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La Defensoría del Pueblo pide un “modelo de seguridad que no persiga a usuarios y cannabicultores”

En medio de una oleada de allanamientos y detenciones que atraviesa Argentina, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires lanzaron una solicitada que invita a un debate serio respecto a cómo se piensan las intervenciones y operativos policiales. Además pide que se trabaje en “un modelo de seguridad que no persiga a usuarios y cannabicultores”.

El documento lleva la firma del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y al que adhieren varios frentes cannábicos del país, remarca que la tenencia debe quedar por fuera de la “persecución penal” y que resulta “indispensable” quitar al cannabis, el autocultivo, su utilización con carácter terapéutico, y a las/os usuarias/os y cannabicultores/as, del abordaje criminal”.

También destaca del proyecto que presentó el gobernador Axel Kiciloff y para crear la Agencia Provincial del Cannabis constituye un punto de inflexión.

Esto dice el documento oficial:

“El abordaje estatal en materia de seguridad y narcocriminalidad nos debe llevar a un debate serio respecto a cómo pensamos las intervenciones y operativos policiales. Resulta indispensable fijar un horizonte en torno a qué se persigue, cómo se lo hace, y cuáles son las metas a alcanzar.

A pesar del dictado de la ley 27.350 y reciente reglamentación mediante el decreto 2020-883-APN-PTE, el cannabis se mantiene en la ilegalidad y a sus usuarios en un riesgo cierto de criminalización, persecución y en caso de consumo con fines terapéuticos, en un agravamiento de la situación de salud.

El sistema persecutorio del cannabis y sus usuarios se sigue sosteniendo, incluso avizorándose un horizonte esperanzador que pueda cambiar dicho paradigma. Nuestro Organismo entiende que la tenencia sin pruebas de comercio ilícito debe quedar por fuera de la persecución penal. Y el consumo debe ser abordado desde la mirada de la salud pública. Resulta indispensable quitar al cannabis, el autocultivo, su utilización con carácter terapéutico, y a las/os usuarias/os y cannabicultores/as, del abordaje criminal.

“El movimiento cannábico nos ha invitado a reflexionar con profundidad respecto al alcance del derecho a la salud”, asegura el documento oficial del organismo bonearense. 


La decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de crear la Agencia Provincial del Cannabis (proyecto de Ley PE-12/20-21), constituye un punto de inflexión, al contemplar muchos de los aspectos relacionados con la temática, y promover la investigación, producción, distribución, así como la creación de un Registro Provincial del Cannabis que brindará un marco legal a las/os usuarias/os que pretendan acceder a su cultivo y utilización.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, venimos trabajando desde hace tiempo junto con las diferentes asociaciones de usuarios de cannabis y con muchos Defensores Públicos en la defensa de los derechos de aquellos que son perseguidos por el sistema penal. Por ello, ante esta situación, entendemos que debemos seguir trabajando en este sentido, para lograr un modelo de seguridad que no persiga a cannabicultores/as, a quienes ponen en común sus conocimientos a través de redes sociales, quienes comparten las semillas, y/o producen aceite o derivados con fines terapéuticos.

Desde hace ya mucho tiempo, el movimiento cannábico nos ha invitado a reflexionar con profundidad respecto al alcance del derecho a la salud, al proponernos una comprensión en la que la dignidad y la erradicación del sufrimiento, son premisas centrales en la vida de toda persona, por eso debemos seguir trabajando en implementar políticas públicas que eviten la criminalización de quienes necesitan del cannabis para mejorar su calidad de vida”.

El documento de la Defensoría del Pueblo también cuenta con la adhesión de Mario Coraliano, Defensor de Casación Penal; Paula Litvachky, Directora Ejecutiva de Cels; Dr. Norberto Liwski, presidente de CODESEDH; Mario Tufró de Cels; la senadora provincial María Reigada; y la diputada Roxana López del Bloque Frente de Todos, HCD Pcia de Buenos Aires.

Además cuenta con el apoyo de varios frentes del cannabis de la Argentina y organizaciones civiles: FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), Acuerdo por la Regulación Legal, Campaña Cannabis al Congreso, Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses, Asociación Pensamiento Penal, AMMAR – Sindicato de Trabajadorxs sexuales de Argentina, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), y H.I.J.O.S. Zona Oeste.

Podés leer el documento oficial acá.


Informe: Anuar Peche.