La ciudad de Kalamazoo, Michigan, decidió cambiar la manera en que utiliza parte del dinero generado por la industria legal de la marihuana. La City Commission aprobó por unanimidad una modificación de su política de equidad social que incorpora explícitamente los talleres de eliminación de antecedentes penales entre las prioridades para utilizar esos recursos.
La decisión fue tomada en agosto de 2026, cuando los siete miembros de la comisión votaron a favor de modificar la Marihuana Social Equity Policy. La ciudad señala oficialmente que el objetivo de la reforma es mejorar el impacto comunitario de la política y abordar algunas de las limitaciones que se hicieron evidentes desde su implementación.
El cambio tiene una particularidad: el dinero generado por el mercado legal de cannabis será utilizado también para ayudar a reparar algunas de las consecuencias que dejó la época de prohibición de la marihuana.
Del negocio de cannabis a la reparación de las consecuencias de la prohibición
Kalamazoo creó su política de equidad social en 2020, cuando comenzó a establecer su marco regulatorio para la industria de cannabis para adultos.
La política original tenía un objetivo bastante definido: facilitar que personas y comunidades que habían sido afectadas de manera desproporcionada por la prohibición pudieran participar en la nueva industria legal.
La normativa contempla, por ejemplo, reducciones en las tasas de permisos para determinados propietarios que viven en zonas históricamente afectadas por la prohibición o que tienen antecedentes relacionados con la marihuana. Entre las áreas identificadas por la ciudad están sectores de Northside, Eastside y Edison.
La ciudad también buscaba utilizar los recursos derivados de la industria para generar beneficios más amplios para esas comunidades. Pero seis años de experiencia llevaron a los funcionarios a replantearse el modelo.
El problema: el programa no logró crear negocios sostenibles
Según funcionarios municipales citados en la cobertura de la decisión, ningún negocio de cannabis que calificara como beneficiario de la política de equidad social consiguió abrir y permanecer operando en Kalamazoo durante los seis años de vigencia del programa.
Ese dato resulta particularmente importante porque la creación y sostenimiento de negocios pertenecientes a personas afectadas por la prohibición era uno de los objetivos centrales de la política original.
En julio, antes de la votación definitiva, funcionarios municipales ya habían presentado a la comisión los problemas que había encontrado el programa y la necesidad de modificarlo. Entre las cuestiones discutidas estuvieron el acceso al capital, la propiedad de negocios y viviendas, la creación de patrimonio y las oportunidades económicas a largo plazo.
La discusión también planteó una cuestión más amplia: si el objetivo de la equidad social es reparar los efectos de la prohibición, esa reparación no necesariamente tiene que producirse exclusivamente dentro de la industria del cannabis.
Una política que ahora mira más allá del cannabis
La modificación busca ampliar el alcance de la política hacia iniciativas de construcción de riqueza y desarrollo económico en comunidades históricamente afectadas.
En una reunión previa, los funcionarios municipales hablaron específicamente de ampliar la política más allá de la industria del cannabis y de crear herramientas que permitan mejorar el acceso al capital, conservar y hacer crecer negocios y generar patrimonio que pueda transmitirse a las siguientes generaciones.
La propia ciudad ya describe su programa de equidad como una herramienta destinada a garantizar que la industria incluya e invierta en personas que históricamente fueron afectadas por la prohibición. Actualmente, los negocios de cannabis de Kalamazoo también participan en el programa estatal de Social Equity All-Star Program.
Pero la nueva política agrega otra dimensión: ayudar a las personas a superar las consecuencias legales que todavía pueden arrastrar por delitos cometidos durante la época de prohibición.
¿Qué es un expungement?
En Estados Unidos, expungement se utiliza para referirse a determinados procedimientos destinados a eliminar o sellar antecedentes penales que reúnen los requisitos establecidos por la legislación.
En el contexto de la marihuana, esto puede ser particularmente relevante para personas que tienen antecedentes por conductas que actualmente son legales o que fueron objeto de reformas posteriores.
