“Fracasado”, “insostenible”, “ineficaz”. Esas son las palabras elegidas por la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires para calificar las políticas de drogas en territorio bonaerense.
“Varios miles de detenidos en las comisarías bonaerenses: una realidad que deberá revertirse”. Así se titula la declaración que firmó días atrás un conjunto de magistrados.
Los jueces no dudan que uno de los principales motivos de hacinamiento carcelario es la fallida política de drogas que se lleva adelante en la provincia más poblada del país.
En total, se calcula que más del 10% de las personas encarceladas en territorio bonaerense fueron detenidas por alguna infracción a la ley de drogas.
Fracaso y saturación
En 2005 se sancionó la llamada Ley de desfederalización. Desde entonces, la competencia sobre delitos menores tipificados en la Ley de Drogas nacional pasaron a manos de juzgados y fuerzas de seguridad provinciales.
Eso generó un aumento exponencial en causas a usuarios y usuarias en toda la provincia, además de focalizar la antención en pequeños vendedores. El resultado: una lluvia de causas a personas inocentes y una pésima política criminal que no atacó los problemas de fondo.
Según el informe más de un 65 % de las causas iniciadas en terrirorio bonaerense es por “microtráfico”, y más del 33% es a usuarios y usuarias
En la justicia penal se produjo una saturación, aseguran los magistrados. De hecho, detallan que sólo durante el año 2018, “se iniciaron más de 60 mil investigaciones penales preparatorias”.
El análisis de los datos es contundente: “De ellas, más de un 65 % resultó por delitos de microtráfico de estupefacientes, y más del 33% estaba referida a simples tenencias o tenencias para consumo personal”.
Justicia colapsada
Esta política de persecución que los jueces no dudan en calificar de “fracasada”, generó no sólo penales y comisarías sobrepobladas, sino también una Justicia colapsada.
Según el comunicado, las consecuencias más visibles son: un enorme e improductivo caudal de trabajo, un aumento desproporcionado de audiencias orales y gastos, y una sobrecarga de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal.
Esta política despilfarra recursos que “debieran invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas”, afirman los jueces
“Esto utiliza una porción importante de los recursos del sistema que debieran invertirse en tratamientos útiles para mejorar las posibilidades de reintegración social de las personas detenidas por delitos de exclusiva competencia provincial”, asegura la declaración.
Para los magistrados, la solución depende de un cambio radical de prioridades. Ante todo, dejar de centrar todos los recursos en perseguir usuarios y micro vendedores, para apuntar a las grandes estructuras criminales.