En la actualidad, Argentina cuenta con un sistema de regulación parcial. Se permite el autocultivo, cultivo solidario y se espera que se habilite el cultivo colectivo, exclusivamente con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.
En este nuevo contexto, una de los principales problemas es la falta de formación tanto de profesionales de la salud, como de las fuerzas de seguridad. Y nuevamente son las organizaciones civiles, las que comienzan a impulsar espacios para garantizar derechos.
Mientras que en Entre Ríos se realizará una formación colectiva para que médicos y médicas tengan las herramientas para avanzar en la prescripción de cannabis, en Córdoba buscan concientizar a las fuerzas de seguridad para que se informen y se eviten detenciones personas que usan y cultivan cannabis para su salud.
Escenario con grises
El mecanismo para cultivar y transportar flores y extractos legalmente es mediante la inscripción al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) del Ministerio de Salud de la Nación.
Se trata de un avance significativo en uno de los países de la región más atrasados en su legislación sobre el cannabis. Sin embargo, el camino por recorrer hacia una regulación integral ya presenta sus desafíos.
Por un lado, ha habido personas que, a pesar que cuentan con la credencial del Reprocann, han sido demoradas o detenidas por la tenencia de cannabis o no pudieron evitar allanamientos en sus domicilios nacidos de las clásicas denuncias anónimas.
Eso demuestra la necesidad de una urgente intervención de las autoridades civiles para capacitar a los uniformados, algo que ha tenido ciertos avances a nivel federal, aunque se esté aún muy lejos de tener protocolos claros para las fuerzas.
Por otro lado, existen más de 11 mil trámites de inscripción en el registro que están demorados porque los usuarios y usuarias no pueden acceder a una prescripción médica, un requisito indispensable para obtener la certificación.
Una de las principales razones es la falta de profesionales de la salud inscriptos en el sistema oficial, lo que también es condición necesaria para validar los trámites de los y las pacientes que tengan bajo su responsabilidad.
“La ilegalización de ciertas sustancias reproduce y profundiza las desigualdades sociales, afectando en este caso a quienes buscan en la planta y sus derivados una mejor calidad de vida”, asegura Cecilia Díaz, doctora en Antropología e investigadora del Conicet, que también forma parte de la campaña cordobesa.
Todo esto se da en los derechos abiertos por la ley de cannabis nacional de cannabis medicinal y su reglamentación. Sin embargo, la prohibición del cultivo y la tenencia de cannabis siguen vigentes, generando confusiones con consecuencias claras: detenciones, allanamientos y causas judiciales.
Entre Ríos educa a los profesionales de la salud
En la provincia litoral de Entre Ríos, la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs (APAC) buscan interpelar a los profesionales de la salud que trabajen con cannabis medicinal a que se sumen a un espacio de interconsultas y, entre los mismos trabajadores médicos, se puedan tanto evacuar dudas como derivar pacientes.
Para aquellos profesionales de la salud que deseen sumarse a la campaña deben ingresar al siguiente link. Al cierre de este artículo, ya se había inscripto personal de farmacéutica, psicología y cardiología, entre otros.
“En Entre Ríos hay una demanda muy creciente en los últimos meses. La gente busca profesionales de la salud que indiquen terapia con cannabis y que los acompañe en el tratamiento. Pero se encuentran que ningún médico les da cabida sobre el tema”, le cuenta a THC Guillermina Ferraris, integrante de APAC, sobre una situación que se disparó por la implementación del Reprocann y la aprobación de accesibilidad al cannabis en la provincia.
“Hay un problemón a resolver: en la mayoría de las facultades de medicina no se estudio el sistema endocannabinoide”, dice Ferraris.
“Buscamos un espacio para empezar la discusión. Queremos que termine en una mesa de diálogo para ir pautando la instrucción de las fuerzas de seguridad en la aplicación de la ley y el respeto de los derechos adquiridos para los usuarios de cannabis medicinal”, cuenta Sergio Moyano, uno de los activistas impulsores de la campaña a las fuerzas de seguridad cordobesas.
