El video es tan explícito que asusta: un policía bonaerense pesa en una balanza electrónica una tuca. El video es parte de una puesta en escena al que el uniformado sacará una foto, la que algún superior ordenará enviar a la prensa y que en las actas constará como parte del combate contra el narcotráfico.
El último caso sucedió en la rotonda de Crotto, en la intersección de las rutas 63 y 11, en el partido bonaerense de Dolores. Días atrás, la policía realizaba allí un control vehícular y detuvo a Santiago Arceri, un abogado de 27 años, que viajaba junto a un familiar y dos amigas a su Villa Gesell natal.
Se trataba de un operativo de rutina en los caminos, pero los oficiales decidieron hacer una requisa sin fundamentos legales y, tras varios intentos, encontraron una vieja “tuca” y justificar la puesta en marcha de todo un aparato administrativo.
El video muestra cuando la tuca es pesada en el Destacamento Policial de Dolores. El resultado: 0,4 gramos. Para la policía resultó prueba suficiente para labrar un acta por la tenencia de drogas ilícitas y tener demorado a Arcieri y sus acompañantes por más de tres horas. Y nada descarta el inicio de una causa.
Bastó una tuca de 0,4 para detener a 4 personas, demorarlas por más de tres horas en el Destacamento Policial de Dolores. Y nada descarta que el acta iniciada no derive en una causa penal
“Cuando nos paran, le doy toda la documentación del auto y nos preguntan si teníamos ‘algo que nos comprometiera’. Yo estaba convencido que no. Me faltaba la aprobación del trámite en el Reprocann, que estaba en trámite, y no quise arriesgarme en la ruta”, le cuenta Arceri a THC.
Sin embargo, los uniformados estaban decidido en avanzar con la requisa. “La policía nos dijo que había mucho olor a marihuana en el auto y empezaron a revisarnos todo”, detalla Arceri, que es abogado e integrante del colectivo de especialistas en derecho penal Arriola Bajo el Brazo.
Luego de la búsqueda, la policía encuentra la pequeña tuca. “Esto ya es suficiente para el acta”, le dijeron a Arceri y sus acompañantes. El joven abogado reconció de inmediato que se trata de su cannabis, pero eso no alcanzó.
Además, Arceri había comenzado sus trámites para quedar inscripto en el REPROCANN, pero al momento del control policial el proceso estaba incompleto.
Se lo mencionó a los uniformados que desconocían a existencia del registro que permite el cultivo personal y solidario de cannabis con fines medicinales. Casi como una ironía de destino, Arceri pudo obtener la credencial del REPROCANN al día siguiente del desagradable momento del operativo.
La vida después de un acta
Según los diferentes tratados de Derechos Humanos que firmó el Estado argentino y los manuales de procedimiento, las fuerzas policiales solo pueden requisar un auto -al igual que una propiedad- si cuentan con el aval de un funcionario judicial para realizarlo.
En este caso, no contaban con la orden de un fiscal ni un juez. Pero la policía es hábil en el uso de su fuerza y atropello para cometer abusos, por lo cual llevaron adelante la inspección completa del vehículo. Y el que busca, encuentra.
En 2020, el Estado nacional fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al permitir prácticas policiales como las que llevaron adelante con Arceri.
El hecho jurídico se lo conoce como Fallo Fernández Prietto y Tumbeiro, quienes fue detenido por la policía bonaerense y federal en 1992 y 1998, respectivamente, de forma racial y discriminatoria por su apariencia física y por su vestimenta.
“Yo venía relajado, en viaje. Uso gorrita y capucha. Mi apariencia física es la del anti-abogado”, detalla Arceri, quien considera que “el olfato policial” se debió a que se trataban de cuatro jóvenes que viajaban en un auto rumbo a la Costa argentina.
“En el destacamento me tomaron los datos y corroboraron mi domicilio con un testigo. Luego, pesaron la tuca. Nos largan cuando firmo el acta, después de tres horas desperdiciadas”, dice Arceri.
Según el acta del procedimiento al que tuvo acceso THC, dice que “con el fin de inspeccionar espacios de carga, acorde a lo normado en el artículo 294 inciso 5to párrafo 2do. Del C.P.P. Por lo que se procedió a ambos si llevan algo que los comprometiera y manifiestan que NO, se procede a requisar dicho vehículo, quienes también se oponen que se realice dicha requisa, en lo que proceden a sustraer del apoya brazos lado acompañante un cigarrillo armado casero semicombustionado de una sustancia (de color verde pardusca de fuerte olor nauseabundo similar a de marihuana) se procede a la incautación y puesto a resguardo, manifiesta que es de uso medicinal que no posee certificado porque está en trámite”.
En la requisa, detalla el acta “proceden a sustraer del apoya brazos lado acompañante un cigarrillo armado casero semicombustionado de una sustancia (de color verde pardusca de fuerte olor nauseabundo similar a de marihuana) se procede a la incautación y puesto a resguardo”
“En la oficina de guardia se provino a llevar a cabo el pesaje de la sustancia incautada, utilizando para ello una balanza digital electrónica marca pocket scale con capacidad de 0.01 g/ 100 g y donde arrojo el pesaje, un guarismo total de 0,4 gramos, se procedió a ensobrar la sustancia incautada”, continúa el acta que se encuentra a disposición de la fiscal a cargo, Silvia Apellaniz. El acta se refiere a la incautación de la sustancia por el “delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal”
Se trata de una práctica policial que, además de violentar la privacidad de las personas, no tiene ningpun sentido en términos de política criminal. La causa que se le pueda iniciar a Arceri tiene grandes posibilidades de terminar en la nada. Muchos funcionarios de la Justicia a ver un acta como la que labró la policía, deciden no continuar con ningún proceso.
Esto se debe al criterio establecido por el fallo Arriola de 2009, en el que la Corte Suprema de Justicia declaró que es inconstitucional penar a tenencia de drogas cuando son para consumo personal. Sin embargo, el fallo no modificó la ley de drogas y su aplicación, cada vez más extendida en la Justicia, no es obligatoria.
En ese sentido, Arceri podría ser citado a declarar. Incluso, si se aplicase a rajatabla la ley de drogas en vigencia, la Justicia podría avanzar en un proceso legal y obligarlo a demostrarle al Estado que ese cannabis era para su consumo y, recién en ese momento, aplicar el fallo Arriola.
La legalidad dudosa de la requisa
Según los hechos, explicado incluso en el acta policial, no había ningún motivo para requisar el auto. La normativa que se cita en el documento (el artículo 294) no habilita a la policía a avanzar indiscriminadamente con una requisa: sólo cuando la situación genere una peligro potencial para la Seguridad Pública.
Con una condena que ya pesa sobre el Estado argentino por este tipo de procedimientos, aún no se han actualizado los protocolos policiales, especificando sus alcances de actuación.
El Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de una requisa injustificada hace más de 20 años. No hubo ninguna decisión política para cambiar por procedimientos policiales
Ante esta falta de respuesta política, las fuerzas de seguridad argentinas siguen actuando tal cual lo hacían al ser condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de veinte años.
Según cuentan desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, planean en este año generar una actualización del protocolo de intervención policial.
en principio, semanas atrás se difundió una circular interna del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para informar a los policías bonaerenses sobre la nueva regulación del cannabis para fines medicinales con el fin de que frenen los allanamientos y detenciones a las personas inscriptas en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).