Tras dos años de trabajo y una ardua gestion, las organizaciones que integran el Consejo Consultivo Honorífico (CCH) de la ley Nacional 27.350 lograron que desde el REPROCANN se habilite la descarga del certificado para las ONGs orientadas al cultivo de cannabis para uso medicinal y/o de investigación.
El documento, emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, reconoce legalmente a las asociaciones cannábicas y les permite trasladar plantas y aceites sin riesgo de criminalización.
Durante años, las organizaciones cannábicas argentinas reclamaron un papel. No uno simbólico, sino aquel que las reconociera como parte legítima del entramado estatal que regula el acceso al cannabis medicinal. Ese pedido, sostenido durante más de dos años en reuniones y presentaciones ante el Programa Reprocann, finalmente se convirtió en una realidad: las asociaciones civiles ya pueden descargar su certificado desde la plataforma oficial.
El cambio fue largamente esperado. Hasta ahora, las ONGs inscriptas en el Registro carecían de una constancia oficial que acreditara su autorización. El resultado era conocido: controles arbitrarios, incautaciones y la exposición de personas que trabajan desde hace años en el acceso comunitario al cannabis.
ONGs y Reprocann: una larga espera
Desde el territorio, la sensación de alivio se mezcla con la conciencia de que el reconocimiento no llega solo. “Este certificado acredita que estamos habilitadas por el Reprocann a transportar plantas y aceites. Era uno de los objetivos más importantes de nuestra gestión dentro del Consejo Consultivo Honorario”, explica Perla, de la asociación Evolución Verde. Para las organizaciones, sostiene, contar con este documento “marca un gran paso histórico, una herramienta oficial que reafirma la legalidad y el reconocimiento de nuestra labor comunitaria”.
El logro fue el resultado de una estrategia colectiva que atravesó gobiernos y coyunturas. Desde el CCH, las asociaciones impulsaron una demanda constante para formalizar su trabajo dentro del marco estatal. “Después de casi dos años de insistencia, el Ministerio de Salud habilitó en la página del Reprocann un botón que permite descargar el certificado”, señala Karina Romanelli, integrante del Consejo. “Este reconocimiento no fue una concesión, sino el fruto de la presión sostenida del movimiento cannábico organizado.”
La medida llega en un contexto donde, a pesar de los avances normativos, la persecución no cesa. En distintas provincias, las fuerzas de seguridad siguen actuando bajo el viejo paradigma punitivo. De ahí la importancia de un documento que funcione como resguardo. “Frente a las fuerzas de seguridad, ahora podemos demostrar que el Ministerio de Salud nos autoriza a transportar nuestras plantas, productos elaborados e inflorescencias sin que eso implique una amenaza o un delito. Es una herramienta concreta de protección institucional.”
Desde Madres Cultivadoras Argentinas, la mirada se posa en la legitimidad ganada. “Las organizaciones fuimos las que garantizamos el acceso a la salud cuando el Estado no llegaba. Que hoy se nos reconozca formalmente es valorar una tarea responsable y solidaria que sostenemos hace años, muchas veces en contextos adversos y con leyes que todavía nos ponen en riesgo”, plantea Claudia Pérez. En esa línea, destaca que el certificado no solo aporta tranquilidad jurídica, sino que “legitima una práctica que siempre fue sanitaria, solidaria y comunitaria.”
¿En qué situación se encuentran las ONGs en el Reprocann?
Aun así, las asociaciones advierten que quedan desafíos pendientes. El sistema todavía no refleja la cantidad real de usuarios vinculados, ni contempla el traslado de materia vegetal en los volúmenes necesarios. “Falta que se incorpore la posibilidad de transportar hasta 40 gramos de materia vegetal por cada usuario vinculado y que se actualice la información de las ONG dentro del sistema”, apunta Romanelli. Cada omisión, señala, impacta en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones.
La abogada Laura Rodríguez Caldentey, asesora legal de Cultivo Mi Medicina y CAME Río Negro y Neuquén, acompañó el proceso desde sus primeros reclamos. “El pedido por un certificado específico surgió porque las asociaciones civiles inscriptas en el Reprocann no contaban con ninguna constancia oficial que acreditara su autorización. Figuraban registradas, pero sin un documento descargable que pudiera presentarse ante fuerzas de seguridad, autoridades sanitarias o judiciales”, explica. Esa ausencia, agrega, “generaba situaciones de vulnerabilidad y exposición tanto para las ONG como para las personas que las integran.”
El reconocimiento, alcanzado tras dos años de trabajo sostenido, tiene un valor que trasciende lo administrativo. “Se logró en un contexto político adverso, marcado por políticas de seguridad que criminalizan prácticas vinculadas al cannabis y desatienden su dimensión sanitaria y de derechos. Este certificado representa un logro colectivo que reafirma el enfoque de salud pública, derechos humanos y comunidad, frente a políticas regresivas que buscan reinstalar un paradigma punitivo.”
Desde su mirada jurídica, Rodríguez Caldentey considera que el documento “garantiza seguridad jurídica, reconocimiento institucional y visibilidad pública a la labor solidaria, sanitaria y comunitaria que las asociaciones vienen desarrollando desde hace años.” También subraya que “es fundamental defender los derechos consagrados por la Ley 27.350 y garantizar que las políticas públicas sobre cannabis sigan construyéndose con participación activa de las organizaciones civiles, porque son ellas las que sostienen el acceso en los territorios.”
El certificado del Reprocann no solo simboliza el reconocimiento estatal: representa un respaldo concreto para quienes, desde hace años, sostienen el acceso al cannabis medicinal con trabajo, cuidado y convicción. Un documento que, más que un papel, legaliza una historia colectiva.