“Además, el artículo 9 de la ley de drogas vigente pena a quienes prescriban estupefacientes que estén prohibidos”, apunta Ferraris. “Hay mucha confusión, respecto al derecho a indicar terapia con cannabis que es lo que habilita el Reprocann y la ley de Entre Ríos”, detalla.
Por eso, el grupo de formación que buscan crear entre los profesionales de la salud y pacientes que deseen incorporar la terapia con cannabis pretende ser un primer paso para resolver la falta de información que existe en la actualidad, tanto a nivel legal como en lo que respecta la práctica médica.
“La Fundación Científica Litoral hizo una encuesta que cuenta que del 30% de personas que contó con una indicación médica para el uso del cannabis, el 100% tuvo resultados eficientes. Pero los que no obtuvieron recomendaciones médicas, el 21% dijo no tener buenos resultados. Esto demuestra la diferencia de contar con un acompañamiento profesional en un tratamiento”, apunta Ferraris.
Córdoba contra el abuso policial
Por su parte, el activismo cordobés viene alertando con preocupación que, a pesar de la existencia del Reprocann, continúan repitiéndose los casos de policías que demoran o detienen a usuarios de cannabis que cuentan con su credencial del registro.
Por eso, comienza una campaña de información y concientización sobre la Ley de Cannabis Medicinal y el Reprocann orientada a la capacitación de las fuerzas de seguridad provincial.
Esta acción, que será presentada presencial y virtualmente en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, a las 19 de hoy, es impulsado por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Córdoba (FOCC).
“La campaña consistirá en la entrega de un documento firmado por todas las organizaciones a las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, en donde se transcribe la Ley de Cannabis Medicinal, los decretos reglamentarios, las resoluciones ministeriales y la adhesión de Córdoba, para comprometer al Estado a generar audiencias con las organizaciones”, le cuenta a THC Nadia Podsiadlo, abogada penalista y parte del FOCC.
Por su parte, Sergio Moyano, quien también es parte del FOCC, apunta que el objetivo es genrar un espacio para empezar la discusión. “Queremos que termine en una mesa de diálogo para ir pautando la instrucción de las fuerzas de seguridad en la aplicación de la ley y el respeto de los derechos adquiridos para los usuarios de cannabis medicinal”, detalla Moyano.
“Hay un problemón a resolver: en la mayoría de las facultades de medicina no está reflejado el sistema endocannabinoide”, asegura Guillermina Ferraris, integrante de la Agrupación Paranaense de Agricultorxs Cannábicxs.
“El principal problema es que la policía no está instruida para este nuevo orden de derecho donde hay personas cultivando y procesando una sustancia que tiene una penalización muy fuerte por la ley de drogas. Si no hay diálogo, no va a existir un avance en la aplicación de la ley”, asegura Moyano, quien busca accionar junto a los funcionarios provinciales un plan de capacitación a las fuerzas de seguridad en el que las organizaciones cannábicas estén presentes.
Y dónde está el Estado
Tanto Ferraris, Moyano y Podsiadlo coinciden en la falta de acompañamiento por parte de los estados provinciales y nacional.
“Las herramientas con las que contamos son las calles mismas y las acciones del activismo, lamentable la persecución a cultivadores sigue, son quienes terminan detenidos o procesados”, dice Podsiadlo, coautora del proyecto de adhesión de Córdoba a la Ley de Cannabis Medicinal.
“Es necesario que se abra la discusión política en torno a la actual ley de drogas, ya que la ilegalización de ciertas sustancias reproduce y profundiza las desigualdades sociales, afectando en este caso a quienes buscan en la planta y sus derivados una mejor calidad de vida”, concluye Cecilia Díaz, doctora en Antropología e investigadora del Conicet, que también forma parte de la campaña cordobesa.