Los permisos otorgados por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para trabajar con cannabis en Argentina están próximos a vencer y el sector atraviesa un momento de fuerte incertidumbre.
Las habilitaciones que permiten producir, investigar o comercializar semillas de Cannabis sativa L. dentro del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) tenían vigencia hasta el 31 de marzo de 2025, plazo que fue extendido 60 días más, hasta el 31 de mayo.
Si para esa fecha no se establece una solución regulatoria, criaderos, viveros, comercios y proyectos de investigación vinculados al cannabis podrían quedar sin la habilitación necesaria para operar dentro del sistema legal.
La situación responde a una definición administrativa adoptada por el propio INASE: el organismo decidió suspender nuevas inscripciones y renovaciones vinculadas al cannabis hasta que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) defina cómo se articulará el régimen de semillas con el marco regulatorio de la industria.
En otras palabras, el organismo encargado del registro de semillas considera que ya cumplió con su parte y ahora aguarda una definición del ente regulador de la industria.
Un plazo que se acerca sin definiciones
Mientras esa definición no llega, los permisos existentes continúan vigentes únicamente dentro del plazo extraordinario que el INASE otorgó para evitar un corte abrupto del sistema.
Sin embargo, el registro permanece bloqueado para nuevas inscripciones o renovaciones vinculadas al cannabis y al cáñamo.
El problema es evidente: cuando venza la prórroga, cientos de operadores que trabajan dentro del circuito formal podrían quedar en una situación administrativa incierta y cara a cara con la ley penal.
La advertencia de organizaciones y criadores
Ante este escenario, organizaciones del sector difundieron una carta titulada “Defendamos la soberanía de las semillas”, firmada por integrantes del Consejo Consultivo Honorario del Programa Nacional de Cannabis Medicinal.
En el documento advierten que el vencimiento de las habilitaciones sin una solución normativa generaría un “vacío legal y operativo sin precedentes” para quienes trabajan con cannabis dentro del sistema formal.
Según señalaron, la situación podría afectar:
- el desarrollo de genética nacional
- proyectos de investigación y fitomejoramiento
- la trazabilidad de las variedades registradas
- la continuidad de emprendimientos productivos
- puestos de trabajo técnicos vinculados al sector
Además, advirtieron que una paralización del circuito formal podría reactivar los mercados informales de semillas.
El rol del INASE en la cadena productiva
El registro administrado por el INASE es el mecanismo que permite ordenar la circulación legal de semillas en Argentina.
Dentro de ese sistema se inscriben los distintos actores que participan en la cadena productiva del cannabis:
- Criaderos, dedicados al desarrollo de nuevas variedades
- Introductores, que incorporan germoplasma del exterior
- Identificadores, responsables de producir y rotular semillas
- Comerciantes expendedores, que venden semillas producidas por terceros
- Productores bajo condiciones controladas, que multiplican semillas mediante técnicas de laboratorio
- Viveros identificadores, dedicados a producir plantines o esquejes de variedades registradas
Este sistema es clave para garantizar trazabilidad genética, calidad del material vegetal y formalización del mercado.
Un requisito difícil de cumplir sin registros activos
Las organizaciones y empresas del sector también señalan una contradicción regulatoria: según una resolución del Ministerio de Salud de la Nación se exige declarar genéticas registradas para poder desarrollar actividades vinculadas a a proveer cannabis medicinal a terceros. Tal es el caso de las ONGs.
Sin embargo, si el registro permanece bloqueado, registrar o renovar variedades se vuelve imposible. Cultivarlas y ampliar el abanico terapéutico es directamente inviable.
Esto genera una situación paradójica: el Estado exige trazabilidad genética, pero el sistema que permite garantizarla permanece detenido.
El tamaño del sector afectado
El impacto potencial del problema alcanza a una parte significativa del ecosistema regulado del cannabis en Argentina.
Según datos presentados ante el Congreso, actualmente existen:
- 635 criaderos dedicados al fitomejoramiento
- 597 comercios expendedores vinculados al cultivo
- 92 viveros registrados
- 79 proyectos de producción bajo condiciones controladas autorizados por el Ministerio de Salud
- 220 expedientes en trámite para registrar nuevas variedades de cannabis
Todos dependen del funcionamiento del registro de semillas del INASE para continuar operando dentro del marco legal.
La definición que espera el sector
El trasfondo del conflicto está en la relación entre dos organismos del Estado.
El INASE mantiene el control del sistema de semillas, pero la regulación general de la industria del cannabis y del cáñamo quedó bajo la órbita de la ARICCAME, creada por la Ley 27.669.
Por eso, el INASE decidió suspender temporalmente los registros hasta que exista una definición clara sobre cómo se articularán ambos sistemas regulatorios. Por su parte, ARICCAME manifestó que toda autorización vinculada a semillas es competencia de INASE.
Mientras tanto, el reloj corre.
Y si la respuesta no llega antes del vencimiento de las habilitaciones, una parte importante del ecosistema legal del cannabis argentino podría quedar atrapada en un limbo administrativo con consecuencias penales y la pérdida de derechos de cientos de miles de usuarios.