Michigan aprobó en 2020 su legislación conocida como Clean Slate, que amplió las posibilidades de eliminación automática o solicitada de determinados antecedentes. La existencia de un antecedente, sin embargo, puede seguir representando una barrera para acceder a determinados empleos, licencias, vivienda u oportunidades económicas, por lo que los talleres de asistencia pueden ayudar a las personas a determinar si cumplen los requisitos y a iniciar el procedimiento correspondiente.
Por eso, incorporar talleres de expungement a la política de equidad no es simplemente una cuestión administrativa: significa utilizar recursos provenientes del mercado legal para eliminar algunas de las barreras que dejó el mercado ilegal y la aplicación de las antiguas leyes de drogas.
La ciudad ya había detectado una necesidad concreta
La decisión también tiene un antecedente local.
En 2025, una feria de eliminación de antecedentes realizada en el área de Kalamazoo evaluó a 286 personas para determinar si podían acceder a un expungement, y 119 recibieron asistencia para comenzar el proceso. El evento fue organizado por Safe & Just Michigan junto con Lume y formó parte de una serie de iniciativas de este tipo desarrolladas en el estado.
Eso ayuda a entender por qué los talleres ahora aparecen expresamente dentro de la política municipal: existe una demanda concreta de asistencia para personas que podrían ser elegibles para eliminar antecedentes.
¿Cuánto dinero está en juego?
La política de equidad social se financia con una parte de los ingresos vinculados al mercado de marihuana.
Según funcionarios municipales citados por Public Media Network, el programa ha recibido el 25% de los ingresos provenientes de las tasas municipales de permisos para negocios de marihuana y de las distribuciones del impuesto estatal a la marihuana, con una financiación que históricamente se ubicó aproximadamente entre US$280.000 y US$350.000 anuales.
La política municipal confirma que el programa utiliza los ingresos derivados de la actividad de la marihuana para financiar iniciativas destinadas a beneficiar a la comunidad. La versión anterior de la normativa establecía, entre otros objetivos, reducir las barreras de entrada a la industria y financiar actividades de impacto comunitario.
“Cambiar el rumbo”
La reforma representa, en definitiva, un reconocimiento de que la estrategia original no produjo todos los resultados esperados.
El comisionado Chris Praedel describió el cambio como una oportunidad para “cambiar el rumbo” y adaptar la política a lo que la ciudad aprendió desde su creación en 2020.
La comisionada Jae Slaby, por su parte, defendió que los talleres de expungement aparecieran expresamente en el texto de la política y no quedaran simplemente como una intención que futuras administraciones pudieran interpretar de otra manera.
La modificación fue finalmente aprobada 7-0.
Del impuesto a la marihuana a una política de reparación
La decisión de Kalamazoo plantea una cuestión que va mucho más allá de una modificación presupuestaria.
Cuando Michigan legalizó la marihuana para adultos, comenzó a generarse una nueva fuente de ingresos públicos alrededor de una actividad que durante décadas había sido perseguida penalmente.
Ahora, Kalamazoo está utilizando parte de ese dinero para abordar las consecuencias que dejó precisamente aquella prohibición.
El cambio también reconoce una realidad: no todas las personas afectadas por la prohibición van a convertirse en propietarios de un negocio de cannabis.
Para algunas, una oportunidad de reparación puede ser conseguir capital para un negocio. Para otras, puede ser acceder a una vivienda, desarrollar patrimonio, recibir capacitación o conseguir ayuda para eliminar un antecedente que todavía limita sus oportunidades.
En ese sentido, la reforma de Kalamazoo supone un cambio de enfoque: la equidad social deja de estar vinculada exclusivamente a quién consigue entrar al mercado legal de cannabis y pasa a preguntarse qué beneficios concretos puede generar ese mercado para las comunidades que cargaron con los costos de la prohibición.
Y entre esos beneficios, a partir de ahora, estará explícitamente la posibilidad de ayudar a las personas a dejar atrás determinados antecedentes relacionados con aquella etapa.