y el INASE deberían ser reconstituidos, dado que el Congreso no convalidó la transferencia de sus competencias.
En función de esto, el Poder ejecutivo debería sumar a la publicación del rechazo del decreto 462/25 en el Boletín Oficial, la derogación del decreto 585/25 a través del que se dio cumplimiento a la reorganización de las atribuciones de dichos organismos.
Sin embargo, la disputa podría centrarse en la interpretación de una cláusula clave de la ley, que indica que “quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
Rodríguez explicó que esa fórmula puede dar lugar a diferentes lecturas: “Se podría forzar el sentido para sostener que los efectos del decreto no se extienden en el tiempo una vez operado el rechazo de ambas cámaras, pero que la derogación no opera retroactivamente. y que lo que hizo el Ejecutivo durante la vigencia del decreto sigue teniendo efectos”.
En este sentido, la cronología de las últimas semanas podría reforzar esa hipótesis. A pesar de haber recibido el rechazo de Diputados —y conociendo el riesgo de un rechazo en el Senado—, el Poder Ejecutivo avanzó con el Decreto 585/25 para reorganizar las atribuciones en materia de cannabis.
Según Rodríguez, “todo indica que existe una clara intención de no volver al estado previo al dictado del Decreto 462/25”.
Aún más, el Gobierno podría argumentar que la reorganización de las estructuras administrativas corresponde a una atribución propia del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de lo que se denomina zona de reserva de la administración. Esa posición consolidaría la estrategia oficial de mantener los cambios a pesar de la negativa parlamentaria.
Rodríguez reconoció que desde esta perspectiva el diseño de competencias en materia de cannabis proyectado por el decreto “es técnicamente consistente, más allá de lo amañado del procedimiento”, y que el riesgo del rechazo por parte del Congreso “fue considerado desde el inicio”.
Sin embargo, advirtió que el panorama sigue abierto: “Pareciera poco probable que ARICCAME e INASE vuelvan a funcionar como lo hicieron hasta el 8 de julio” fecha en la que se publicó el decreto 462/25, ahora técnicamente derogado
La única posibilidad de frenar esa línea de acción sería que alguna persona o empresa con legitimación activa demostrara un perjuicio directo por la desaparición de alguno de los organismos, iniciara un litigio y obtuviera un fallo favorable. Aunque de todos modos, esto implicaría sin lugar a dudas una situación precaria en términos concretos.
Mientras tanto, el riesgo más grave es que se configure un escenario de indefinición: un vacío normativo o incluso un conflicto de competencias, en el que más de una dependencia se atribuya facultades sobre el mismo asunto.
“Para quienes desde hace años venimos esperando certezas y un marco regulatorio claro, la falta de seguridad jurídica y la opacidad de estos procedimientos generan un escenario cada vez más riesgoso”, cerró Rodríguez.